Medicamentos, precios e investigación: pacientes delante de patentes

Desde que la constitución de la Organización Mundial del Comercio y su Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) sentaron las bases del actual sistema de patentes, éste se ha mostrado poco efectivo a la hora de desarrollar innovaciones centradas en las necesidades de la población, así como ineficiente e injusto por la centralidad del beneficio económico en el sistema actual de innovación biomédica.

En efecto, los precios no reflejan ni el valor terapéutico del producto ni los costes de I+D, sino que vienen fijados por criterios de marketing. Parece evidente que la forma de fijar los precios de un medicamento, cuya función, no lo olvidemos, es salvar vidas, no debería obedecer a los mismos criterios que otros mercados de bienes o servicios como el de televisores o muebles. Existe en definitiva un abismo moral entre el precio de un medicamento y el coste de su producción, reconocido incluso por algunos altos ejecutivos de la industria como Mike Kelly, CEO de Kantar Health: “El coste de producción de un medicamento es ínfimo en comparación con su precio de mercado”.

En los últimos años, el sistema fallido de innovación biomédica, que antes parecía afectar solamente a los países de rentas medias-bajas y bajas, ha comenzado a afectar también a los países de rentas medias-altas y altas, con el claro ejemplo de los nuevos medicamentos de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C, o los nuevos medicamentos antitumorales, cuyos elevados precios ponen en riesgo la sostenibilidad y la solvencia de los sistemas sanitarios públicos de estos países.

El problema de fondo es que, al aplicar las leyes del mercado al sector farmacéutico, aparece lo que en la industria se califica como “fallos de mercado”, y que en realidad significa miles de vidas perdidas por culpa de las llamadas “enfermedades desatendidas” como el chagas, ébola y zika. Estos “fallos de mercado” están también en el origen de una de las mayores crisis de salud global a las que nos enfrentamos: la resistencia microbiana a antibióticos. La industria farmacéutica ha destinado pocos recursos al desarrollo de una nueva generación de antibióticos porque estos tratamientos tienden a ser cortos y no les ofrecen la rentabilidad de las enfermedades crónicas.

¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacer frente a un sistema que está diseñado para que los beneficios económicos sean los que guíen la investigación y desarrollo de nuevos fármacos? ¿De qué manera visibilizar los esfuerzos de investigación que se hacen con dinero público para que reviertan en un mejor acceso de la población a los medicamentos? ¿Cómo eliminar los rastros de corrupción dentro de la negociación-imposición de los precios de los medicamentos? ¿Cómo hacer que el acceso a los medicamentos como parte del derecho a la salud se conjugue con la existencia de incentivos que animen a la investigación de nuevos medicamentos?

Las respuestas a todas estas preguntas no son sencillas, pero al menos son preguntas que ya están siendo reconocidas, no sólo como legítimas, sino también como piedra angular de las políticas de innovación y legislación sobre medicamentos en los próximos años dentro de la Unión Europea y los Estados Miembros. Un informe publicado y presentado por los ministros de sanidad de Holanda y Bélgica concluyó que “mientras que generalmente se aceptan y reconocen los retos, no hay consenso en torno a si los elevados precios son resultado de una lógica de políticas de precio mal concebidas, un fracaso más generalizado de todo el sistema de desarrollo de medicamentos, o incluso resultado de valores y principios deshonestos sobre los que reposa el sistema de desarrollo de medicamentos”.

Este jueves el Parlamento Europeo ha votado un informe titulado Opciones para mejorar el acceso a medicamentos. En él se reconoce la necesidad de reformar el modelo actual de innovación en biomedicina para que responda a las necesidades reales de salud pública. A pesar de ser un paso en la dirección adecuada, queda mucho camino por recorrer, ya que aunque la UE tiene una oportunidad de oro para situarse a la vanguardia de la lucha por un modelo más justo, se enfrenta al modelo anacrónico e insolidario guiado por los criterios de mercado.

Diferentes colectivos de la sociedad civil se han esforzado para que dicho informe recogiera una apuesta real por la transparencia en los procedimientos de fijación de precios, por la introducción de criterios de interés público en la distribución de ayudas de investigación y por la creación de un nuevo marco de investigación biomédica que deje atrás el sistema de patentes y se centre en las necesidades en salud y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos. Sin embargo, la presión de la industria y de colectivos que siguen viendo en el ámbito del medicamento una oportunidad para vehiculizar importantes oportunidades de negocio hacen que esto no sea tan sencillo.

Con este artículo queremos clarificar cuáles creemos que han de ser los pilares fundamentales en los que se base un modelo de innovación biomédica que sirva para facilitar el acceso a los medicamentos y mejorar la salud de la población:

Transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de investigación, tanto con fondos públicos como privados, con importancia nuclear de las políticas de declaración y control de los conflictos de interés, así como de las políticas de publicación de datos en abierto para la potenciación del conocimiento compartido.

Fijación de criterios de interés público en el establecimiento de las líneas estratégicas de la Unión Europea y los estados miembros.

Impulso a la investigación con fondos públicos, vinculándola en su diseño a la detección de necesidades y facilitando los procesos de traslación a su aplicación clínica. En la actualidad, la investigación y desarrollo con fondos privados parasita a la realizada con fondos públicos, no viéndose representada esta última en la fijación de precios de medicamentos que, aunque en sus fases finales se hayan desarrollado por parte de la industria farmacéutica privada, se gestaron en sus fases de investigación básica a partir de fondos públicos. La realidad es que los europeos pagan dos veces por sus medicamentos: una a través de sus impuestos y otra cuando los compran.

Diseño de herramientas estandarizadas de cálculo de los costes de investigación y fabricación de medicamentos, de modo que el establecimiento de los precios no dependa de las cantidades dadas de forma unilateral por la industria fabricante de dichos productos.

Establecimiento de mecanismos de transparencia en la negociación y la fijación de precios de medicamentos; impulso a los procesos de compras comunes que logren disminuciones de los precios unitarios y la desvinculación de estos con los costes de producción (fabricación e investigación).

El desarrollo de estas medidas ha de hacerse monitorizando su impacto sobre la equidad y su distribución basada en la cobertura de las necesidades en salud de la población, sin convertir a los pacientes en el combustible de un sistema que hasta ahora se ha centrado en maximizar beneficios centrándose en las necesidades de rentabilidad y no de salud.

Hablando en plata, el actual sistema de innovación en biomedicina descansa habitualmente sobre resultados científicos manipulados, tiende a impedir la innovación derivada, obedece a principios de confidencialidad que privan al proceso científico de transparencia. Es, además, masivamente derrochador debido a la ausencia de datos compartibles, el solapamiento de investigación clínica y el derroche de gasto en marketing en detrimento de la I+D. Tal y como afirma Ian Chalmers, fundador de la Cochrane Collaboration, “más del 85% de los recursos invertidos son desperdiciados por causas prevenibles”.

Además, los conflictos de interés permean todo el proceso de desarrollo, aprobación y marketing de nuevos medicamentos. Puesto que el 89% de los fondos de la Agencia Europea de Medicamentos dependen de las tasas cobradas a la industria farmacéutica, no es sorprendente que muchos altos funcionarios de la EMA sean producto de “puertas giratorias”. La situación es tan grave que la Defensora del Pueblo Europeo ya ha expresado su preocupación y comenzado a investigar.

También las asociaciones de profesionales de la salud, e incluso de pacientes, son cortejados por la industria farmacéutica. El propio Consejo de Europa se ha quejado sobre los “efectos nocivos de la interacción entre la industria farmacéutica y los responsables de tomas de decisiones políticas en el sector de la salud”.

Cientos de lobistas de la industria ejercen una influencia asfixiante sobre las políticas públicas y menguan los esfuerzos de los defensores de la salud pública y representantes de la sociedad civil. Es urgente que se ponga la transparencia, la investigación pública y las necesidades en salud de la población en el centro del modelo de innovación biomédica y de la introducción de las innovaciones farmacéuticas en los sistemas públicos de salud, pero esto no se logrará manteniendo el actual marco de poder existente entre la Unión Europea, los estados miembros y las diferentes industrias que juegan un papel destacado en este ámbito. Para lograrlo es fundamental generar cambios dentro de los repartos de poder; las instituciones públicas han de hacer uso de posiciones dominantes de poder respecto a la industria farmacéutica, no solo por la institución, sino principalmente por las personas a las que representan. Las patentes no pueden estar por delante de los pacientes, así como el lucro no puede estar por delante de las necesidades en salud.

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Lola Sánchez Caldentey, diputada del Parlamento Europeo por Podemos.

Marta Sibina Camps, diputada por Barcelona G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Rita Bosaho Gori, diputada por Alicante G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.