Un año repartiendo comida y de abandono institucional

Hace un año en Lavapiés estábamos muy preocupados por la situación de nuestras hermanas y hermanos migrantes, que no conseguían cita para renovar sus papeles, unos papeles que España está obligada a concederles mientras se tramita su solicitud de protección internacional. “Ningún ser humano es ilegal”, decíamos; “¡sobrevivir no es delito!”, gritábamos.

Nos empezaron a llamar familias que, al no poder salir a trabajar por el confinamiento decretado el día 15 de marzo por el presidente Pedro Sánchez, no tenían nada que llevarse a la boca. Nada ellos, nada sus hijos. Decidimos abrir la mezquita de la calle Provisiones para poder ayudar a nuestros compatriotas banglas: el dolor por su sufrimiento hacía que casi no sintiéramos el peso en la espalda de sacos que llegaban con comida. El barrio, mi barrio, se volcó. No hubo que insistir mucho. A los pocos días vimos que la situación se extendía. Madres de países llegados de Latinoamérica, que dejaban solos a sus hijos para cuidar a los de otros, ya no tenían dónde ir y, sin dinero y sin contrato, estaban desamparadas. Ancianas como Angelita o Concha, vecinas españolas como Sofía o María Jesús, que no sabían cómo aguantar con sus pensiones tan pequeñas, familias que justo empezaban a entender lo que era un ERTE que empezarían a cobrar meses después, con suerte.

El barrio sufría, y nosotros nos movimos de la mezquita para atender a todo el mundo, a todo el que lo necesitara, mientras pudiéramos, y mientras el Ayuntamiento frenaba el golpe de la pandemia y se organizaba para ayudar, para no dejar a nadie atrás como repetían todas y cada una de las instituciones: gobierno español, regional y local.

¿Cifras? ¿Cuántos campos de fútbol hemos llenado con la comida que hemos repartido? Muchos. Más de 500.000 kilos de comida. ¿Cuánto sufrimiento estamos viendo? Inmenso. ¿Cuántas familias ayudamos? Alrededor de 700, sí, que van y vienen en función de algo tan triste como es tener o no dinero para pagarse el billete de metro desde otro barrio.

Falta comida, falta asistencia social, falta información. ¿Cómo puede ser que una anciana nos diga que le han dicho que si pide el IMV pierde su pensión? ¿Cómo soportar que hombres adultos nos cuenten que, cuando se acercan a los servicios sociales, les dicen que solo hay ayudas para familias con hijos? ¿Cómo decirles que dejen de llorar cuando no consiguen cita, cuando no hay perspectivas de trabajo (de legal o no, ni hablamos), cuando sus hijos vienen con sus madres y se quedan mirando lo que les damos por si les entra un chocolate?

Ha pasado un año, y decenas de redes vecinales en Madrid, cientos o miles en toda España están haciendo lo que los gobiernos no hacen. Cáritas ha atendido a medio millón de personas, y cuenta, con todo rigor, que solo el 3,6% recibe el Ingreso Mínimo Vital. Nosotros, en Valiente Bangla, también lo tenemos contado: solo 24 familias han podido realizar todo el proceso para acceder a esta ayuda, y solo cuatro lo tienen concedido. Denegado. ¿Por qué? “No sé, no me explican”. Se repite una y otra vez. La Tarjeta Familias del Ayuntamiento, el prepago para comprar comida, entre nuestros beneficiarios es como un unicornio. Ya no es que no las concedan, es que las propias trabajadoras sociales les dicen en alguna ocasión que ni existe. 

Damos atención alimenticia, y también ánimos y, cuando podemos, ayudamos en trámites a personas de 26 nacionalidades. Actualmente, 60 familias españolas dependen de lo que consigamos en donaciones, 131 son de origen latinoamericano, más de cien marroquíes… ¿y lo de no dejar a nadie atrás?

Hoy hace un año que murió nuestro vecino Mohamed Hussein a causa de la barrera lingüística y que iniciamos, junto con otros colectivos como la Red solidaria de Acogida y la Red Interlavapiés la campaña Intérpretes para sanar: intérpretes YA!. Con ella exigimos intérpretes mediadores en centros de salud y hospitales, una necesidad que se ha hecho aún más apremiante con la pandemia, a la vez que pusimos en marcha una Red ciudadana de intérpretes-mediadores en más de 15 lenguas. Desde esta red atendimos de marzo a septiembre de 2020 en más de mil interpretaciones telefónicas gracias a las que las personas pudieron recibir atención sanitaria.   

También denunciamos que condenar a las personas a la caridad y al asistencialismo no es una solución: se necesita una regularización ya, para las y los vecinos migrantes. Queremos poder trabajar y vivir con dignidad. 

Este sábado 27 de marzo repartiremos en la puerta del Ayuntamiento de Madrid la comida a varias familias, denunciando el abandono institucional que sufrimos cada día en el barrio de Lavapiés y en toda la ciudad, y desde luego la falta de voluntad política para responder a esta crisis económica y social sin precedentes desde períodos de posguerra. 

Estas peticiones van acompañadas de la exigencia del fin de la infravivienda y los alquileres abusivos originados por la gentrificación de nuestros barrios. Basta, también, de promesas y falsas soluciones al grave problema de la barrera lingüística y cultural. Queremos intérpretes-mediadores en todos los servicios sanitarios, desde los Centros de Salud hasta los Hospitales de referencia, servicios de calidad y de acompañamiento.

Es básica y urgente la necesidad de acabar con la burocratización a las ayudas sociales, de todas: las locales (Tarjeta Familias), las regionales (RMI, ayudas a estudios, alquiler) y estatales (IMV, ERTEs). Exigimos eficacia y tratamiento humano a todos los casos.

Las ayudas sociales para las personas que atendemos desde las despensas solidarias deben hacerse una realidad. Por cierto: tengan papeles o no, porque el hambre no sabe de papeles.

Sobrevivir no es delito, y una vida digna es un derecho fundamental recogido en la Declaración de los Derechos Humanos: que nadie lo olvide.