Las economistas feministas no se cansan de repetir que una buena manera de evaluar en qué medida nuestro modelo social está pensado para ayudar a hacer la vida más o menos fácil cuando no es autónoma o se empeña en ponerse cuesta arriba es observar cómo y quién resuelve los cuidados de las personas. Aunque al PNV le guste comparar Euskadi con el norte de Europa, lo cierto es que tenemos un modelo social 'mediterráneo', también llamado 'familiarista' (como recordaba hace poco la politóloga de la UPV/EHU Jule Goikoetxea). Como ese nombre indica, se caracteriza porque son las familias quienes cubren buena parte de las necesidades vitales básicas, incluidos afectos y cuidados diversos, con una cantidad ingente de trabajo gratuito de las mujeres.
O leído desde otra perspectiva, que el gasto público en servicios de cuidado es insuficiente y que, cuando se hace, apuesta por su mercantilización: acceso vía copago, concertación y gestión empresarial. En definitiva, que tenemos un modelo vasco de bienestar que resuelve los cuidados de manera escasa, sexista y mercantil. Treinta años de hegemonía institucional del PNV y buena parte de ellos sosteniendo gobiernos del PP en Madrid, no dan para seguir externalizando responsabilidades. Más aún si tenemos en cuenta el apoyo a unas cuentas de Rajoy que no solo frenaron en seco los tibios avances iniciados por Zapatero -como los relativos al Servicio de Autonomía y Atención a la Dependencia-, sino que inició todo un proceso de desuniversalización de derechos, refamiliarización del cuidado y de recentralización territorial que ha afectado a la configuración misma de los derechos sociales de competencia autonómica.
En los próximos días y meses, las trabajadoras de las residencias y centros de día de Gipuzkoa repetirán las jornadas de huelga convocadas por ELA que iniciaron a finales de septiembre, tras casi dos años de diálogos frustrados. Piden, entre otros, que un nuevo convenio sectorial recoja y respete las condiciones pactadas en los convenios de empresa del periodo 2013-2016. También, mejoras en las condiciones salariales y laborales: ganan entre 1.100€ y 1.200€ mensuales en jornadas maratonianas y sometidas a horarios que complejizan cualquier conciliación, y enfrentan una brecha salarial de hasta un 30% en la comparativa con otros servicios privatizados y masculinizados como el de la limpieza viaria. Además, demandan que su descanso de 20 minutos sea retribuido, o que se reduzca la carga de trabajo a través de nuevas contrataciones.
La Diputación Foral de Gipuzkoa, que concierta y paga el 90 % de las plazas residenciales en los centros privados, lleva tres años sin financiar las mejoras laborales y salariales acordadas, pese a haber dispuesto de hasta 130 millones más en sus presupuestos. Unas cifras que no se repetían desde 2011. Pese a todo, el actual gobierno foral dice que el modelo es insostenible y no le desagrada la idea de retornar a las condiciones laborales del pasado que la patronal ha puesto sobre la mesa. Resulta chocante que, en el peor periodo recaudatorio de la Diputación, en plena crisis, el entonces gobierno de EH Bildu, apostara por incrementos anuales continuados de hasta el 4 %.
Las mejoras se materializaron tanto por el incremento del gasto social en el cuidado de las personas mayores, como en la reducción de unos beneficios nada desdeñables que las empresas gestoras venían acumulando. La 'crispada Gipuzkoa' heredada, vino acompañada de acuerdos que parecen sensatos si se tienen claras las prioridades. Unos acuerdos, además, que se extendían hasta el mismo año 2017 y que las empresas han tenido que hacer frente en solitario para cumplir el convenio pactado frente a los “impagos” del nuevo gobierno. Es decir, la Diputación debe dinero a las empresas en pleno crecimiento recaudatorio y la patronal entiende que la única forma de reducir su creciente pérdida de beneficios es congelando salarios y renegociando derechos laborales a la baja. Al fin y al cabo, pensarán todos, es más fácil ajustar por el eslabón más débil: las trabajadoras. Parece que no aprendieron nada de las luchas de las trabajadoras de Bizkaia, ni de las gipuzkoanas, antes que ellas.
En realidad, lo que le preocupa al diputado general, Markel Olano, dadas sus múltiples alocuciones al respecto, es el envejecimiento de la población, las bajas tasas de natalidad y la brecha salarial de género. Digo yo que pensará que qué tendrá que ver eso con que las cuidadoras profesionales sean un sector feminizado, precarizado y con un salario menor al de cualquier otro del ramo. Por eso, él prefiere gastar el dinero público en la creación de un centro innovador en el estudio del envejecimiento y por convencer a las empresas que les va a ir mejor si facilitan que las mujeres concilien. Es lo que viene a llamar “aunar lo económico con lo social” y “promover un cambio de valores”.
Pese al relato visionario e innovador que Markel Olano se esfuerza en imprimirle a la propuesta, más bien se trata de nuestro viejo modelo social familiarista readaptado a la lógica mercantil de la época. Su propuesta de futuro pasa por ampliar el negocio privado dedicado al cuidado de las personas, impulsando que buena parte de sus beneficios se obtengan de una precarización mayor de las condiciones laborales de un sector fuertemente feminizado; y por otro, que las mujeres sigan cuidando gratuitamente en los periodos que tengan que salir del mercado laboral sin ser tan penalizadas. Las que puedan hacerlo, además, siempre podrán comprar cuidados a otras mujeres que no pueden elegir. Mientras, las empresas imbuidas de ese nuevo valor de la igualdad ganan competitividad en el mercado porque retienen lo que llaman “talento femenino”, pueden mejorar su imagen comercial con premios públicos de la Diputación, y se aseguran una tasa de reposición de la fuerza de trabajo futura sin coste alguno.
Conviene que sepamos que la visión de futuro del gobierno foral guipuzcoano aprecia el negocio de los cuidados, pero desprecia el trabajo de cuidados. O, dicho de otro modo, aprecia a quien emprende el negocio, pero desprecia a las mujeres profesionales que lo sostienen. A este gobierno foral del PNV-PSE se le entiende mejor en boca de Arthur C. Brooks, el presidente del think tank del partido republicano de Trump, el American Enterprise Institute, con el que ha firmado un convenio para reinventar el gobierno público foral: “lo que hace falta es que si tú tienes un negocio, el Estado te dé las gracias y te dé más facilidades. La protección social debe existir para los pobres. Para los que no trabajan, ni un duro. Hay que tener un movimiento que yo no calificaría de derechas, sino de libre empresa, de oportunidad”. A veces hay que agradecer que hablen tan claro.
*Laura Gómez es especialista en políticas públicas de igualdad y participación ciudadana
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