Un pacto de Estado para reconstruir el derecho a la vivienda

Estos días ha quedado claro el papel central de la vivienda como protección básica. Y, a la vez, la obligación de quedarnos en casa ha resaltado las graves deficiencias que acumula nuestro sistema habitacional. Muchas ciudades hemos reaccionado para atender de forma urgente a personas sin hogar o confinadas en infraviviendas. Pero el nuevo contexto de crisis económica, agravará aún más la emergencia habitacional y exigirá actuaciones valientes que van mucho más allá de la capacidad del ámbito local.

¿Qué políticas de vivienda vamos a necesitar? La experiencia de la crisis de 2008, nos permite mirar al pasado y aprender de lo que no funcionó. En 2012, con más de 70.000 desahucios en todo el Estado, el Gobierno apostó por un rescate bancario millonario sin ninguna contrapartida: ni se pararon los desalojos, ni se movilizaron esos centenares de miles de viviendas hacia el alquiler público. Se recortaron las ayudas al alquiler y también lo poco que se destinaba a la construcción de vivienda pública, mientras se impulsaban rebajas fiscales para que la inversión privada especulativa “reactivara el sector”. Al año siguiente, esos mismos inversores consiguieron precarizar los contratos de alquiler y reducirlos a tres años.

Sólo ocho años nos separan de unas medidas que arrasaron el derecho a la vivienda. Y, sin embargo, algunos responsables políticos, como Isabel Díaz Ayuso, insisten en ese modelo: vender suelo, suprimir licencias, pelotazo y nada de limitar precios. Las medidas tomadas por el Gobierno actual, como la moratoria hipotecaria, la suspensión de los desahucios, y la prórroga de los contratos de alquiler, aunque pueden parecer insuficientes, dibujan un modelo opuesto a las recetas que el PP puso en marcha en 2012. Sin embargo, la dimensión de la crisis social que se avecina, comparable a la sanitaria, exigirá respuestas mucho más ambiciosas.

Los desahucios no pueden volver a ser parte de la “nueva normalidad”, por eso es necesario extender al menos seis meses más su suspensión y ampliar la prórroga de contratos de alquiler, priorizando a las personas en situación de vulnerabilidad. Y en paralelo instaurar por ley procesos de mediación para llegar a acuerdos antes de iniciar una demanda de desahucio.

La crisis social y económica nos obliga a aumentar el parque de vivienda asequible. Debemos buscar fórmulas que permitan alojar de forma estable a familias en situación de vulnerabilidad en pisos turísticos, hoy vacíos, que responden a un modelo turístico insostenible. Y a la vez, trabajar para construir viviendas lo más rápido posible, bajo criterios de máxima calidad y sostenibilidad. Pero esta vez la prioridad debe ser el alquiler público junto con otras fórmulas de tenencia, como las cooperativas en cesión de uso. La innovación debe llegar al sector de la construcción y lo puede hacer con una apuesta clara por fórmulas constructivas industrializadas, modulares, de larga tradición en otros países europeos. Pero aún más importante en términos de reactivación económica y de lucha contra la emergencia climática es impulsar un programa ambicioso de rehabilitación que busque, además del ahorro energético, mejorar la calidad de nuestros pisos. 

Nada de eso será posible sin una financiación pública potente. Durante los últimos años Barcelona ha dedicado cerca del 5% del presupuesto municipal, pero el Estado y la Generalitat a duras penas han comprometido un 1% de sus recursos a la vivienda. Necesitamos que ambos reviertan sus recortes de la última década y sitúen las políticas de vivienda en el centro de sus presupuestos.

Si queremos que el alquiler asequible dé el salto de escala que necesitamos, el sector privado tiene un papel clave que jugar. Para que esta colaboración sea fructífera hacen falta nuevas reglas del juego que bonifiquen fiscalmente la construcción de alquiler estable y asequible, e impulsen, en cambio, medidas que dificulten la especulación. En este sentido, un primer paso imprescindible es abordar la regulación de los alquileres para dotarlos de estabilidad y que se acomoden a la capacidad adquisitiva de la población.

En realidad, la crisis sanitaria no ha hecho más que subrayar los fallos de un sistema habitacional que hacía aguas. No es casualidad que las mejores respuestas a la emergencia, desde la activación de miles de camas para personas sin techo, hasta la moratoria de todos los desahucios o la prórroga automática de los contratos de alquiler, constituyan reivindicaciones sociales históricas que hasta hace muy poco parecían imposibles.

Construir una salida justa dependerá de la capacidad de escucha y articulación entre todas las administraciones y el tejido social. Por ello, desde Barcelona proponemos la constitución de un Pacto de Estado por el derecho a la vivienda que aborde al más alto nivel las reformas estructurales imprescindibles para que la garantía del derecho a la vivienda constituya una oportunidad de cohesión social, de reactivación económica y de lucha contra el cambio climático. Ni podemos repetir errores ni hay tiempo que perder.