Una alternativa económica moderna para acabar con la desigualdad
El principal objetivo político de nuestro país es construir una sociedad próspera y justa. Por consiguiente, el gran reto tiene que ser acabar con la desigualdad. Para lograr esos objetivos, el primordial problema que tiene la economía española es la dificultad para crecer de manera sólida y generar empleo productivo y de calidad. Desde el punto de vista político y económico, el debate se tiene que centrar en la puesta en marcha de una estrategia de crecimiento de futuro que permita crear empleo de calidad.
Como punto de partida, hay que entender que la globalización se ha convertido en un fenómeno central para interpretar qué políticas se tienen que aplicar y, en un aspecto capital, para comprender tanto la crisis como sus salidas. Ello, sin duda, requiere un liderazgo político, a nivel europeo e internacional, para impulsar cambios institucionales, puesto que la resolución de los problemas como la desigualdad exige una escala europea e internacional. Pero, también, ahora más que nunca, una sociedad justa solo puede descansar en una economía fuerte y competitiva, que no es otra cosa que la fortaleza de sus empresas. No perdamos de vista las perspectivas de largo plazo de la economía internacional, como señala el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, de acuerdo con las estimaciones de la OCDE, hasta el 2060, la tasa de crecimiento anual medio per cápita de los países emergentes será alrededor del doble de la que presenten los países más desarrollados.
Las empresas, en la mencionada estrategia de crecimiento, tienen que tener un papel destacado. Propiciemos los cambios regulatorios para hacer que nuestras empresas ganen en dimensión y apuesten por la internacionalización. Muchos economistas han puesto de manifiesto que existe una asociación positiva entre tamaño empresarial, una mayor incorporación de innovación y conocimiento a los procesos productivos, más formación de directivos, más internacionalización, más participación de los trabajadores en las decisiones, así como el hecho de que las empresas más grandes pagan salarios más altos y emplean a trabajadores más cualificados que las pequeñas.
Los cambios en la regulación del mercado de trabajo y las políticas activas de empleo también ayudarían a reducir la brecha salarial y social existente en nuestro país. En gran parte, la dualidad social en nuestro país se explica por la dualidad en el mercado de trabajo.
Por tanto, las desigualdades se corregirán, fundamentalmente, a partir de un crecimiento que permita crear empleo más productivo y de calidad. Pero además necesitamos una política fiscal que contribuya a la redistribución de la renta.
Una política fiscal progresista depende de cuánto y sobre todo cómo se gasta, y de cuánto y cómo se ingresa, pero no depende de cuán grande sea el déficit público. Recientemente, J. Sachs señalaba: “No hay nada de progresista en un gran déficit presupuestario y una creciente relación entre la deuda y el PIB”. Y continuaba señalando: “El déficit presupuestario de EEUU ha caído del 8,4% del PIB en 2011 hasta del 2,9 % del PIB… Sin embargo, en lugar de una nueva recesión o la continuidad de la existente, tenemos que la tasa de desempleo en EE UU se ha reducido…”. Una estrategia de crecimiento moderna que tenga como objetivo acabar con la desigualdad, en un país con alto nivel de endeudamiento público, pasa también por unos programas públicos de gastos eficaces y una profunda reforma fiscal que, en conjunto (ingresos y gastos), transfiera bienestar y renta de las más altas a las más bajas.
Pero, desgraciadamente, la política fiscal global de Rajoy ha incrementado la mencionada brecha social, trasladando bienestar de los de abajo hacia el 10% más rico de la población, los auténticos beneficiarios de la política fiscal de Rajoy. Los impuestos en España, en el período 2012-2016 de acuerdo con el Plan Presupuestario 2015 del Gobierno, se van a incrementar en casi 2,3% del PIB (con reforma fiscal incluida). El 80% (alrededor de 19.000 millones de €) de esa subida serán impuestos indirectos, que impactan en mayor proporción en la renta de las medias y bajas. Pero además, el gasto social discrecional del Gobierno (educación, sanidad, política social y vivienda), entre 2011 y 2013, según la Intervención General del Estado, se ha reducido en más de 12.300 millones de euros, gasto social del que se beneficiaban en mayor medida las rentas medias y trabajadoras. En definitiva, una política fiscal que beneficia a los percentiles superiores.
Una política fiscal auténticamente progresista tiene una ventaja adicional. Contribuye a incrementar la actividad económica, porque una sociedad más equilibrada socialmente permite lograr un crecimiento más sólido y consistente, tanto por la vía de la demanda como por la vía de la productividad.
En un contexto internacional de extrema movilidad y extrema competencia, con una economía nacional que no solo no resuelve sus problemas estructurales sino que se agudizan, el futuro de España no pasa por mirar al pasado a través de alternativas económicas antiguas, ya sean de derechas o de una vieja izquierda. El futuro pasa por un programa económico moderno que acabe con las injusticias y los privilegios.
Pedro Saura es Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista y Profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Murcia.
