¿Quién teme a las cláusulas sociales en la contratación?
Cuando llegamos al área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y nos sentamos a diseñar las políticas estratégicas que pretendíamos implantar, detectamos dos graves problemas en la contratación pública madrileña: el de la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de servicios públicos prestados a través de grandes contratas; y el de la sombra de la corrupción acechando tras cada nuevo escándalo de nombre alemán o cartaginés (véase, Gürtel o Púnica). Para hacer frente a la fiscalización de la acción de gobierno anterior y evitar con normas y nuevas formas de gobierno que se pudieran volver a producir esas deplorables prácticas, pusimos en marcha una subdirección de Auditoría de la Deuda y las Políticas Públicas y una Comisión de Investigación. Sin embargo, en el ámbito de la acción positiva de transformación, uno de los retos más importantes es el de afrontar el futuro con audacia y responsabilidad, por lo que elaboramos una Estrategia de Contratación Responsable.
No se trata, ni mucho menos, de un tema baladí ya que las Administraciones Públicas adquieren bienes y servicios en cantidades muy significativas. Más del 18% del Producto Interior Bruto en el caso español, por lo que es evidente la enorme influencia positiva que puede suponer en la sociedad en su conjunto, la contratación pública responsable. Mejorar los criterios de baremación a través de los cuales se eligen a las empresas para que presten servicios a la ciudadanía, está comenzando a ser un objetivo prioritario para muchos ayuntamientos: Zaragoza, Barcelona, Avilés, Valencia… son ejemplos claros de que algo está cambiando en la forma de gestionar lo que es de todas y todos.
Nuestra hoja de ruta prevé de forma gradual la introducción de cláusulas sociales, medioambientales y éticas en los pliegos de contratación pública. Es decir, pondremos en valor estipulaciones añadidas a las del objeto del contrato que contribuyan a generar una mayor calidad de los servicios prestados: véase, “medidas específicas de igualdad de género en relación con el personal”, “presentación de un Plan de igualdad específico”, “medidas concretas de conciliación de la vida laboral y familiar”, “incorporación de un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo”, “realización de sesiones formativas en materia de seguridad y salud laboral”, “condición especial de ejecución de mantener la plantilla de trabajadores y trabajadoras mínima”, “en la documentación y publicidad que aporte el licitador evitará imagen discriminatoria de mujeres o estereotipos sexistas”, etc. El objetivo de estas medidas es premiar a las empresas que contribuyen a hacer de la contratación pública, un espacio de respeto de derechos fundamentales.
Además, la base reside en el estricto cumplimiento y aplicación de la legislación europea, en la línea marcada por la propia Comisión Europea a través de la Estrategia 2020, y de las nuevas Directivas de contratación pública.
El primero de los pasos que hemos dado desde el Ayuntamiento de Madrid ha sido la aprobación del Decreto de cláusulas sociales en enero de este año. En el que se regulaban estas estipulaciones sobre mantenimiento y estabilidad de empleos, inserción de colectivos vulnerables, igualdad de género, accesibilidad para personas con diversidad funcional, etc.
Todo ello va acompañado de jornadas de formación a los trabajadores y trabajadoras municipales encargados de estas tareas, cuya participación e involucración en este cambio de paradigma son fundamentales. De hecho, se hace evidente que también desde el municipalismo es fundamental abordar los cambios de abajo a arriba y de forma transversal.
Sin embargo, “nunca llueve a gusto de todos” y cabe imaginar que algunas grandes empresas, con capacidad suficiente como para acceder a grandes licitaciones económicas en Madrid, vean un obstáculo el hecho de tener que empezar a aplicar nuevas medidas o mejoras a sus ofertas. De hecho, en Valencia, donde también se está transformando los baremos de contratación, la Patronal criticó estas medidas como supuestamente “discriminatorias”, cuando realmente, lo que persiguen es todo lo contrario.
Lo que no podríamos esperarnos es que quien de forma más agresiva fuera a ir en nuestra contra es un Gobierno en funciones que se niega a comparecer en sede parlamentaria por su situación de interinidad. Pero fíjense qué importancia cualitativa tiene nuestro humilde decreto, que nosotros mismos definimos como “un pequeño paso de un largo camino”, para que el mismísimo gobierno en funciones se ponga a trabajar en una impugnación de esta instrucción. Lo ha hecho a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, que casualmente detenta Concepción Dancausa, quien fuera concejala por el Partido Popular de esta área de gobierno en Madrid.
Suponemos que en su fuero interno ha pesado de forma importante el que fuera la responsable intelectual de un decreto, ahora modificado por nosotros, que establecía el “criterio precio” –es decir, premiar siempre a la oferta más baja– como la clave de bóveda del proceso adjudicador en Madrid. Al parecer, a este gobierno ausente le preocupa mucho más ejercer de oposición del Ayuntamiento de Madrid que participar de las sesiones de control de los representantes legítimos de la ciudadanía. La impugnación realizada no tiene ningún recorrido desde el punto de vista jurídico pero muestra bien a las claras las resistencias al cambio de un modelo que ha demostrado claramente su ineficacia y que tanto ha contribuido al deterioro de los servicios públicos en Madrid.
Es una amenaza más la de este gobierno en funciones que se une a la que, para la autonomía de administraciones autonómicas y municipales, supondría la aprobación de un Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos. Con la entrada en vigor del TTIP, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas perderán gran parte de su capacidad para gestionar las competencias que les son propias y que les reconoce la Constitución. Vivienda, sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación, alimentación o la inclusión de criterios sociales en la contratación pública local son obstáculos para quienes únicamente buscan rentabilidad económica a corto plazo para una minoría mientras se oponen a la realización de políticas que garantizan servicios públicos de calidad para toda la población.
