Hace ahora diez años, el19 de junio de 2012, que Julian Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde permanecería hasta el 11 de abril de 2019. Recuerdo que cuando me hice cargo de la coordinación de su defensa, un mes después, pensé que todos estábamos afectados por la lucha que Assange había emprendido desde que en 2010 se publicaran, en los principales periódicos del mundo, tremendas y terribles informaciones que desvelaban la crueldad del ejército norteamericano y de las autoridades que dirigían la guerra en Afganistán e Irak.
Hace unos días, la decisión de la ministra del Interior británica, Priti Patel, acordando la entrega de Julian Assange a Estados Unidos, quedará para la historia de la ignominia. Se trata de una decisión que criminaliza la actividad del periodismo en su esencia. Con ella se entiende que lo que hicieron Julian Assange y WikiLeaks, recibir información veraz, que acreditaba crímenes de guerra en Irak y Afganistán, difundirla y publicarla al ser de interés público, puede ser sancionado como delito y sus autores juzgados y condenados. Por lo tanto, la decisión de Patel es un precedente que pone en riesgo a todos los periodistas de investigación del mundo.
Como en otros países, entre ellos España, el proceso extradicional británico cuenta con la intervención del poder ejecutivo. Además de discurrir en sede judicial, con múltiples instancias y apelaciones, las extradiciones en Reino Unido son igualmente competencia del Gobierno. Algo que fue muy visible en el caso Pinochet, donde la extradición a España del general chileno había sido acordada en sede judicial, pero, al llegar al ministro del Interior Jack Straw, éste acordó su entrega a su país de nacionalidad, Chile, debido supuestamente a su delicado estado de salud. Aunque posteriormente el ex dictador chileno llegara a su país, se levantara de su silla de ruedas y escenificara en forma burlona ante el mundo que ese estado de salud no era el pretendido. La gran diferencia entre este caso y el actual de Julian Assange es que con aquella decisión se pretendía la impunidad del dictador y con esta consumar la persecución y condena del periodista.
Ahora, la ministra del Interior, Patel, sí que tenía argumentos humanitarios y de salud para haber bloqueado la extradición. Ya en la primera instancia, ante la jueza de distrito, Vanessa Baraitser, se vertieron informes médicos que acreditaban, y así lo afirmaban, que la situación de salud psíquica y mental de Julian Assange era tan débil que podría morir en prisión. Es más, el Relator de la ONU contra la Tortura le visitó en su lugar de reclusión, la prisión de alta seguridad de Belmarch, y también concluyó que la situación de salud tan deteriorada hacia muy creíble la posibilidad de que en una prisión norteamericana pudiera morir. Sin embargo, el gobierno de Boris Johnson, a través de Patel no ha mostrado ninguna condescendencia por el estado de salud del periodista, como en su día hiciera Straw a favor del ex dictador chileno.
Empieza la batalla judicial
No obstante, la decisión adoptada ayer no supone el fin del proceso extradicional en Reino Unido, al contrario, ahora empieza la parte nuclear de la batalla judicial.
La decisión de la ministra Patel ahora será recurrida ante la High Court británica y, eventualmente, después podría ser recurrida igualmente ante la Supreme Court de Reino Unido.
Todos los argumentos contra la extradición que fueron invocados por la defensa y denegados por la jueza de distrito, Vanessa Baraitser, en la primera instancia, pueden ser sometidos igualmente ahora a “cross appeal”. En aquel momento la jueza Baraitser denegó la entrega bajo el argumento de que Julian Assange podría morir en una prisión norteamericana, ya que sería sometido a un sistema penitenciario durísimo (Special Administrative Measures) e ingresaría en una cárcel de máxima seguridad, una situación de maltrato que no se encontraría amparada por los estándares europeos. Ese elemento humanitario fue recurrido por Estados Unidos ante la High Court aportando un conjunto de garantías diplomáticas vagas e imprecisas sobre el trato que se daría al periodista de ser extraditado. Sorpresivamente la High Court, en un escueto fallo, acordó revertir la decisión anterior de no entrega. Finalmente, la apelación ante la Supreme Court, en relación a ese elemento, no se vio en su fondo porque, en forma llamativa, el máximo órgano judicial británico entendió que no existía ningún elemento jurídico a analizar en las garantías diplomáticas dadas por Estados Unidos, aun cuando la defensa había entregado múltiples precedentes de violaciones a esas mismas garantías judiciales por parte de Estados Unidos con otros países europeos.
Pero ahora, todos los elementos jurídicos que fueron denegados en primera instancia por la jueza Baraitser, y que no fueron apelados, serán sometidos, a una revisión y estudio en el recurso de apelación (“cross appeal”) por parte de la defensa ante la High Court. Y ahí están los elementos jurídicos más controvertidos de esta extradición, como el hecho de que nos encontramos ante una persecución política por no poder ser delito la actividad periodística, la falta de doble incriminación con la Ley de Espionaje de 1917 de Estados Unidos aplicándose a la prensa, la violación del principio de proporcionalidad con penas que potencialmente ascenderían a 175 años de cárcel, o el uso abusivo de la jurisdicción norteamericana en forma extraterritorial para perseguir a un periodista extranjero que publicó en el extranjero. (En España, por ejemplo, esta posibilidad sería inviable, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Todo ello se va a dilucidar ahora, por lo que la batalla jurídica no ha terminado, es más, se adentra por una senda en la que se tendrán que determinar la verdadera esencia de la violación del derecho a la libertad de expresión y la defensa nuclear de la libertad de acceso a la información y su difusión.
Junto a lo anterior, en el caso de que se agotaran las instancias judiciales internas, igualmente quedaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), si es que el premier británico entre fiesta y fiesta, no decide que Gran Bretaña abandone no solo la Unión Europea, sino también el Consejo de Europa y por ende el TEDH.
La satisfacción de Pompeo
Uno de los elementos más llamativos de la decisión de la ministra Patel ha sido los escasos apoyos obtenidos. La práctica totalidad de la comunidad internacional de los derechos humanos, incluyendo los organismos de Naciones Unidas, el Consejo de Europa o las más relevantes organizaciones de la sociedad civil se posicionaron en contra. Eso sí, obtuvo un llamativo apoyo: el de Mike Pompeo, ex director de la CIA y ex secretario de Estado durante la administración de Donald Trump.
Es delirante que Mike Pompeo salude en Twitter la decisión de Priti Patel pocos días después de que se conociera que la Audiencia Nacional española ha acordado llamarle a declarar como investigado en relación a la causa que instruye el magistrado Juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5. La citación se debe a que una empresa española de seguridad que se encontraba al cargo de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres, cuando Julian Assange se encontraba asilado, presuntamente habría trabajado para la CIA desplegando medidas extremas de espionaje a través de cámaras de vídeo con micrófonos, micrófonos ocultos escondidos en la embajada, y accediendo a los teléfonos y documentos de identidad de los visitantes y abogados cuando los dejábamos en la entrada.
Junto a Pompeo, también deberá de declarar en la misma condición, quien fuera jefe de contrainteligencia en aquel momento, William Evanina, que ha confesado recientemente que la comunidad de inteligencia norteamericana efectivamente diseñó un plan de penetración en la Embajada de Ecuador en Londres, teniendo acceso a todo lo que ocurría dentro. Pero no sólo eso, sino que Evanina incluso relató cómo planearon el secuestro, e incluso el asesinato, de Julian Assange dentro de la misión diplomática. En la confesión de Evanina y otros agentes de la CIA a la prensa norteamericana se dejaba bien claro que Mike Pompeo fue la persona al mando de esa operación y esas propuestas. Y con estos antecedentes se otorga la autorización de entrega a EEUU de Julian Assange.
Es verdaderamente peligroso que esta decisión pueda llegar a hacerse efectiva. Los apoyos internacionales son bienvenidos y los necesitamos para concienciar a la justicia británica sobre la trascendencia de este caso y la necesidad de que se revoque la decisión si queremos seguir creyendo en la bondad de un sistema verdadero de protección de derechos. Efectivamente, “todos somos Julian Assange”.