Dependencia energética e intereses cruzados de la política y el capital
Repsol, Gas Natural, Endesa, Iberdrola, Enagas y Cepsa son los gigantes del oligopólico sistema energético de nuestro país, suministradores de petróleo, gas natural, generadores de energía eléctrica principalmente a través de centrales nucleares, centrales térmicas de ciclo combinado y carbón. Las energías renovables no son el fuerte de la mayoría de estas empresas.
Como resultado de un sistema energético basado principalmente en el petróleo y gas importado, nuestro país tiene un fuerte déficit energético con el exterior. En 2011 representó el 85,6% del déficit comercial español, una cifra absolutamente exagerada y que lastra la balanza por cuenta corriente y como resultado de ello la capacidad de reducción de nuestro endeudamiento exterior. Las importaciones energéticas representaron ese año un 4,7% del PIB y las de petróleo un 3,7%.
Por tanto, una política orientada a reducir la altísima, cerca de un 90%, dependencia energética de nuestro país, permitiría reducir el déficit comercial, y por tanto las necesidades de financiación exterior de nuestra economía, según reconoce el propio Banco Central Europeo en su Boletín Mensual de Enero de 2013, que en la actualidad está siendo la causa de profundos recortes en términos de prestaciones públicas y de condiciones salariales y de trabajo.
Si el volumen de importaciones energéticas de nuestro país fuera similar a la media europea, un 13,2%, supondría una minoración de las importaciones de unos 19.000 millones de euros, casi dos puntos del PIB, lo que reduciría el déficit por cuenta corriente al 2% del PIB, el porcentaje estimado por el FMI para que no se incremente nuestra deuda exterior.
Pero estas grandes empresas comparten algo más, una curiosa práctica común: la de incluir en sus consejos de administración a relevantes políticos (del PP, del PSOE, de CiU, del PNV, e incluso algunos restos de la UCD, del tardofranquismo y hasta un infante de España) relativamente retirados, pero indudablemente con una agenda de contactos relevante.
En Repsol se sientan en su Consejo de Administración vinculados al PSOE: Paulina Beato (expresidenta de Red Eléctrica y Campsa, cuando era empresa pública) y Luis Carlos Croissier (exministro de Industria), Mario Fernandez (exvicelehendakari del PNV) y Artur Carulla, vinculado a CiU (propietario del periódico nacionalista ARA). Además, hay que recordar que la empresa Petronor, perteneciente al grupo Repsol, está presidida por Josu Jon Imaz (expresidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV).
En Endesa comparten mesa del Consejo de Administración José María Aznar (expresidente del Gobierno por el PP) y Miquel Roca Junyent (exsecretario general de Convergència). Pero no hay que olvidar que Pedro Solbes (exvicepresidente económico en el Gobierno del PSOE) es consejero de Enel, la propietaria de Endesa, y que Elena Salgado (exvicepresidenta económica en el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero) es consejera de Chilectra, la filial chilena de Endesa.
En Gas Natural se encuentran Felipe González (expresidente del Gobierno con el PSOE), su exvicepresidente Narcís Serra, Rafael Villaseca (expresidente de la empresa pública Inisel durante los gobiernos socialistas), Carlos Kinder (vinculado al PSC en general y a José Montilla en particular) y Nemesio Fernández-Cuesta (exsecretario de Estado de Energía con el PP).
En el Consejo de Administración de Iberdrola se han sentado juntos durante varios años Braulio Mendel (presidente de la andaluza Unicaja y persona que ha sido muy influyente en el PSOE de Andalucía), José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat de Valencia por el PP y del quebrado Banco de Valencia), el también popular Juan Miguel Aynat (expresidente de las quebradas Bancaja y Banco de Valencia) y Ricardo Álvarez Isasi (exconsejero de EVE -Ente Vasco de la Energía-, nombrado por el PNV).
En Enagás solo coinciden altos cargos relacionados con el PSOE y UCD: Miguel Ángel Lasheras (exdirector general del Instituto de Estudios Fiscales y exconsejero de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico), Ramón Pérez Simarro (exsecretario general de Energía) y Dionisio Martínez (exsubsecretario de Hacienda con UCD y que fue director general de Tabacalera con el PSOE).
Por último, CEPSA, que actualmente está bajo control de un fondo de inversión de Abu Dabi, fichó en su momento a un infante de España (Carlos Borbón de las Dos Sicilias); a un exministro de Arias Navarro, Carlos Perez de Bricios (exministro de Industria), y a Juan Manuel Otero (exministro de la Presidencia con UCD), aunque este último dejó de ser consejero hace un año.
Tal vez las razones del predominio del gas y el petróleo en el suministro energético español, y las causas reales de la falta de impulso efectivo para una transición hacia las energías renovables (según Eurostat, en España la producción primaria de energía por fuentes renovables se ha incrementado en los últimos diez años en un 56%, mientras que Alemania en ese mismo periodo lo ha hecho en un 257%) haya que buscarlas en la colusión de intereses, desde hace décadas, entre parte de la clase política dominante, independientemente de su signo político, y las oligarquías energéticas de nuestro país.
Es impresionante la importante presencia de altos cargos del Gobierno, desde el tardofranquismo hasta hoy, en los consejos de administración de las principales empresas energéticas españolas. Empresas cuyos beneficios, hay que recordar, dependen en gran medida de la regulación y de las inversiones públicas. De las decisiones, que por activa o por pasiva, han tomado esos políticos que hoy se sientan en sus consejos de administración.
