La crisis social y sanitaria global, provocada por la pandemia de la COVID-19, ha mutado el paisaje de nuestras vidas. También el de este 1 de mayo. Será un Primero de Mayo sin gente en la calle, por primera vez, pero en el que la voz de las personas trabajadoras estará más viva que nunca.
Apenas tres meses han transcurrido desde que iniciamos nuestra trayectoria en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprobando el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, con el acuerdo de todos los interlocutores sociales, e iniciando una importante dinámica de Diálogo Social. Casi al tiempo, derogábamos el despido por bajas médicas justificadas, avanzando en la lucha contra la discriminación. Por delante quedaba el reto de configurar una normativa más sensible a las necesidades de las personas trabajadoras, más cuidadosa con la gestión del tiempo de trabajo y con la corresponsabilidad, que recuperara el valor de la negociación colectiva y los derechos laborales perdidos. Todo ello teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta el Estatuto de los Trabajadores, de 1980, que debe, necesariamente, dar paso a un nuevo Estatuto de Trabajo del siglo XXI, que contemple una realidad diferente: atravesada por la igualdad de género, consciente de la globalización y de la descentralización, y con una clara vocación ecológica y de decidida acción contra el cambio climático.
La pandemia de la COVID-19 nos ha situado, de repente, en un nuevo escenario de emergencia que, pese a ello, no debe dejar atrás los propósitos de solidaridad y adaptabilidad con los que iniciamos este camino. Algo más. La necesidad de un gran acuerdo político y social que presidirá, en el futuro, la razón de ser de este Ministerio: la lucha contra la precariedad. Estamos convencidas de que la precariedad y la temporalidad, que afecta especialmente a jóvenes y mujeres, son la causa profunda de los daños en la estructura de nuestro mercado laboral que ahora esta pandemia ha revelado en toda su crudeza.
En el último mes y medio, desde este Ministerio, se ha articulado una normativa muy diferente a la que planeábamos antes de la excepción, el confinamiento y el estado de alarma, pero que mantiene intacto el compromiso con las personas trabajadoras. Figuras que recrean nuestra legislación laboral y que, como los ERTE, han dado respuestas rápidas y adaptadas a la inédita caída del empleo en nuestro país. Hemos asegurado rentas y ampliado el rango y extensión de las prestaciones por desempleo; hemos atendido a las necesidades del cuidado, con el programa Me Cuida, centrado en la flexibilidad horaria y la reducción de jornada; hemos tratado de integrar una nueva visión del trabajo, en el que la adaptabilidad funciona en una doble dirección, para satisfacer las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras; y allí a donde no hemos podido llegar estableceremos un Ingreso Mínimo Vital, que desmontará y cuestionará respuestas insolidarias de nuestro pasado inmediato.
Más que nunca, las personas y sus vidas deben ocupar la centralidad de nuestras preocupaciones. Personas que cuidan de personas, como nuestras profesionales sanitarias, o como las madres y padres que, mientras trabajaban a distancia, se han encargado de que sus hijas e hijos hicieran las tareas escolares. La defensa de lo público debe latir con fuerza en el corazón de nuestra recuperación económica y social. Una recuperación que debe dejar atrás unas relaciones laborales precarizadas, sobre las cuales resulta imposible cimentar la salida que queremos.
Definitivamente, este Primero de Mayo será diferente. La pandemia nos ha mostrado prioridades y principios que parecen nuevos, aunque no lo sean. Son los mismos que tantas personas trabajadoras han defendido, cada año, en esta jornada histórica, y son los que este Ministerio ha convertido en la más sólida expresión de su acción de gobierno. Las calles se volverán a llenar de gente, estoy convencida, y nuestro corazón colectivo volverá a latir unánime en la defensa compartida del trabajo decente. Trabajo decente para todas y para todos.