Cinco reformas urgentes del bono social que lo harían más justo y accesible
La comparecencia de la ministra Teresa Ribera de la pasada semana en el Congreso ha dejado claras dos cosas. La primera: que antes de fin de año va a meterle mano a dos de las políticas más nefastas del legado Soria-Nadal, reformando el autoconsumo y el bono social. Y la segunda: que las prometidas reformas en el sector de la energía, de momento, no plantean un ataque frontal a la línea de flotación del oligopolio.
Hay que agradecerle a la nueva ministra, ya desde sus primeras intervenciones públicas, que, a diferencia de sus predecesores, no insulte la inteligencia de quien escucha y a quien representa. Así, mientras el Gobierno de Rajoy fiaba el precio de la luz al mercado y a las circunstancias meteorológicas, minimizaba la responsabilidad del Gobierno y daba como solución a los problemas del sector la construcción de nuevas infraestructuras energéticas, Ribera aparece en la escena política sin grandes artificios, poniendo sobre la mesa un tema tan clave, como poco debatido, como el sistema de fijación de los precios de la electricidad.
La ministra pone en tela de juicio la retribución justa o posible de las diferentes tecnologías de generación y su influencia en lo que pagamos. Ya no es un mercado abstracto el responsable de nuestros males, es un mecanismo concreto, una regulación, y son tecnologías y empresas con nombres y apellidos. En el actual modelo marginalista, el precio de la tecnología más cara fija el de toda la generación eléctrica. Este mecanismo, diseñado 20 años atrás, en un sistema falsamente liberalizado, legaliza y legitima la especulación permanente, con un bien tan esencial como es la energía. Y sin tocar esto, es imposible detener la escalada de precios. Estamos en manos de las eléctricas.
Ribera lo sabe y las eléctricas, también. En su intervención del otro día, la ministra anunció sin concretar. Pero, ¿es posible reformar este sistema con un marco legal tan finamente atado a los intereses del oligopolio? ¿Cómo hacerlo con la actual correlación de fuerzas del Congreso y con el tremendo poder que ejercen estas empresas sobre algunos partidos imprescindibles para que una reforma así salga adelante?
Todavía no podemos saber si el alto nivel de abstracción de las medidas que plantea Ribera, a medio plazo, responde a una prudencia estratégica o a la ausencia de valentía política. Pero, donde vamos a comprobar en el corto el carácter de la ministra es en la reforma del bono social.
Recordemos que, el bono social eléctrico es la única ayuda estatal que tenemos para paliar la pobreza energética. Creado en 2009 por Zapatero, el bono primigenio suponía un 25% de descuento del coste de la energía consumida y la potencia contratada de la factura eléctrica. Durante los 5 años de José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria se mantuvo el bono social intacto, a pesar de los sucesivos informes que alertaban del aumento de la pobreza energética. Tras la renuncia de Soria, por mentir sobre su aparición en los Papeles de Panamá, Álvaro Nadal impuso una reforma del bono social en 2017, contestada por todos los colectivos afectados, que, aunque incluye algunas mejoras, supuso un desbarajuste tal, que, de no aprobarse la moratoria anunciada por Ribera, estaría dejando fuera del bono al 75% de las familias que se beneficiaban de esta ayuda.
Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, a mediados de este verano sólo 715.000 usuarios habían podido acogerse al nuevo bono, frente a los 2,4 millones de clientes que eran beneficiarios del antiguo. Estos datos son la brutal evidencia de la penosa política del Gobierno del Partido Popular en materia de pobreza energética. Su acción política ha pasado de la nada al desastre.
Ribera ha anunciado que mantendrá el actual bono y aprobará mejoras de urgencia. En lo que se refiere a los criterios de acceso, incluirá a las familias monoparentales y a las personas que viven solas. Ha prometido ampliar la cobertura, y para ello, los niveles de renta; Respecto al procedimiento de concesión, promete simplificarlo. Finalmente, Ribera ha anunciado un bono para otros suministros energéticos. Y hasta aquí bien, estos serían grandes avances. Pero, es oportuno preguntarse si dichas reformas van al corazón del problema.
¿Dónde estamos? Los últimos datos hablan de que 4,6 millones de personas residentes en España no fueron capaces de mantener su casa caliente durante los meses de frío y que 6,8 millones, el 15% de la población, sufrieron temperaturas inadecuadas en la vivienda, retrasos en el pago de recibos o ambas situaciones. El nuevo bono ha llegado a 715.000 hogares, un porcentaje ridículo ante la magnitud del problema. Ahora bien, de lo que no se habla, es de que sólo pueden solicitarlo las personas que contraten la luz con una comercializadora de referencia, es decir, en una de las ocho empresas que operan en España en esta categoría, entre las que están las cinco del oligopolio, en su versión regulada: Naturgy, Endesa, Iberdrola, Viesgo, EDP; CHC y las comercializadoras de Ceuta o Melilla. No hay más.
Entonces, ¿qué pasa con los 15 millones de clientes/as del mercado libre? ¿Qué pasa con las personas que tienen la luz con alguna de las 728 comercializadoras que no son de referencia? Pues que están excluidas del bono social y de toda protección contra el corte de suministro. Nadal vinculó la definición del consumidor vulnerable en riesgo de exclusión a la renta, pero también a la compañía eléctrica. Con ello, sólo son sujetos de derecho frente a cortes de los clientes de las comercializadoras de referencia, que se beneficien del bono social y sean ayudados en el pago del recibo en un 50% o más por los ayuntamientos o comunidades autónomas. Es decir, que uno no es vulnerable por su situación económica y familiar, sino por la compañía con la que tiene contratada la luz. En la ciudad de Cádiz, este criterio supone dejar fuera del bono social a más del 80% de la población por tener la luz con la empresa local (Eléctrica de Cádiz).
La ministra Teresa Ribera anunció que su reforma incluirá el principio de precaución, sin definirlo. Tomando como obligada referencia la Ley Catalana 24/2015, la más avanzada en la protección del consumidor/a vulnerable, el principio de precaución implica que la empresa no pueda cortar suministro sin antes comprobar si el titular está en situación de vulnerabilidad. ¿Aplicará Ribera el principio de precaución a todas las familias o dejará fuera a 15 millones de clientes de las comercializadoras del mercado libre?
Con ánimo de enriquecer el debate, a continuación se proponen cinco propuestas encaminadas a hacer del bono social una ayuda no discriminatoria, más justa y accesible, que suponga un avance en el tortuoso, pero imprescindible, camino del derecho a la energía.
1: Que todas las comercializadoras puedan facilitar el bono social.
Es de cajón. Con ello, además de llegar a la mitad de la población excluida, se evitaría el trasvase de clientes a las empresas del oligopolio y se fomentaría la competencia en el sector. De esta manera, podrían ofrecer el bono todas las empresas que lo desearan, entre otras, las cooperativas energéticas de no lucro, que comercializan sólo energía renovable y apuestan por la democratización de la energía. Dejaría así de ser incompatible para un cliente el acceso al bono social, con tener la luz contratada con una empresa ética, que no practique el perverso juego de las puertas giratorias.
2: Mejora obligatoria de los contratos a las familias vulnerables.
El descuento del bono social se aplica hoy por hoy sobre una potencia contratada y una tarifa que nada tienen que ver con las necesidades de la familia. No sólo se trata de flexibilizar la contratación de la potencia sino, de optimizar el contrato antes de aplicar el bono, para dejar de regalarle dinero público a las eléctricas. La empresa debería indicar a cada cliente qué potencia necesita, en base a su demanda real, y la tarifa más económica (Tarifa con Discriminación Horaria 2.0DHA) y facilitar estos cambios cuanto antes.
3: Aplicación automática de la ayuda, como en Portugal.
El procedimiento de concesión del actual bono tarda meses, ha dejado a la mitad de los solicitantes fuera y colapsado de trabajo los Asuntos Sociales de los municipios. Se propone aplicar el descuento de manera automática, como se hace en Portugal desde julio de 2016 con la tarifa social. ¿Cómo? La Dirección de Energía cruza datos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Verifican qué clientes reúnen los requisitos y lo aplican directamente. Así, en Portugal los beneficiarios han pasado de 140.000 a 820.000.
Propuesta 4: No bonificar la luz a familias numerosas de alta renta.
No tiene justificación alguna que se aplique el descuento del bono social del 25% a familias numerosas de alta renta, mientras la gente que realmente lo necesita no tiene acceso al mismo. Es una cuestión ética, dejar de privilegiar con ayudas públicas a sectores no necesitados a cambio de votos. Sería oportuno incluir un tope de renta.
5: Que las eléctricas financien el bono en base a su volumen negocio.
El actual sistema de financiación pone el peso del bono social en las espaldas de las comercializadoras, que son las que gestionan la parte más pequeña del pastel eléctrico. Pagan las que menos ganan y lo hacen en proporción al número de clientes. Esto penaliza fuertemente a aquellas centradas en el sector doméstico. Empresas como Som Energía o Eléctrica de Cádiz, tienen que entregar más del 30% de sus beneficios para financiar un bono que, no pueden ofrecer a sus clientes. ¿Imaginan a Iberdrola o a Endesa dando el 30% de sus beneficios al Estado para costear una ayuda social?
En este sentido, la ministra pretende incluir el coste del bono social en los Presupuestos Generales del Estado. Esto supone claudicar ante las eléctricas. Si el oligopolio está sacando miles de millones cada año del negocio eléctrico, debe contribuir con sus propios recursos a paliar una pobreza energética de la que son corresponsables. El bono social debe ser financiado por las energéticas, contribuyendo en base al volumen de su negocio y beneficios. La normativa europea lo permite. Se trata de diseñar un mecanismo no discriminatorio y el Estado tiene recursos para hacerlo. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. ¿Lo recurrirán? Seguro. Pero, la obligación de una representante pública es, defender los intereses de las mayorías sociales y de los más vulnerables. O al menos, intentarlo.
