Con el BBVA o con la PAH

“Con su gesta invasora, el norte es el que ordena”. Esta semana nos venía a la memoria este verso al calor de las declaraciones entusiastas de la alcaldesa Manuela Carmena o, incluso, de históricos líderes sindicales como José María Fidalgo que anunciaba que un proyecto como Madrid Nuevo Norte “civilizaba a los partidos políticos”. Pero, ¿qué hay detrás de esta nueva gesta del capital financiero?

Parece importarle poco, a quienes se enorgullecen de haber “desatascado” Madrid Nuevo Norte, el que estas últimas semanas haya salido a la luz documentación que no deja lugar a dudas sobre el quebranto al patrimonio público y al interés general que supone la Operación Chamartín. Así, en el acta del Consejo de Administración de DUCH (antecesor de DCN, empresa participada por el BBVA y Constructora San José) del 2015 celebraban con entusiasmo el reparto del botín. Unas “extraordinarias mejoras e inmejorables ventajas” que se cifraban en facilidades de pago a 20 años, una sustancial rebaja del 26% en el coste de infraestructuras y los riesgos de la operación asumidos por el Estado para que, en última instancia, la banca no pierda nada en este suculento negocio.

Esta jugosa acta, sumada a los contratos ocultos entre ADIF y DCN, deja en evidencia la cadena de favores tanto del gobierno de Aznar como del PSOE en beneficio del BBVA y la Constructora San José. Y es que desde 1993 el norte de la ciudad está atrapado por las garras de la especulación. Convenios que, sucesivamente, regalaban suelo público con la excusa inicial de “renovar la estación de Chamartín” y que hemos visto cómo incrementaban sin cesar con cada nueva firma el beneficio, pasando de 625.000 m² cedidos inicialmente a los 1.9 millones de m². Es decir, tres veces más y con unas plusvalías sobre el suelo público que van íntegras a DCN. 

“Madrid se abre” dice la campaña publicitaria de DCN para tratar de vender a la opinión pública esta operación. Más bien, deberíamos decir que Madrid se abre al capital, a los mercados financieros en forma de City y a la transferencia directa de suelo público al BBVA. Una entidad a la que se le está regalando un suelo público que le proporcionará plusvalías millonarias, al tiempo que se niega a proporcionar alquileres sociales a personas vulnerables o a firmar convenios de cesión de las viviendas okupadas con el Ayuntamiento de Madrid.

Estamos, sin ninguna duda, ante un nuevo (en este caso gigantesco) negocio basado en un pelotazo urbanístico para mayor lucro de la banca y las constructoras. Eterno retorno a las políticas económicas basadas, estas sí, en la colaboración público-privada para que los de siempre hagan un volumen extraordinario de negocio a costa del patrimonio común.

Desde la publicación de la documentación publicada por eldiario.es ningún responsable del ayuntamiento o la propia alcaldesa ha ofrecido ninguna explicación de la situación ante las evidencias que muestran estos papeles. ¿Acaso esto no merece ningún tipo de explicación por parte de una de las administraciones claves en la aprobación y desarrollo de esta operación?, ¿a qué responde este estruendoso silencio?

Ahora Madrid llegó al gobierno de la ciudad con un programa de gobierno que comprometía a sus cargos a, textualmente, “elaborar una auditoría y paralizar las operaciones urbanísticas especulativas, de expolio de suelo y patrimonio público”. Hoy, lamentablemente, el impulso personalista de la alcaldesa y de su proyecto de Más Madrid ha liquidado aquel programa común. Cuatro años después, el sector vinculado a Manuela Carmena ha optado por un modelo de ciudad que poco tiene que ver con el espíritu, en proyecto y programa, de aquel Ahora Madrid heredero del impulso municipalista y rebelde que despertó el 15-M.

Este proyecto escisionista representado por Más Madrid muestra, en la práctica, la bifurcación de proyectos que se ha plasmado en Ahora Madrid en asuntos centrales durante esta legislatura. Así, por ejemplo, la encomiable pelea mantenida por el concejal Sánchez Mato contra Montoro y la regla de gasto hoy aparece en boca de la alcaldesa como poco menos que una cuestión menor y un empecinamiento personal. De lo que se trataba entonces era de una pelea central por la autonomía local y la posibilidad de poder realizar una política claramente anti-austeridad y antineoliberal.

Esta bifurcación de proyectos tiene en la operación Chamartín su caso más paradigmático, pero va más allá de eso. Responde a lógicas y proyectos diferentes que es mejor que caminen por separado, aunque puedan encontrar puntos de acuerdo frente a las derechas y la ola reaccionaria. La propia Carmena lo reconoce así ya en público, aunque era evidente hace tiempo. Según la alcaldesa, quienes “desean un mundo sin empresas no pueden gobernar Madrid”. Se equivoca aquí Carmena. Hay mucha gente que lo que queremos no es un mundo sin empresas. Nos organizamos políticamente por un mundo y unas ciudades y barrios donde las empresas estén al servicio de la gente y bajo control de la sociedad, no al revés. Donde el patrimonio público y común sea protegido y no mal vendido a fondos buitres pero tampoco a una banca parasitaria y extractivista. En realidad, no es un horizonte tan difícil de imaginar y de lograr. Lo que sorprende es la escasa capacidad para imaginar un mundo diferente por parte de las gestoras de la “nueva política” incapaces de asumir que con políticas como la Operación Chamartín siguen otorgando el mando real de la ciudad a esos poderes que nunca se presentan a las elecciones pero gobiernan desde la sombra.

Frente a esta forma progresista de gestión neoliberal de la ciudad va a tocar poner en marcha un proceso capaz de ofrecer una alternativa distinta, donde los intereses y demandas de movimientos como la PAH sean el contrato vinculante. Un proceso y una candidatura que pueda ir articulando un verdadero contrapoder político y social frente a las élites económicas, políticas y financieras que siguen gobernando Madrid.