Economía social, cooperación y redes clientelares.
Estas han sido unas semanas turbulentas para la economía social madrileña, sometida a una campaña de desprestigio y difamación por parte de algunos medios de comunicación; amplificada por la complicidad del Partido Popular y Ciudadanos. Diversas personas y entidades con una dilatada trayectoria y reconocimiento social nos hemos visto implicadas en una oleada de informaciones tendenciosas, orientadas a sembrar dudas de ilegalidad sobre los trabajos profesionales que hemos desarrollado para el Ayuntamiento de Madrid.
Una sucesión de noticias que arrancaron insinuando la existencia de una trama corrupta ligada a la economía social de la ciudad, que estaría siendo subvencionada y beneficiada por una concesión discrecional de proyectos. Da igual que las empresas tengan más de una década de historia, que estuvieran contratando anteriormente con el Ayuntamiento de Madrid del PP, que todos los proyectos hayan sido ejecutados, que la viabilidad de ninguna empresa dependa de su facturación con el Ayuntamiento o que las entidades sean expertas de forma incuestionable en sus ámbitos profesionales.
Tras las primeras argumentaciones de las entidades y la aparición de noticias más rigurosas, como las de Andrés Gil o las de Europa Press, se ha ido mostrando la inconsistencia de dichas informaciones, construidas en base a datos de dominio público accesibles gracias a la política de transparencia municipal. Entonces las acusaciones evolucionaron de corrupción hacia la denuncia de opacas redes clientelares para financiar a cooperativas afines al gobierno local. Denuncias sustentadas únicamente en que hay personas que han pertenecido a distintas empresas de la economía social, antes de entrar a colaborar con el proyecto político de Ahora Madrid.
Un criterio para definir red clientelar tan laxo nunca se ha aplicado al sector bancario, vinculando su rescate de miles de millones con el hecho de que el ministro de economía viniera de Lehman Brothers o con que se condonen deudas millonarias a los partidos políticos; ni a la industria armamentística, beneficiada por el millonario aumento de presupuesto para juguetes de guerra por el anterior ministro de Defensa, con decenas de contratos a la misma empresa de la que procedía. Tampoco parece que haya ninguna alarma social, oleada de indignación o acusaciones de red clientelar en el hecho de que, entre 2010 y 2013, 17 grandes empresas se repartieran 3 de cada 4 euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Madrid; en que blindaran sus contratos o en que desde enero de 2015 el 54% grueso de los contratos sigan en manos de grandes empresas investigadas en casos de corrupción como Púnica o Lezo.
Sin embargo, amparándose en el persistente goteo de informaciones PP y Cs han pedido una comisión de investigación, donde los propios proponentes sostienen “que todo es legal pero que no es ético”. Unas afirmaciones que parecen suavizar el ataque, pero que desde nuestro punto de vista son la acusación más grave.
Si hay un elemento diferencial en nuestras empresas es la ética y los valores asociados a la actividad económica, iniciativas autogestionadas que son autónomas de cualquier partido político . Podemos sonreír ante la incomprensión de que la cooperación entre empresas cooperativas se llame entramado, cuando figura entre sus principios fundacionales en 1844; podemos indignarnos por ver cuestionada nuestra profesionalidad; podemos contener la rabia al despreciarse nuestra labor cuando la señora Villacís dice que nos dedicamos a “la fabricación de lámparas de papel, el reparto en bicicleta, o a explicar cómo hacer ganchillo”; pero no podemos permitir que se cuestione nuestra ética. Eso es conceder demasiado, es reconocer que no hay alternativa a este sistema socioeconómico, que no hay otra forma de hacer las cosas y que somos unos farsantes.
La economía social y solidaria es un movimiento que aspira a democratizar la economía mediante la construcción de alternativas frente a un modelo depredador social y ambientalmente. Compuesto por entidades y cooperativas que funcionan dentro de la economía convencional, pero desconectadas de sus lógicas, valores y prácticas. Proyectos viables empresarialmente que invierten las prioridades de la economía convencional: satisfacción de necesidades frente a ánimo de lucro, territorialización y vinculación con el entorno frente a la amenaza de deslocalización, cooperación frente a competencia, rentabilidad social frente a tasa de ganancia, apuesta por el empleo y por los grupos sociales más vulnerables frente a aquellas empresas intensivas únicamente en capital, atención a los cuidados dentro y fuera de nuestros equipos, compromisos ecológicos fuertes…
Prácticas económicas que de forma imperceptible no han parado de crecer, especialmente tras la eclosión del 15M, logrando introducirse en sectores estratégicos ( banca, servicios financieros,energías renovables, seguros, telecomunicaciones…) y gozando de una inédita presencia pública. Una visibilidad aumentada por el éxito en las reivindicaciones asociadas a la compra pública y por el compromiso municipalista en el impulso y promoción de la economía social.
Y es que la compra pública representa entre el 15 y el 20% del PIB en la mayoría de países de la UE, y aquí se sitúa en torno al 18,5%. Esto quiere decir que una quinta parte de la actividad económica está directamente relacionada con el papel que decidan tener las administraciones a través de los bienes y servicios que contratan o consumen; fomentando buenas o malas prácticas ambientales, siendo ejemplarizantes o no con las condiciones laborales, apoyando a las grandes corporaciones o apostando por las pequeñas empresas, incentivando u obviando los impactos ambientales. El papel de entidades como REAS ha sido clave para conseguir cambios en la reciente Ley de contratación pública, de forma que el precio no sea el único criterio a la hora de decidir la idoneidad de una oferta, lo que favorece las condiciones para la participación de la economía social y otras pequeñas empresas.
El municipalismo abrazó en sus programas electorales una concepción diferente de la economía: alentando la transparencia y la lucha contra la corrupción, enfrentando la omnipresencia de las grandes corporaciones en las economías urbanas, defendiendo los servicios públicos, reforzando los mecanismos redistributivos, planteando remunicipalizaciones… y apoyando la economía social. Un compromiso activo que ha llevado a muchos gobiernos locales a potenciar estas prácticas económicas mediante la definición de clausulas sociales y ambientales en su contratación, la realización de proyectos piloto, el desarrollo de Planes Estratégicos o el aumento de las subvenciones. No es arbitrariedad es una decisión política, cumplir el programa electoral no debería ser tan sorprendente.
Una de las innovaciones municipalistas fue la de aprender de los movimientos sociales y esforzarse por traducir en políticas públicas sus demandas. Además un valor diferencial de estas candidaturas era que muchas de las personas que han llegado a las instituciones son personas reconocidas por su compromiso activista y su conocimiento directo en estas temáticas, son personas cuyo principal capital político en las instituciones es su experiencia fuera de ellas. Algo que no deberíamos cansarnos de recordar.
Nuestra alternativas representan, por desgracia, menos de un 1% del PIB municipal; pero su crecimiento y su visibilidad son una mala noticia para algunas grandes corporaciones y para una forma hegemónica de entender la economía. No es de extrañar que los tribunales hayan tenido que validar la legalidad de cláusulas sociales o la viabilidad del contrato de energia 100% renovable, ante las acusaciones de grandes empresas de vulnerar la libre competencia. La democratización de la economía y la transición hacia sociedades más inclusivas, equitativas, y que puedan ser sustentables ambientalmente, no va a realizarse sin conflicto. Sería deseable, pero es ingenuo creer que los cambios sociales se consolidan mediante agradecimientos y felicitaciones por parte de quienes pierden privilegios o ven reguladas sus pautas de comportamiento.
En esta coyuntura es en la que hay que inscribir la campaña mediática contra la economía social, unos ataques en los que hay más maldad que desconocimiento, más cálculo electoral que investigación periodística. Hay quienes creen que el dinero lo hace todo y terminan haciendo todo por dinero, como decía Voltaire; hay quienes han puesto las instituciones al servicio de intereses privados; hay quienes han hecho de la corrupción una forma de gobierno; y con ese historial dan lecciones de ética.
Quienes exigimos transparencia, aceptamos con total normalidad que se nos demanden cuentas claras y cumplimiento escrupuloso de la legalidad. No tenemos nada que esconder y tenemos la responsabilidad de predicar con el ejemplo. Pero eso no implica callar ante las difamaciones, pues como decía Bertolt Brecht cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al ataque. Hay una batalla por la opinión pública, por definir o ser definidos; y por tanto estamos interpelados a transmitir una visión alternativa de lo que está sucediendo, articular un relato que defienda la integridad de la economía social y sus potencialidades transformadoras.
