Lo del PSOE con la vivienda es un escándalo

Veo con alegría las manifestaciones masivas que vuelven a convocarse por toda España exigiendo la regulación del mercado de la vivienda ante los precios imposibles de pagar por la mayoría de la población. Al mismo tiempo, reconozco que me produce amargura e indignación recordar el largo historial de decepciones que el PSOE le ha propinado al movimiento por el derecho a la vivienda en España a lo largo de los años. 

En mi caso concreto, una tiene ya una edad: primero como activista y luego como Alcaldesa, acumulo casi dos décadas de interpelaciones, reuniones y compromisos incumplidos con los máximos responsables socialistas de cada momento. Ya sea a nivel local, autonómico o estatal, siempre ha ocurrido lo mismo: el PSOE ha actuado como partido de la patronal inmobiliaria, legislando prácticamente igual que la derecha, facilitando la especulación, impulsando la burbuja inmobiliaria que arruinó a cientos de miles de familias e inyectando dinero público que, aunque se disfrace de ayuda a los jóvenes o al alquiler, termina en los bolsillos de los sectores rentistas, aumentando sus beneficios y subiendo los precios. Tras 50 años de democracia (mira si han tenido tiempo), España es de los países de la UE con menos vivienda social: tan sólo un 1% del total del parque habitacional. 

El PSOE sólo se ha movido parcialmente cuando fuertes movilizaciones ciudadanas han forzado un debate público (el movimiento vecinal, VdVivienda, la PAH, el 15M y ahora los sindicatos de inquilinas), o cuando han perdido apoyo electoral y se han visto obligados a gobernar en coalición con nuevas fuerzas políticas, como Unidas Podemos o Sumar. Y aun así, hoy Pedro Sánchez mantiene a una ministra de Vivienda que avergüenza a cualquier alma progresista que se crea mínimamente el derecho a la vivienda. Una ministra que ya debería estar cesada, tras afirmar que la emergencia habitacional en el alquiler se puede resolver apelando a “la solidaridad” de los propietarios y con unas pocas ayudas a los jóvenes que terminarán en manos de esos propietarios. Una ministra que no es una excepción, sino lo habitual entre las filas socialistas. 

Hay que recordar que el propio Pedro Sánchez se comprometió conmigo como Alcaldesa, en 2018, a regular los alquileres, algo que nuestro espacio político impuso a continuación en el pacto de coalición del PSOE con Unidas Podemos, pero que el mismo Sánchez retrasó hasta mayo del 2023. Cinco años perdidos con los alquileres subiendo a lo loco, con el también socialista y exalcalde de Barcelona, Joan Clos, presionando en contra de la ley en su cargo de representante de las grandes inmobiliarias españolas (ASVAL). La ley se acabó aprobando por la presión social y por nuestra presencia en el gobierno, pero… el partido socialista se negó a incluir en la regulación los alquileres de temporada, a pesar de que les avisamos en privado y en público de que se convertiría en la puerta trasera por la que los grandes propietarios evitarían aplicar la ley. Y así estamos, oh sorpresa, en octubre de 2024 con el PSOE –nuevamente bajo presión social– diciendo que quizás haya que hacer algo con los alquileres de temporada. Pero nada de regular, ¿eh? Dicen que con un registro oficial obligatorio ya sería suficiente. Seguro que la idea sale del mismo sector inmobiliario, porque así llevamos décadas, con un partido socialista que dice que hará políticas de vivienda para la gente, pero, al final… ¿dónde cae la bolita? Siempre a favor de los sectores rentistas y especuladores. 

Sin embargo, quiero continuar este artículo en positivo porque, por mucho que se quiera silenciar desde las élites económicas y mediáticas, sí se puede resolver el problema de la vivienda en España. Quiero reivindicar con mucho orgullo las políticas de vivienda que impulsamos en Barcelona entre 2015 y 2023, y señalar que, si esas mismas políticas se escalaran a nivel autonómico y estatal, estaríamos cerca de garantizar el derecho a la vivienda, tan bien explicado en la sacrosanta Constitución y tan pisoteado por el PP y el PSOE. 

A pesar de que la mayoría del presupuesto y de competencias legislativas y de creación de vivienda social son de las Comunidades Autónomas y del Estado, en Barcelona demostramos que se podía hacer mucho más de lo que nos habían dicho. Fuimos la primera administración en alertar de la burbuja del alquiler y reclamar una regulación de los precios en 2016, pero no nos limitamos a presionar al gobierno central. Aprendiendo de los movimientos sociales y de otras experiencias internacionales, en 8 años no sólo logramos casi doblar el parque público de vivienda que nos encontramos al llegar, sino que cambiamos el paradigma de las políticas de vivienda. 

Hicimos más vivienda social que Generalitat y Estado y nos aseguramos de que nunca más se volvería a privatizar suelo municipal ni se harían con dinero público viviendas en propiedad que luego han terminado en el mercado especulativo. Innovamos e hicimos muchas políticas que, cuando las reclamábamos desde el activismo, el PSC respondía que eran imposibles por problemas competenciales o por viabilidad económica. Excusas que quedaron desmentidas cuando hicimos realidad un servicio municipal de mediación que, junto a los movimientos en los barrios, logró detener el desahucio del 90% de los casos de familias vulnerables que se ponían en contacto con el Ayuntamiento, negociando soluciones alternativas como un alquiler social. O cuando, en 2015, no había una sola cooperativa en cesión de uso y sin embargo hoy Barcelona lidera un acuerdo con la Federación de cooperativas que ha hecho posible en 8 años más de 1.000 apartamentos en régimen cooperativo en cesión de uso (los usuarios gozan de estabilidad, pagan una mensualidad parecida a un alquiler, pero el suelo se mantiene público y no se puede especular con esas viviendas). O cuando creamos un nuevo departamento municipal de disciplina inmobiliaria para terminar con los abusos de los grandes propietarios. O cuando cerramos miles de pisos turísticos para que volvieran a ser residenciales y nos enfrentamos a Airbnb, algo que varias ciudades europeas acabaron imitando. O cuando pusimos multas a inmobiliarias que cometían acoso contra los inquilinos o practicaban desalojos ilegales. O cuando usamos la normativa urbanística para tener preferencia en la compra de edificios en zonas céntricas y ampliar así el parque público no sólo con construcción directa, que es muy lenta. O cuando introducimos el concepto de corresponsabilidad del sector inmobiliario al obligarles a ofertar un 30% de los pisos de nuevos edificios o rehabilitaciones a un precio protegido, una medida que ahora los socialistas quieren desmontar por presión del sector. 

Si todas estas medidas, y muchas otras que no puedo detallar aquí por motivos de espacio, se escalaran a nivel autonómico y estatal, el sector especulativo recibiría el mensaje claro de que en España no se puede especular de forma salvaje con la vivienda como se ha hecho hasta ahora. 

Hoy el Alcalde socialista de Barcelona vive de rentas, haciéndose fotos e inaugurando los pisos que nosotros dejamos en construcción. Pero se negaba a aprobar una normativa urbanística que dejamos preparada para evitar que los alquileres de temporada burlen la ley que regula los alquileres. Por eso lo hemos recuperado como condición indispensable si quiere que votemos a favor de sus presupuestos. Y así es el partido socialista: si lidera las instituciones, se pliega a las élites para evitar conflictos con quien manda de verdad. En cambio, si la correlación de fuerzas los sitúa como socio minoritario de una coalición progresista, tal y como pasó en Barcelona los últimos dos mandatos, se ven obligados a plantearse medidas reales para regular el mercado de la vivienda. Y de fondo, la verdad más rotunda de todas: sólo si la sociedad se moviliza, se puede confrontar el enorme negocio especulativo de este país. Mucho de lo que hicimos en Barcelona nos provocó una guerra sucia de fakenews y lawfare contra varias de nosotras. Pero por mucho que se inventaran que yo me había comprado casas lujosas (aprovecho para recordar que no tengo ninguna propiedad, vivo de alquiler en el mismo piso de siempre y he donado parte de mi sueldo todos estos años), o que nos llevaran a declarar al juzgado con querellas que luego acaban en nada, no titubeamos ni un segundo porque sabíamos que había un movimiento ciudadano fuerte y movilizado para defender el derecho a la vivienda. Así que larga vida a las manifestaciones que hemos visto crecer en los últimos meses, y que sean muchas más.