Detrás de los 'mastergate': los auténticos problemas del sistema universitario
En los últimos días no paramos de escuchar hablar de los másteres universitarios: de la salida de la política de Cristina Cifuentes (más por las cremas que por el máster), la vergüenza de un Pablo Casado que no da explicaciones sobre el suyo, el currículum inflado de Albert Rivera que ha hecho que su boomerang se le volviera en contra o las explicaciones y publicación de su tesis a las que se ha visto obligado a recurrir el presidente Pedro Sánchez.
El necesario debate sobre la honestidad de nuestros representantes públicos –el verdadero trasfondo con el que se debería enfocar la cuestión– se está escondiendo, porque no interesa ni a PP ni a Ciudadanos ni al PSOE, detrás de la cortina del sistema universitario español. Pero detrás de estos mastergate hay tres cuestiones graves: la degradación de las universidades públicas, la banalización del esfuerzo de los y las estudiantes y la exclusión universitaria de quien no pueda pagarse un máster.
Las políticas impuestas en los últimos años pretenden una degradación de las universidades públicas que se habían convertido en uno de los elementos fundamentales de corrección de las desigualdades y del fomento de la igualdad de oportunidades. La precariedad laboral del profesorado, la falta de atención a la carrera científica e investigadora, el incremento desmedido de las tasas universitarias que ha expulsado a 127.000 alumnos de familias sin recursos de la universidad o la mercantilización de una Universidad más pensada en satisfacer los intereses del mercado que en formar personas con conciencia crítica no son los síntomas de la crisis económica sino que son políticas promovidas desde los gobiernos europeos neoliberales.
La banalización del esfuerzo es otra de las consecuencias del caso de los másters. Quien tenga un máster sabe del esfuerzo, la dedicación en tiempo y en sacrificios de la vida personal, familiar y social y de la inversión económica que esto supone. Que durante el bipartidismo ha habido connivencia entre las élites económicas y las élites políticas es algo que todas sabemos y uno de los elementos por los cuales los espacios del cambio hemos llegado a la política. Es obligación de los poderes públicos evitar que esas connivencias se den en el mundo universitario, porque entonces acabamos perdiendo los de siempre: las clases populares.
Y, además, también está como trasfondo la exclusión universitaria de quien no pueda pagarse un máster. Las tasas universitarias se han incrementado en España hasta un 300%, siendo Catalunya la Comunidad donde son más altas. Si al precio de la carrera universitaria añadimos el del acceso a un máster, obligatorio para el ejercicio de algunas carreras profesionales, se pierde la equidad en el acceso al sistema universitario. Aquí ha colaborado sobremanera el Plan Bolonia, que con el 3+2 (tres años de grado y dos de máster) ha convertido la educación en un negocio para las universidades privadas. La gravedad del asunto es que este incremento de precios esconde una falta absoluta de relación entre el importe pagado y el ‘coste’ del servicio, que es a lo que obliga el marco normativo vigente. Así, el incremento de precios junto a la política de promoción de másteres para la formación individual ha supuesto que los de siempre, los hijos y las hijas de las clases populares, tengan más dificultad para acceder a la universidad.
Así pues, además de exigir honestidad y transparencia a los cargos públicos también cuando hablen de su formación académica, lo fundamental es adecuar el sistema universitario a las actuales necesidades del estado español. Y aquí hay urgencias.
El gran déficit que tenemos es la falta de un sistema estable, justo y regulado de financiación pública para las universidades públicas. Todo lo demás deriva de este problema principal. Así que una primera urgencia es que, también en el ámbito universitario, el dinero público debe ir destinado a las universidades públicas. Como segunda urgencia está el acceso a las becas y ayudas al estudio, que deben ser fomentadas mientras no se consiga una universidad totalmente gratuita, como tienen Grecia, Dinamarca, Suecia, Noruega o Austria, porque es la única vía efectiva para garantizar el derecho universal a la educación.
Y la tercera gran urgencia: erradicar la precariedad del personal docente e investigador. El sistema universitario español presenta unas plantillas académicas insuficientes, con una falta de plazas estructural que se agrava debido al envejecimiento de las plantillas que no son repuestas; y precarizadas, con unos sueldos que, en muchos casos, hacen incompatible la dedicación a la docencia y la investigación con el desarrollo pleno de la vida, debido al incremento de los contratos temporales y a tiempo parcial en el mundo universitario. Los llamados profesores ‘asociados’, que nacieron en 1983 como figura temporal pero que se han convertido en estructurales del sistema son auténticos profesores en precario que cobran muchas veces menos de 500 euros al mes y deben pagar, además, su cuota de autónomos. Por eso el presidente de los rectores españoles, Roberto Fernández, los definió como ‘profesores pobres’.
En definitiva, digamos las cosas por su nombre. Detrás de los diferentes mastergate (Cifuentes, Casado, Montón o Albert Rivera) hay una evidente falta de transparencia y honestidad de algunos líderes políticos. Pero no se puede esconder la falta de honestidad de eso líderes bajo una estigmatización del sistema universitario. Porque a la gente común no nos regalan los másters. A quien lo puede hacer le cuesta sacrificio, esfuerzo y muchos recursos económicos. Demasiados. Y lo escribe alguien que nunca pudo hacer un máster porque económicamente no me lo podía permitir.
