Por una política migratoria europea más humana y más justa

El 20 de septiembre se publicaba el Nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Comisión Europea. Éramos muchas las que estábamos esperando estas nuevas líneas generales y que habíamos depositado esperanzas en una política migratoria común que cambiara el enfoque de la seguridad por un enfoque más basado en los Derechos Humanos. 

Lejos de basar la política migratoria en la acogida de personas migrantes y refugiadas, el nuevo Pacto cristaliza las políticas de control de fronteras y las amplía en cuanto a refuerzos de Frontex y a la externalización de fronteras. Por si fuera poco, el nuevo documento incluye una especie de “solidaridad a la carta” en la que los Estados miembro pueden decidir si acogen o si “patrocinan el retorno” de dichas personas a través de financiación a los países que más presión migratoria padecen. 

Este es el caso de España, un país fronterizo que ha tenido que gestionar prácticamente en solitario la presión migratoria en Ceuta, Melilla, Algeciras y ahora, principalmente, en Canarias. También es el caso de Grecia, Italia y Malta. Países, donde la derecha y la extrema derecha se han aprovechado de la acumulación de migrantes y refugiados en campamentos o en los CIE para hacer crecer las políticas del odio y el rechazo y con ello ganarse un puñado de votos. 

Sin duda, este nuevo Pacto supone una victoria para los países del norte y especialmente donde gobierna la extrema derecha que han condicionado la solidaridad de los distintos pueblos de Europa. Una solidaridad que se expresa constantemente a través de una sociedad volcada en la ayuda humanitaria y que se va desde las CCAA, los Ayuntamientos, entidades locales y las ONG profesionalizadas hasta las asociaciones de vecinos de los pueblos más pequeños de la geografía europea. Desgraciadamente, las distintas sociedades europeas han demostrado y están demostrando estar más a la altura que sus gobiernos en cuanto a humanidad se refiere.   

Ante esta situación, el Gobierno de España tiene un reto importante. Entendemos la dificultad que supone negociar a nivel europeo unas políticas distintas de las que hasta ahora la Unión Europea ha estado aplicando, pero tenemos el deber moral, y no sólo moral, sino también desde el punto de vista del Derecho Internacional, de estar a la altura de un reto migratorio y de refugiados que ACNUR estima sin precedentes a nivel mundial. 

Movidas por el desconocimiento de la posición que nuestro Gobierno quiere tomar en Europa, la pasada semana interpelamos a la Ministra de Exteriores González Laya. Cabe decir que la respuesta de la ministra nos agradó, por un lado, pero nos intranquilizó por otro. 

González Laya anunció en primicia seis posicionamientos a defender ante el resto de Estados miembro que queremos analizar. En primer lugar, el Gobierno cree que hay que ampliar e incrementar las capacidades e instalaciones de acogida, especialmente para mujeres y niños. Sin duda es una buena noticia si hablamos de acoger y en especial poner el foco en los más vulnerables, ahora bien, si de lo que estamos hablando es de ampliar las capacidades de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE), significa que vamos a ahondar todavía más en el problema que estos centros están generando cuanto a vulneración de Derechos Humanos. Los CIE y los CATE siguen privando de libertad a personas que no han cometido ningún delito sino una simple falta administrativa y que deberían poder gozar de libertad. 

La siguiente medida anunciada por la ministra nos parece del todo acertada. Se trata de la petición por parte del Gobierno del acceso a todos los servicios públicos básicos para todas las personas, independientemente de su condición migratoria, es decir, sin hacer distinción entre migrantes económicos o refugiados. En este sentido, es urgente que España de ejemplo con el centenar de menores en edad obligatoria de escolarización que viven en Melilla desde hace años, algunos nacidos en la propia Comunidad Autónoma y que siguen sin escolarizarse a pesar de la sentencia del Comité Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que obliga a España a escolarizarlos y del pronunciamiento del mismo Defensor del Pueblo. 

En tercer lugar, la ministra habló de un nuevo sistema ágil y solidario que permita el rescate y desembarque responsable de pateras interceptadas en alta mara. Esta también es una cuestión muy importante y cabe destacar que el nuevo Pacto de Migración y Asilo la recoge adecuadamente gracias a una resolución del Parlamento Europeo que por fin deja de criminalizar a las ONGs o embarcaciones de pesqueros que rescatan a personas en peligro de naufragio en alta mar, evitando así que sigan muriendo seres humanos intentando cruzar el mar sin condiciones para ello y cumpliendo con el derecho internacional. 

En cuarto lugar, el Gobierno va a apostar por procedimientos rápidos y con garantías para determinar si las personas que llegan son refugiadas, es decir, posibles demandantes de asilo o migrantes económicos. La verdad es que cuesta creer que se pueda ser rápido y garantizar los derechos humanos de dichas personas a la vez. Para asegurar esta cuestión no podemos basarnos en la nacionalidad o la procedencia de dichas personas puesto que hay países que no necesariamente están en conflicto donde también se vulneran los derechos humanos de las personas por razón de etnia, género, identidad de género, religión o tendencia sexual y que en estos momentos la UE y España los consideran “países seguros”. Es el caso de Marruecos, Argelia o Turquía. 

La quinta medida que el Ejecutivo español quiere impulsar es el retorno de todas las personas migrantes que han entrado de forma irregular y que no tienen derecho a protección internacional, según la UE. Como decíamos en el anterior punto, si el criterio es la procedencia o la nacionalidad, se puede considerar a personas que han sufrido vulneraciones de derechos humanos en origen y en tránsito, migrantes irregulares potenciales a retornar a sus países de origen cometiendo así una injusticia.

En sexto lugar, la ministra quiere apostar por vías de migración regular para luchar contra las mafias, aunque también es de la opinión, que no compartimos y que entraría dentro del marco de la criminalización de ONGs, de que hay personas u organizaciones “bienintencionadas” que fomentan las mafias intentando ayudar a personas irregulares a cruzar la frontera. Es de vital importancia que el Gobierno apueste por las vías legales y seguras para luchar contra las mafias y para poder garantizar un auténtico cumplimiento de los derechos humanos. Sólo consiguiendo visados en origen o en tránsito podemos garantizar que estas personas lleguen a Europa sin ser explotadas o maltratadas por organizaciones criminales y sin necesidad de reforzar con cantidades ingentes de dinero los controles policiales de nuestras fronteras. Es mejor que esa financiación la destinemos a la acogida e inserción de estas personas que al fin y al cabo sólo buscan su supervivencia o una vida mejor para ellas y sus familias. 

Discrepamos con el Gobierno de que los acuerdos que tiene España con Marruecos en política migratoria sean un ejemplo a seguir para el resto de la Unión Europea, pues son un claro modelo de externalización de fronteras y de delegación de nuestro deber de acogida y de respeto por el derecho internacional, a países terceros donde se vulneran sistemáticamente los derechos de estas personas.

Por otro lado, vemos con muy buenos ojos que el Gobierno quiera promover una diplomacia humanitaria, una diplomacia pública que desde siempre han ejercido actores civiles y españoles al servicio de la cooperación y de la solidaridad y que sin duda son siempre nuestra mejor carta de presentación internacional y nos ayudan en las buenas relaciones con países terceros. 

Finalmente, la ministra anunció que dichas medidas se discutirán el 26 de noviembre en la reunión de Vecindad Sur en Barcelona, esperemos que con la moción que próximamente se va a debatir en el Senado tengamos tiempo de matizar algunas de estas medidas y de llevar una postura consensuada a través de un proceso de participación con las distintas CCAA, Ayuntamientos, ONGs y demás actores civiles tal y como pide la propia moción.