Plataformas europeas para refugiados fuera de la UE: ilegales e inhumanas

La semana pasada nos escandalizamos al ver en el borrador filtrado de las conclusiones del próximo Consejo Europeo, que se celebrará este jueves y viernes, el siguiente párrafo:

4. “(...) En este contexto, en Consejo Europeo apoya el desarrollo de un concepto de plataformas regionales de desembarco, en estrecha cooperación con terceros países concernidos así como de ACNUR y de la OIM. Estas plataformas deben permitir un procesamiento rápido y seguro para distinguir entre inmigrantes económicos y aquellos que requieran protección internacional (...)”

Pocos días después, se filtraron también las aportaciones de la Comisión Europea a estas conclusiones, en las que se aceptaba la inclusión de estas plataformas (se cambiaba el nombre de “plataformas de desembarco” por “posibilidades de desembarco”).

Unos días más tarde, tras la mini-cumbre del pasado domingo sobre inmigración, el Presidente Pedro Sánchez hacía las siguientes declaraciones:

“Esta propuesta tiene que ver con algo que ya existe en nuestro país, donde nosotros recogemos migrantes, les acogemos, le prestamos atención humanitaria y se procede a la gestión del asilo a aquellos que pueden recibirlo y el resto efectivamente va a los centros llamados CIES. La gran novedad es que Europea se incorporaría a esa gestión, a esa financiación”

No parece aún muy claro qué es lo que va a aprobar el Consejo Europeo este jueves, pero hay dos cosas que sí podemos decir: uno, los gobiernos, si mantienen ese párrafo en las conclusiones, se acercan a las tesis del derechista Canciller austríaco, Sebastian Kurz, que quiere crear campos europeos de refugiados fuera de las fronteras de la UE. Dos, estas “plataforma de desembarco” no existen hoy en España, y serían una novedad. Puede que Pedro Sánchez se estuviera refiriendo a los CETI en Ceuta y Melilla, pero parece claro que no estamos hablamos de esto.

Mi impresión es que no está decidido aún qué tipo de centros se van a crear, pero probablemente la discusión gira alrededor de dos opciones.

La primera, centros de desembarco en territorio UE. Eso significaría replicar de forma masiva los llamados hotspots, creados hace seis años en Grecia e Italia para tramitar solicitudes de asilo. Estos hotspots, creados al inicio de forma bien pensada para organizar los trámites de asilo a la llegada de los refugiados, se han convertido de facto en centros de detención, una especie de CIES de enormes dimensiones para refugiados e inmigrantes. Desde luego si ese es el modelo al que se refería Sánchez, no es un modelo que deba ser aceptado en nuestro país tras su fracaso en Grecia e Italia.

Pero la segunda opción, aún peor si cabe, es el modelo defendido por el canciller austríaco, que supondría que los inmigrantes y refugiados sean devueltos a “zonas seguras” en el sur del Mediterráneo, fuera de la UE, donde serían devueltos incluso tras ser detenidos en las fronteras exteriores de la Unión.

Esta propuesta es claramente ilegal a ojos del derecho europeo e internacional. Devolver a un tercer país a un refugiado sin antes darle la posibilidad de presentar una solicitud de asilo si así lo desea es contrario a la Directiva sobre procedimientos de asilo y la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe explícitamente las expulsiones colectivas. La Corte Europea de DDHH rechazó también recientemente la devolución de refugiados una vez rescatados en el mar. La Corte señaló en 2010, en el caso Medvedyev and others contra Francia que la “naturaleza especial del espacio marítimo no puede justificar un área fuera de la ley donde las personas no están cubiertas por ningún sistema legal capaz de garantizarles los derechos y garantías protegidos por la Convención Europea de DDHH”. Parece claro pues que si las personas rescatadas están en aguas europeas, o son rescatadas por buques europeos, no cabe la devolución automática sin antes dar la posibilidad de presentar una solicitud de asilo, porque ello incumpliría el artículo 4 del 4º protocolo de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Además de ello, hay que recordar que las leyes de asilo europeas no tienen extraterritorialidad. Si un centro europeo de tramitación de asilo estuviera en un tercer país, ese tercer país y sus leyes serían las que se aplicarían, y para aplicar algún régimen jurídico europeo (¿cuál?) deberían realizarse acuerdos bilaterales con ese país. La única manera de hacer aplicar la Carta Europea de DDHH en esos centros sería a través de un acuerdo parecido al que se establece cuando se crea una base militar en el extranjero: en ese caso la Convención Europea de DDHH si se aplicaría en ese territorio, puesto que hay jurisprudencia clara sobre este tema por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos. Pero en ese caso la aplicación de la legislación de la Unión ya no sería tan clara, y además estaríamos replicando un modelo parecido al esperpento de Guantánamo.

Pero además de las cuestiones legales, la propuesta de crear estos centros fuera de la UE tiene una multitud de cuestiones prácticas muy difíciles de resolver: ¿sobre quien recaería la responsabilidad de tramitar las peticiones de asilo en estos centros? ¿Dónde irían si su solicitud es aprobada ante la inexistencia de un sistema de reparto de la acogida establecido en la UE? ¿Quién se haría cargo de los que sean rechazados como merecedores de asilo? ¿Quedarían en el limbo legal de un tercer país?

Además, hay que recordar que hasta ahora ningún país se ha mostrado dispuesto a acoger este tipo de centros. El embajador de Túnez ante la UE lo rechazó inmediatamente.

Además de la ilegalidad, y de las cuestiones prácticas, no hay que olvidar que la externalización de fronteras, sobretodo en Libia, ha tenido un coste enorme en términos de vulneraciones sistemáticas de los DDHH.

Europa no vive una avalancha de llegadas como nos trata de hacer creer Salvini. De hecho, de enero a junio de 2018 las llegadas de refugiados e inmigrantes por el corredor central del Mediterráneo han caído un 77% en relación con 2017. Este tema está siendo usado de forma demagógica con ánimo de alimentar la xenofobia y el racismo.

Por ello es nuestra responsabilidad denunciar que el modelo de plataformas de desembarco fuera de la UE es innecesario, ilegal, vulnerador de los Derechos Humanos y supondría a mi entender la muerte del derecho de asilo tal y como lo hemos estudiado hasta hoy. Pedro Sánchez no puede aceptar esto de ninguna manera. España debe ir a la cumbre con el convencimiento de que la mejor solución es la que ha propuesto el Parlamento Europeo, la reforma del Reglamento de Dublín que regula la acogida de refugiados por parte de los Estados Miembros. Construir un sistema justo, comprometido y escrupulosamente respetuoso con la legalidad internacional debe ser la prioridad del Gobierno en esta cumbre.