Crisis migratoria sin precedentes, ¿seguro?

En 2020, en plena crisis por la COVID 19, Canarias vivió uno de los momentos de mayor tensión migratoria al aumentar casi un 1.000% las llegadas por vía marítima a sus costas con respecto al año anterior (2019). Aquel volumen de llegadas en medio de una pandemia global –más de 23.000, de las que más de 18.000 llegaron en el último cuatrimestre– pusieron a las islas, una vez más, en una situación que las autoridades de aquel entonces calificaron de insostenible. Sin espacios para recibir a las personas migrantes, improvisando soluciones que no reunían condiciones mínimas como macro campamentos, hacinamiento… y cientos de bulos antiinmigración circulando… Mientras las vulneraciones de derechos a las personas que llegaban eran continuas, la sociedad canaria sorteaba la situación apostando, muy mayoritariamente, por la convivencia. Aquella crisis se comparó con la que había tenido lugar en 2005 y 2006, la llamada “crisis de los cayucos”. Dos décadas después, y habiendo pasado por los gobierno autonómicos y centrales partidos de todos los colores, se volvía a constatar –tal y como venían advirtiendo el Defensor del Pueblo y las ONG– que Canarias seguía sin estar preparada, a pesar de que la llegada de personas migrantes a las islas ha sido continua durante todo ese tiempo. 

Las deficiencias estructurales, de acogida, de atención, de coordinación, de mecanismos de respuesta en situaciones de emergencia… eran flagrantes. Las vulneraciones de los derechos humanos a las infancias, a las mujeres, a las familias y a los hombres migrantes que llegaban escandalosas. En 2020 nada había sido corregido desde la crisis de los cayucos. Nada de lo esencial y lo importante, ni en Canarias, ni en Melilla ni en Ceuta. A pesar de las recomendaciones, de los informes de expertos y ONG, de las visitas institucionales, de las resoluciones judiciales, de las propuestas, de los planes iniciados, de las estrategias perfiladas… es decir, de tener las soluciones encima de las mesas de los despachos políticos (tanto de gobiernos como oposición) y de tener a su disposición toda la colaboración de las organizaciones de infancia y de las de derechos humanos, la improvisación y la descoordinación imperaron, entonces una vez más, y ahora otra vez.

En 2024, en medio de una cruzada global de la extrema derecha contra la inmigración y de una instrumentalización geopolítica de la misma para desestabilizar las democracias, encaja como anillo al dedo el oportunismo político de los actores de siempre. Esos que pudieron hacer y no hicieron y que ahora nos muestran una panorámica catastrófica que, esta vez, solo parece que puede solucionarse mandando buques de guerra a las costas canarias, restando derechos humanos en la ya cuestionable Ley de Extranjería y repartiendo niños y adolescentes migrantes por toda España como si fueran folletos de publicidad a meter en los buzones. 

Esta vez, a diferencia de las anteriores, la crisis migratoria viene acompañada de una crisis de integridad moral y política aderezada de las dosis oportunas de hipocresía. Especialmente por parte de quienes se atreven, desde el gobierno canario, a sugerir y poner en marcha medidas que afectan a la infancia migrante no acompañada aún a sabiendas de que son contrarias a sus derechos. No en vano el El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de suspender el protocolo de Clavijo sobre la acogida de niñas y niños migrantes que migran sin referentes adultos. Esta vez, en vez de meter a los niños en un autocar y llevárselos a Marruecos como pasó en Ceuta hace dos veranos cuando se vio desbordada por la presión migratoria (hechos que dieron lugar a una acusación de prevaricación administrativa a las responsables políticas de aquellas actuaciones), el sr. Clavijo propone negarse a atender a las personas menores de edad migrantes para dejarlos bajo custodia policial horas, días y lo que haga falta hasta que él obtenga el acuerdo que le satisfaga. 

Parece que ninguno de los actores de ahora que estaban ya en la crisis de 2020 ha querido tomar nota de la información que trajo aquella en clave de protección, respeto a los derechos humanos y seguridad humana. En 2020 año cambió la ruta de llegada por vía marítima a España y que hasta entonces habían sido a través de la península, Ceuta y Melilla principalmente. La tendencia de usar la ruta canaria que se apuntaba vino confirmada en 2023, el 70% de las personas migrantes en situación irregular lo hacían a Canarias. El otro dato clave que ofrecía la crisis de 2020 era el incremento de personas que se declaraban menores de edad al llegar, el 10% aproximadamente del total de personas migrantes. Una situación que ponía a prueba el sistema de determinación de la edad y la coordinación entre administraciones para corroborar quienes tenían efectivamente menos de 18 años y quienes no y actuar con celeridad en consecuencia y respetando los derechos de la infancia.

Produce sonrojo escuchar que esta, la de 2024, es una crisis sin precedentes cuando la información y los antecedentes de la crisis migratoria de Canarias en 2006 y 2020 ya instaban a la adopción de medidas de Estado que ni el PSOE ni el PP han tomado y que hubieran evitado el oportunismo de Clavijo y el extremismo de Vox. Las soluciones están escritas y descritas desde hace mucho tiempo, incluso en algunas CCCA hay prácticas que deberían ser tenidas en cuenta para trasladar a Canarias, Ceuta y Melilla. Pero claro, son soluciones desde la idea de tratar las migraciones en clave de “seguridad humana” y no de “seguridad nacional” que es la propuesta que lideran Feijoo y Clavijo bajo su piel de cordero. Un enfoque, el de la seguridad nacional, que comparte el PSOE y sus socios de Junts. 

Lo que está en crisis no es el modelo migratorio sino el modelo capitalista de explotación a las personas migrantes que llegan y necesitan las economías occidentales. Toda esta demagogia, inacción, discurso de odio, aparente incompetencia lo único que busca es que las personas migrantes tengan cada vez menos derechos y que trabajen más y en peores condiciones y mientras los beneficios se los llevan los de siempre. No olvidemos que España necesitará 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas y que, en la actualidad, la inmigración explica el 90% de la fuerza laboral desde 2021, es la que alimenta los buenos resultados económicos de España. 

No es la inmigración lo que nos debería preocupar, sino los políticos que usan la inmigración como un arma de fuego con la que disparar a su adversario político mientras en las aguas que nos rodean se ahogan cientos de personas que tratan de llegar a nuestro país, mientras se deja en manos de gobiernos extranjeros de políticas crueles la vigilancia del perímetro de nuestras fronteras, mientras se inocula el sentimiento xenófobo en nuestro día a día. La gravedad de la instrumentalización que el Sr. Clavijo está haciendo de la situación de la infancia migrante es tal que de no haber suspendido un tribunal su famoso protocolo, es posible que hubiera tenido que rendir cuentas ante la justicia tarde o temprano. No todo vale, menos cuando están en juego las vidas y la integridad física de chicos y chicas. No basta nombrar la palabra “niños” si no se respetan sus derechos. Quién piense en clave de derechos humanos, de protección y de dignidad humana, lo sabe muy bien. Basta de demagogia, precedentes hay muchos y posibilidades también. Es cuestión de voluntad y de trabajar todos a una, en la misma dirección, en la de la convivencia, una dirección muy diferente y mucho menos peligrosa que la del oportunismo y el racismo.