Saldar la deuda del amianto

15 de marzo de 1977: militantes de unas aún clandestinas Comisiones Obreras de la fábrica de Uralita de Sevilla desafían la represión de una moribunda dictadura con una rueda de prensa en la que denuncian los efectos letales del amianto con el que trabajan a diario. 14 de diciembre de 2001: el Boletín Oficial del Estado publica la Orden Ministerial que prohíbe en España el uso de cualquier variedad de amianto que se hace efectiva a partir de junio de 2002.

Entre ambas fechas media un cuarto de siglo en el que los diferentes gobiernos de nuestro país, al igual que venían haciendo los gobiernos franquistas, permitieron que la población laboral y la población en general se vieran expuestas a un cancerígeno agresivo aun a sabiendas del coste en salud y vidas que suponía. Y todo ello para garantizar las ganancias de unas empresas que lucraron comerciando con este asesino silencioso.

2 de mayo de 2022: en un Juzgado de lo Social de Ciudad Real se celebra el juicio contra la antigua Uralita por el fallecimiento por mesotelioma pleural de uno de los extrabajadores de su factoría de Alcázar de San Juan. La única causa posible del mesotelioma que le mató son las fibras de amianto que inhaló mientras trabajaba. Sin embargo, el abogado de CCOO que presta sus servicios a la familia tiene dudas de la posibilidad de cobrar una posible indemnización porque la empresa sucesora de Uralita es una sociedad en liquidación tras un concurso de acreedores.

Soy vasco, de Bizkaia, un territorio con alta presencia industrial en el que el amianto formaba parte del paisaje. Y todavía sigue haciéndolo. En mis años como secretario de CCOO de Euskadi tuve contacto directo con decenas de víctimas del amianto a las que el sindicato daba asesoría y cobertura legal en sus reclamaciones. Viví en primera persona el calvario al que se ven sometidas en un peregrinaje de solicitudes administrativas, litigios y recursos judiciales interpuestos por las empresas, las Mutuas e incluso el propio Instituto Nacional de Seguridad Social. A la lógica incertidumbre se le une un retraso de años que supone que la sentencia firme y la indemnización suela llegar tras la muerte de la persona afectada. Y eso cuando todavía existe la empresa donde se produjo la exposición o se puede establecer la sucesión de empresas. Cuando la empresa ya no existe, cuando la exposición tiene un origen ambiental, o en los casos de las mujeres que lavaban la ropa de trabajo de sus maridos y terminaron enfermando, el resarcimiento por los daños está seriamente comprometido.

Para evitar esta injusticia social, Francia creó hace dos décadas un fondo de compensación a las víctimas del amianto, un organismo público que indemniza a las personas enfermas y a las familias de las fallecidas, y que se financia por aportaciones en los presupuestos del Estado, por fondos de Seguridad Social y por las indemnizaciones obtenidas a través de la subrogación del derecho a litigar a favor del Fondo. A su imagen y semejanza se crearon fondos de compensación en Bélgica y Países Bajos. El Parlamento Vasco (con votos de PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) aprobó una proposición de Ley para su creación, que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Los sindicatos y las asociaciones de víctimas del amianto creíamos que estábamos cerca de que saliera adelante un Fondo que veníamos reclamando desde hace muchos años. Pero en la recta final de su tramitación nos hemos encontrado con unas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que vulneran el espíritu de la proposición de Ley del Parlamento Vasco. Ubican el fondo en el IMSERSO, en lugar del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, sobre todo, impiden la financiación con fondos de Seguridad Social. De salir aprobado el Fondo con un modelo insuficiente de financiación como el que se propone en las enmiendas, nos veríamos abocados a un instrumento inoperante que no podría cumplir con el objetivo de resarcir al conjunto de las víctimas.

Las víctimas del amianto ya han padecido demasiadas injusticias y el terreno que hasta ahora han ido ganando en el ámbito judicial lo ha sido por su movilización y su lucha en los tribunales. Estas conquistas, fruto de una lucha de años, sufrirían un enorme retroceso de prosperar las enmiendas citadas. El Estado y la sociedad en su conjunto tenemos contraída una deuda con unos compatriotas que jamás deberían haber enfermado. Ha llegado la hora de saldarla. No podemos fallarles y mucho menos el actual Gobierno.