Cinco soluciones para erradicar la pobreza energética que están en manos del oligopolio

Aumenta la pobreza energética en nuestro país, independientemente del indicador o la definición que se escoja. Hay más familias que no pueden climatizar su hogar a una temperatura adecuada, más familias que tienen que elegir entre comprar comida o pagar un recibo de la luz, y más familias que viven con la angustia de la amenaza del corte. Y tras él, las velas, el frío y el aislamiento social. La pobreza energética no está resuelta ni de lejos. 

Dice el 4º informe de la Asociación de Ciencias Ambientales “Pobreza Energética en España 2018”, presentado el lunes, que si tenemos en cuenta el indicador de gastos desproporcionados (más del 9% de su renta) y/o si se tiene en cuenta el indicador de pobreza energética escondida, en 2016 un 29% de la población del país estaría en dificultades relacionadas con el abastecimiento energético. Señala también que 6,8 millones de personas (15% de la población), estarían sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda, retraso en el pago de recibos, o ambas cosas. De estas personas, 2,8 millones declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6% de la población). 

Tenemos un problema social de primer orden, y el Gobierno hace como si esto no fuera con él, a pesar de tener principal competencia en materia de energía. Ha pasado de la negación de su existencia en la legislatura pasada, a la regulación fallida. Y mientras, los ayuntamientos, que  parecen máquinas expendedoras de pagar recibos, son los que dialogan y buscan soluciones. Esta semana han tenido lugar tres jornadas relacionadas con la pobreza energética en Barcelona, Madrid y Valencia que han abordado el análisis de la situación, experiencias y soluciones. Tres jornadas bien diferentes, tanto por la manera de organizarse, como por los participantes, patrocinadores y el foco de las soluciones. Sin embargo, hay que destacar, que en todas ellas, se ha calificado la reforma del bono social del Gobierno como un desastre. 

Y es que, aunque el “nuevo” bono social podría beneficiar potencialmente a 9 millones de personas, frente a los 6 millones (2,3 millones de hogares), que disfrutaban del él antes, resulta que solamente 170.000 solicitantes han logrado acceder al mismo. Es decir, que nos enfrentamos a la caída en picado de los beneficiarios y beneficiarias de la única ayuda contra la pobreza energética existente a nivel estatal y única medida desarrollada por el Gobierno de Mariano Rajoy en esta legislatura. 

El bono de Rajoy deja fuera a la mayor parte de las familias que lo necesitan, bien porque han rechazado su solicitud, debido a lo complicado del procedimiento; bien porque no entran en los muy cuestionables requisitos de acceso; bien porque no se han enterado de su existencia o  porque, sencillamente, tienen la luz contratada con una de las 662 comercializadoras de este país que NO pueden ofrecerlo, porque el Gobierno sólo ha querido que lo den las 8 comercializadoras de referencia (entre las que están las 5 del oligopolio en su versión regulada y 3 más). Eso sí, el bono social lo tienen que pagar todas las comercializadoras solidariamente en base al número de clientes, llegando algunas a tener que aportar el 40% de sus beneficios anuales, para costear un bono social que no pueden ofrecer a sus clientes. Muy bien pensado esto. ¿Imaginan a Endesa o Iberdrola aportando el 40% de sus beneficios para pagar una ayuda? Pues esto es lo que le exige el Gobierno a las pequeñas, convirtiendo el bono en un arma de destrucción masiva de la competencia, en manos del oligopolio. 

Más allá de hablar de la calamidad del bono social, en estas jornadas se han compartido perspectivas, preocupaciones y propuestas. ¿De qué tipo? En algunos casos, la pobreza energética se ha planteado como un problema técnico o de procedimiento. “Las familias quieren pagar, pero a veces no pueden” dijo en Valencia la representante de Gas Natural, que habló de las medidas del plan que tiene en marcha dicha empresa (Plan de Vulnerabilidad con 4,5 millones de presupuesto, según dijo), que son: Las facilidades en el pago mediante su flexibilización o fraccionamiento, un teléfono de atención a personas vulnerables en el que se les “ayuda” y la formación de los trabajadores de dicha empresa, para que “se sensibilicen con lo que es la pobreza energética”, entre otras. 

También se ha destacado en dichas jornadas el enorme desconocimiento de la población respecto a las cuestiones más simples relacionadas con la energía y la necesidad imperiosa de formación, acompañamiento e información veraz. Para ayudar, hay que empoderar a las familias, esto parece claro. 

Sin embargo, por parte de organizaciones como la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, representantes de los ayuntamientos y multitud de organizaciones del tercer sector, se tiene claro que no hablamos de un problema técnico, sino de un enorme problema político y social que hunde sus raíces en el modelo de democracia. Hablamos de pobreza energética como consecuencia de un sistema que prioriza el lucro, sobre las necesidades de las personas. Y por tanto, las soluciones pasan por darle la vuelta al modelo y construir los pasos que permitan avanzar en el derecho a la energía. Hablamos de cambiar las prioridades y para ello, es imprescindible generar alianzas. Se habla, por tanto, de unión para hacer frente juntas al tremendo poder del oligopolio y su perversa influencia sobre los reguladores. 

Porque, no podemos obviar que las empresas del oligopolio podrían ser corresponsables de la pobreza energética y de sus consecuencias, entre ellas, de las 7.000 muertes prematuras, que tienen lugar en España cada año por esta causa. ¿Acaso no son conscientes de la angustia que causan en millones de hogares? Si no lo conocen, no será porque no tienen medios. Los señores de sus flamantes consejos de administración pueden aprender mucho del tema, pasando una mañana en las oficinas de atención al cliente de sus empresas o en cualquier delegación municipal de Asuntos Sociales. Hay millones de familias desesperadas con la energía. 

El diálogo con estas empresas es necesario, esto es cierto. Si el oligopolio facilitara mínimamente la gestión de los cambios en los contratos, la gente se ahorraría mucho sufrimiento y tiempo. De ahí a resolver la pobreza energética va un trecho. El presupuesto en publicidad y patrocinios de las empresas del oligopolio es ilimitado, por lo que es seguro que cuanto más preocupe la pobreza energética, más escuchemos sus “alternativas”. 

Si realmente quisieran combatir la pobreza energética, cualquiera de estas cinco medidas sería buena para empezar. Todas ellas tendrían un impacto inmediato en la reducción de la misma: