La mierda de la industria vasca

¡Lo que son las cosas! Hace algo más de un mes, en el marco de una jornada sobre la industria que UGT organizó en Vitoria, empresarios de alto copete, y de bajos modales, dictaminaron que las políticas de medio ambiente eran poco menos que un elemento parasitario de una industria como el mercado manda. Primero estaba la industria, y luego el medio ambiente, se vino a decir. Un mes después, el empresariado en su conjunto llega a afirmar lo contrario: que hay que situar al medio ambiente en el lugar prioritario que le corresponde, si lo que se desea es que las fábricas no se vean finalmente engullidas por su propia mierda.

Lo ha dejado claro el presidente de los empresarios vizcaínos, Iñaki Garcinuño, al hablar de la necesidad de que el Gobierno Vasco encuentre “lo antes posible” una alternativa al descangallado vertedero de Zaldibar, para que no se vea afectada la producción industrial en un futuro muy próximo. Implícitamente al menos, se trata de una rectificación en toda regla, que contrasta con esa chulería empresarial, empeñada en sacar cualquier tipo de control público del ámbito de los negocios.

Aunque me temo que quienes los gestionan rehusarán admitir equivocación alguna; y, menos aún, confesar que muchas de sus empresas distan de tener comportamientos modélicos. Ellos, y no los políticos, son los que saben cómo hay que llevar la economía. Los políticos están para otra cosa: para buscarles vertederos apropiados donde enterrar los residuos que genera su actividad productiva. O para dar la cara, en el Parlamento o en polideportivos municipales, ante ciudadanos afectados, y cabreados, por una catástrofe como la de Zaldibar. En suma, para actuar de manera “subsidiaria”, legitimando, así, la capacidad de decisión de las empresas, que es la que realmente cuenta y jamás estará en cuestión.

Eso es, al menos, lo que proclaman unos poderes económicos cada vez más crecidos, que no se limitan ya a defender sus intereses, sino a tratar de imponerlos con absoluta prepotencia. Los que –volviendo a la jornada de Vitoria- aseguran que a la industria le sobra el Ministerio de Transición Ecológica; o sostienen que a Teresa Ribera, no le importaría que “la industria desapareciese”; o se lamentan, como el director de Mercedes en Vitoria, Emilio Titos, de los “80 millones de euros tirados” por el proyecto de vehículo eléctrico, gestado cuando Patxi López era lehendakari. Porque eso, según dijo, es lo que pasa cuando se hace “lo que quieren los políticos, y no lo que la sociedad demanda”…

Y, por seguir con Mercedes, ahí tenemos la llamada “crisis del Diesel”, (tras el anuncio gubernamental de sus “días contados”) como supuesta fuente de incertidumbre laboral en la factoría automovilística vitoriana. Aunque, si hemos de hacer caso a las últimas informaciones, la cosa no parece tan clara. De hecho, el 12 de febrero pasado “El Correo” nos ofrecía el siguiente titular: “Temor en Vitoria a que los malos resultados de Daimler provoquen recortes en Mercedes”. Y, en crónica posterior de Juan Carlos Berdonces, se reflejaba el temor que existe en la factoría vitoriana de verse arrastrada por lo ocurrido en la casa matriz: una caída de beneficios del 67 % en el último año, “debido, principalmente, a los costes extraordinarios derivados del caso de manipulación de los vehículos diésel y de los problemas de producción”.

Es decir, que los problemas laborales de Mercedes en Vitoria, de tenerlos, derivan, no de las políticas medioambientales anunciadas por el Gobierno socialista, sino de que la empresa haya quebrantado la legislación medioambiental que rige allende nuestras fronteras. Lo cual me recuerda que, hace no mucho tiempo, y abriendo una campaña electoral, la canciller Angela Merkel llegó a decir, sin cortarse un pelo, que una gran parte de los fabricantes de coches de Alemania habían “malgastado increíblemente la confianza” que se había depositado en ellos a base de escándalos como los trucajes de los motores, para manipular las emisiones contaminantes. Escándalos que, según la canciller alemana, habían puesto en peligro 800.000 puestos de trabajo directos en esa industria.

¡Para que luego digan que la transición ecológica es cara! Cuando lo caro, y lo que cuesta cada vez más dinero a las empresas, y pone en peligro los puestos de trabajo, y la salud y seguridad de la ciudadanía, es precisamente no acometerla. A los vertederos que revientan o a los coches que contaminan, tras engaño a los consumidores, me remito. A lo mejor, la campaña electoral que se nos avecina supone una buena ocasión para hablar a fondo de todo esto. Y para que nuestros representantes políticos empiecen a pedir responsabilidades y obligaciones al mundo de los negocios. No es necesario, para ello, hacer populismo de ultraizquierda. Basta con seguir el ejemplo de Merkel.