Federalizar España

La experiencia de estos años confirmada, en especial, en el periodo de COVID-19, nos ha enseñado que nuestro sistema autonómico necesita una reforma que garantice una gobernanza eficaz a través de una profundización federal, en la línea de los sistemas federales más solventes. Un federalismo cooperativo y solidario, fundamentado en la lealtad institucional y en la unidad ante los grandes retos que tenemos como país. El federalismo que defendemos es, en consecuencia, contrario a cualquier tendencia disgregadora o centralizadora que solo conduciría a la desigualdad y al conflicto.

La mudanza que proponemos solo podrá culminar adecuadamente si abordamos una reforma de la Constitución que, como es lógico, deberá sustentarse en amplios consensos políticos y sociales. En el bien entendido de que la solución federal no es una propuesta de izquierda o de derecha, sino la evolución natural y necesaria del Estado autonómico en España. Un sistema en el que se pueden encontrar todas las opciones políticas que deseen un mejor funcionamiento de nuestra democracia en el marco constitucional.

La COVID-19 ha dejado al descubierto tanto las fortalezas como las debilidades de nuestro modelo territorial. La pandemia ha puesto de relieve, entre otras cosas, que una solvente gestión de los problemas debe contar con las CCAA como actores necesarios para el buen funcionamiento del sistema político. Igualmente, ha puesto de manifiesto que es indispensable poseer adecuados instrumentos de colaboración, entre los diferentes niveles de la Administración, que garanticen unos sólidos autogobiernos territoriales junto con una autoridad “federal” fuerte y dinámica, capaz de garantizar la igualdad de derechos de la ciudadanía en su conjunto y la eficacia de la acción pública.

La pandemia y sus secuelas económicas y sociales hace más urgente que nunca mejorar las capacidades de nuestro Estado social y democrático. La ambigüedad en la distribución de competencias y el subsiguiente desbarajuste que origina; la insuficiencia de mecanismos constitucionales de coordinación, como acontece con el deficiente Senado y una financiación del sistema autonómico con importantes problemas, son cuestiones que es necesario abordar sin demora. De lo contrario, aumentaran las tensiones, la judicialización de los conflictos o unas dinámicas “confederales” muy alejadas de lo que es el gobierno en un sistema federal.

La práctica de estos años ha demostrado que el reparto competencial es confuso y ha originado innumerables recursos ante el Tribunal Constitucional. Pensamos que una fórmula de clarificación podría consistir en establecer con precisión las competencias exclusivas y no delegables del Estado (federación), mientras todas las demás podrían ser asumidas por las CCAA. Con la salvedad que, en todo caso, en la Constitución se fijara con nitidez la función del Estado (federación) en algunas de las que son transferidas a las CCAA, en especial las que componen el Estado de Bienestar- Sanidad, Educación, etc.- El que estas competencias de naturaleza social estén transferidas a las CCAA no debe suponer que el Estado-federación se desentienda de su destino, pues en ese caso podría peligrar la solidaridad y la igualdad, fundamentos de la ciudadanía.

-En el marco de nuestro Estado autonómico se deben desarrollar las instituciones que mejoren la gobernanza en un sentido federal, como el Senado, la Conferencia de presidentes y las Conferencias Sectoriales. El actual Senado se debe de transformar en una auténtica Cámara territorial (Senado Federal), con competencias legislativas sobre normas que directamente afecten al sistema federal.

En los modelos de naturaleza federativa se produce la concurrencia de dos consensos, uno de base poblacional y otro territorial, ambos consustanciales al sistema. De acuerdo con las tendencias más actuales de los sistemas federales, la representación de los territorios no tiene por qué ser idéntica para todos, sino con algún tipo de ponderación según su población. La forma de elección o designación de quienes integren el Senado es una cuestión a dialogar y consensuar por las fuerzas políticas, entre las diferentes opciones que ofrecen los distintos sistemas federales.

Cuestión central en la federalización de nuestro sistema territorial es acertar en el modelo de financiación autonómica. Tema que, en principio, no exige reforma constitucional, pero cuya trascendencia es evidente. Sin entrar en los detalles que una futura reforma fiscal deberá de precisar, consideramos que el modelo  de financiación de las CCAA debería de contemplar las siguientes cuestiones: mantener una sólida capacidad fiscal del Estado(federación) que garantice, entre otras cuestiones, unos servicios públicos de calidad;  garantizar la autonomía y suficiencia financiera de las CCAA; funcionar bajo el principio de corresponsabilidad; que los ciudadanos reciban servicios esenciales semejantes, bajo el supuesto de que la presión fiscal sea también similar; contribuir a la convergencia entre las CCAA; establecer límites que evite lo que se denomina “competencia fiscal perniciosa o desleal” entre las CCAA; mejorar la capacidad financiera de las entidades locales. 

Durante el periodo de la pandemia, la Conferencia de Presidentes, típica institución federal, ha jugado un papel relevante, si bien se ha puesto de  manifiesto que su funcionamiento debe mejorar. Sería conveniente fijar mejor su naturaleza, su periodicidad y alcance de sus acuerdos, es decir, delimitar con mayor precisión su lugar en el conjunto de la arquitectura territorial e institucional, evitando que su virtualidad quede en manos del Gobierno de turno. En parecidos términos se debería precisar el funcionamiento y alcance de las Conferencias Sectoriales.

Parece evidente que algunas de las reformas que requiere nuestro sistema autonómico hacen necesarios cambios en la Constitución de 1978. Para esa tarea es imprescindible ir construyendo consensos. En este camino, entendemos se pueden ir planteando reformas parciales concretas de gobernanza federalista y, en paralelo, ir fomentando la cultura, los consensos, las complicidades y los estados de opinión que requiere una reforma constitucional. Siendo conscientes de que un federalismo del siglo XXI debe de garantizar la cohesión social, la cohesión territorial y tener en cuenta las transformacionales que está produciendo la revolución digital. Cuestiones todas ellas que son pilares de la fortaleza de las instituciones y de la legitimidad del Estado social y democrático de derecho que la Constitución establece.