La jueza del 'caso Hiriko' aprecia fraude en las subvenciones
La jueza del caso Hiriko, que investiga los posibles delitos de malversación de fondos públicos y fraude a la Administración apuntados por la Fiscalía en su querella en el proyecto del coche eléctrico impulsado por el Gobierno vasco, ha admitido la querella presentada por el fiscal al apreciar de manera indiciaria la existencia que “parece evidente” de “un fraude de subvenciones”. La jueza de Vitoria, que recrimina al fiscal Josu Izaguirre por haber definido con tanta rotundidad los delitos en su querella, abre causa por un posible delito de “malversación” en su interpretación más amplia, sin perjuicio “de lo que pueda deparar la instrucción de la causa”, y por los otros cuatro delitos incluidos en la querella.Considera “insostenible que los hechos descrito en la querella puedan encardinarse en un delito de fraude a la Administración” y apunta que “ni la más imaginativa de las ingenierías jurídicas permite la interpretación que del tipo efectúa” el fiscal Josu Izaguirre. “Sea como fuere se acepta la calificación e interpretación amplia que del delito de malversación efectúa el Ministerio fiscal sin perjuicio de lo que pueda deparar la instrucción de la causa y solo en la medida en la que entiendo esta admisión contribuye a posibilitar a los imputados un mejor ejercicio de su derecho a la defensa”.
Por todo ello la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Román, ordena el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto del delito de fraude a la Administración pero admite la querella para investigar lo que “parece evidente la existencia de un fraude de subvenciones”. Este fallido proyecto, desarrollado por un grupo empresarial vasco y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), obtuvo una subvención de unos 15 millones de euros del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -en dos convenios firmados en junio de 2010 (5,7 millones) y en julio de 2011 (9 millones). De estos, se abonaron 2,7 millones en 2010 y 12 millones en 2011.
El fiscal Josu Izaguirre presentó a mediados de febrero una querella contra los seis promotores de Hiriko, el fallido proyecto de crear un coche eléctrico en Euskadi, al considerar que pudieron incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad documental. El fiscal aseguraba en su escrito que los querellados -“sin experiencia, ni infraestructura alguna para el diseño y fabricación de automóviles”, “idearon un plan consistente en que, con el pretexto de poner en marcha un proyecto para construcción de un vehículo eléctricoque iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos, conseguir distraer parte de dichos fondos en su propio beneficio o de aquellas personas físicas y jurídicas que ellos decidiesen”.
Para la magistrada instructora, “en supuestos como el analizado cuando la razonabilidad de su pretensión no se puede inferir, ni siquiera tras una lectura en profundidad de los hechos y resulta necesaria una interpretación extensiva del derecho penal y sus conceptos, no parece descabellado solicitar de quien efectúa la generíca imputación las precisiones y argumentaciones necesarias”, exige en su auto que es todo un tirón de orejas al fiscal Izaguirre.
Los seis querellados son el empresario Jesús María Pancracio Echave Román, muy relacionado con el PNV; Fernando Achaerandio Díaz de Guereñu, Francisco Javier Calera Marco, Íñigo Antia Vinos -exconcejal en vitoria por el PNV-, José Luis Bengoetxea Pierregues y José Barreira Lorenzo, además de la asociación Afypaida, la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción, “empresa matriz” del proyecto.
Auto Sobreseimiento Fraude Hiriko
