Proteger a las personas en lugar de expulsarlas

El debate sobre la migración en la Europa está alcanzando escandalosos niveles de bajeza moral. La Unión Europea y sus Estados miembros llevan años utilizando acuerdos sucios para externalizar sus responsabilidades fronterizas a terceros países y detener allí a los migrantes y refugiados. Cada vez se destina más dinero a proyectos y actores que están claramente implicados en violaciones de los derechos humanos o que son sospechosos de lucrarse con el tráfico y la trata de personas. En Libia, los migrantes son objeto de secuestro, tortura y esclavitud cuando los guardacostas libios los recogen en el mar y los llevan de vuelta al país del que salieron huyendo. Y lo hacen con el apoyo explícito de la UE.

Los responsables comunitarios son plenamente conscientes de ello. El Tribunal de Cuentas Europeo ha confirmado recientemente lo que sabemos desde hace tiempo: la UE tiene un historial desastroso en lo que se refiere al uso del dinero de los contribuyentes. Pero en lugar de afrontar las consecuencias, busca intensificar la cooperación con países transfronterizos, porque esta estrategia forma parte de una política de disuasión. Es decir, usar la fuerza como elemento disuasorio y mantener a la gente huyendo de un lugar para otro, buscando nuevas vías de entrada que ponen cada vez en mayor riesgo sus vidas. Esta estrategia no solo favorece a esos actores cuestionables, sino que también puede alimentar a largo plazo dinámicas de conflicto, que pueden desencadenar de nuevo en la huida de más personas de su país de origen. Y lo que es más importante, se traduce en la pérdida de vidas humanas cada día.

A pesar de ello, algunos políticos siguen convencidos de que las estrategias de disuasión actuales no son suficientemente eficaces. Por eso van más allá y pretenden externalizar los procedimientos de asilo a terceros países. Así, a quienes llegan a Europa tras huir de sus países de origen —a veces durante mucho tiempo— y buscan protección en nuestras fronteras se les lleva a un país que esté fuera de la UE; lo más lejos posible. Allí tendrán que someterse a un procedimiento de asilo y, si tienen suerte y éxito, se les permitirá regresar a la UE.

Tanto la legislación internacional como la comunitaria no contempla medidas de este tipo. Sin embargo, esto no ha impedido a los partidarios de este modelo intentar esa fórmula. El grupo de países de la UE que promueve este planteamiento dejó claro en una carta a la Comisión Europea que la normativa de asilo de la UE podría modificarse si fuera necesario. Y ello a pesar de que, tras ocho años de duras negociaciones, se acaba de aprobar la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, que introduce graves restricciones de acceso al sistema de protección en Europa.

La externalización de los procedimientos de asilo no es una idea innovadora. Este modelo ya se ha aplicado en el pasado en Australia, Reino Unido o Turquía, pero no se ha demostrado que tenga el efecto disuasorio que a menudo se afirma. Esto se debe en parte a que el modelo viola la legislación nacional e internacional, pero también a que casi ningún país tercero está dispuesto a firmar un acuerdo de este tipo. E incluso si lo hacen, solo será sobre la base de importantes compensaciones financieras y políticas, lo que conducirá, inevitablemente, a una mayor dependencia.

Los costes de este sistema son, además, enormes. El fallido acuerdo con Ruanda ya ha costado al contribuyente británico más de 830 millones de euros. Si se hubiera llevado a cabo, se habrían gastado más de mil millones de euros. El actual acuerdo de Italia con Albania costará casi 670 millones de euros a lo largo de cinco años, con costes adicionales para jueces, personal de seguridad y médicos.

Pero el mayor daño causado por los modelos de externalización es el humano. Buen ejemplo de ello es el caso de Australia. En 2001, el país tomó la decisión de enviar a los solicitantes de asilo que llegaban al país por mar a las islas de Papúa Nueva Guinea y Nauru. Miles de personas fueron encerradas indefinidamente en condiciones inhumanas, y las consecuencias psicológicas fueron masivas. Nuestros equipos estuvieron en Nauru proporcionando apoyo psicológico: el 60% de los pacientes tenían pensamientos suicidas y el 30% había intentado suicidarse, según el informe que publicamos en 2018.

Muchos refugiados que han huido de una violencia brutal no imaginaban que acabarían encerrados en condiciones similares a las de una prisión, sin perspectivas, sin saber cómo, cuándo o si podrán continuar con sus vidas. Y esto es inaceptable.

Externalizar la responsabilidad

Si los Estados europeos siguen adelante con los planes de reubicación, dañarán la credibilidad de la UE y del régimen internacional de refugiados. Seamos claros: tres cuartas partes de los refugiados de todo el mundo viven en países de ingresos bajos y medios. Si los países occidentales están externalizando su responsabilidad, no deberían esperar que países que están mucho peor económicamente sigan acogiendo y cuidando a los refugiados.

Tomemos el ejemplo de Chad. En este país, uno de los más pobres del mundo con 18 millones de habitantes, más de 600.000 personas han encontrado refugio tras huir del vecino Sudán, sumido en una cruenta guerra civil desde hace un año y medio. La comunidad internacional no ha conseguido movilizar ayuda suficiente para los refugiados. 

Allá por 2021, Filippo Grandi, Comisario de la ONU para los Refugiados, advirtió de una espiral descendente en la protección internacional de los refugiados y afirmó que seguiría pidiendo “a países como Líbano, Uganda o Bangladesh, que ya han acogido a millones de refugiados, que cumplan con sus obligaciones internacionales. Europa debe aceptar su responsabilidad y dejar de eludirla con nuevas vallas fronterizas, rechazos y acuerdos de reubicación”.

Desde MSF queremos dejar claro que externalizar los procedimientos de asilo no es una solución. Es solo más de lo mismo. A escala europea, se están impulsando medidas cada vez más brutales y se está deshumanizando a las personas que buscan protección. Esto pone en peligro su salud, atenta contra su dignidad y derechos y tiene un impacto inevitable también en las poblaciones europeas.

Debemos parar este sinsentido. Para ello, necesitamos un replanteamiento y un cambio hacia políticas que no presenten constantemente a quienes buscan protección como una amenaza. La obsesión por reducir la migración irregular nos impide abordar las causas reales de la huida, como las guerras y los conflictos. Ahí es donde deberíamos centrarnos.

Además, la cooperación en política migratoria con terceros países debe someterse a un riguroso escrutinio y, si es necesario, suspenderse si no hay garantías de cumplimiento de los derechos humanos. La Comisión Europea debe desempeñar aquí un papel decisivo, velando por un cumplimiento coherente de la legislación comunitaria y poniendo fin a las prácticas que violan los derechos humanos en las fronteras exteriores. Además, debe restaurar su credibilidad como defensora de los derechos humanos y allanar el camino para una política migratoria humana y sostenible.