¿Qué va a hacer Pedro Sánchez?
Parecía que la cosa iba bien. Y de repente, la angustia otra vez. Los efectos indeseados de la ley de libertad sexual han provocado un inesperado terremoto político que puede terminar muy mal. La eventual revisión del delito de malversación añade leña al fuego. Pedro Sánchez tendrá que hacer encaje de bolillos para salir de esta imprevista crisis política sin romper la coalición de gobierno, que en estos momentos es un riesgo tal vez mayor que en otros precedentes. Y, al tiempo, negociar con ERC para sacar adelante los Presupuestos. En un momento en el que las dudas de los demás socios de investidura no dejan de crecer.
Es evidente que se han cometido errores graves en ambos capítulos, el de la ley del sí es sí y el de la modificación del delito de malversación. En el primer caso los ha cometido la ministra de Igualdad, pero también el Gobierno por no haber supervisado suficientemente la iniciativa. Que delincuentes sexuales condenados puedan salir a la calle porque más de una docena y media de jueces, entre los que los habrá de todos los colores, hayan concluido que el nuevo texto permite reducir sus condenas es un fallo clamoroso que un gobierno serio nunca debería de haber cometido.
Fuentes autorizadas, entre ellas el portavoz parlamentario del PNV, sugieren que eso ha ocurrido por el apresuramiento con el que se están tramitando algunas leyes en el Congreso. La polémica en torno a la malversación podría tener idéntico origen. Pedro Sánchez fue de los primeros en sugerir que, tras la de la sedición, las reformas también podrían afectar a este último capítulo.
El presidente del Gobierno, directamente implicado en la cuestión, puede salir más o menos airoso de este charco. Por supuesto, dando marcha atrás de la manera menos indigna posible. Porque aún tiene el margen de negociación de ERC, que seguramente no quiere romper ahora y prefiere que la legislatura dure aún un año más. Habrá que ver si esa hipótesis se cumple. Lo que sí parece claro es que Sánchez, cuando vuelva de su periplo asiático, preferirá cerrar este capítulo sin mayores resonancias, porque bastante tiene con el otro.
El asunto del sí es sí tiene demasiados flancos, y alguno de ellos dramáticamente abiertos, como para aventurar pronósticos. El más difícil de solventar es el de la posición adoptada por Podemos, y a su cabeza Irene Montero. No aceptan fallos en el contenido de la ley, la culpa de lo que está ocurriendo es el machismo de los jueces que están revisando, a la baja, las penas. Si esa postura no se modifica, no hay salida. Porque la ministra no está dispuesta a cambiar la ley, tal y como está pidiendo bastante gente, entre ella unos cuantos barones socialistas. Y esperar que sean los órganos judiciales, el Fiscal General del Estado o el Tribunal Supremo, los que tercien en la cuestión es una actitud si no aventurada, sí cuando menos incierta. Porque esas eventuales respuestas pueden no producirse o llegar demasiado tarde. O incluso porque cuando lleguen Podemos puede rechazarlas.
La única solución posible es estrictamente política. Y está en manos de Pedro Sánchez. A él le toca convencer a Podemos de que lo que conviene a todos los miembros de la coalición es que Irene Montero dé marcha atrás, deje de acusar a los jueces y se avenga a modificar la ley para que los delincuentes sexuales condenados dejen de ver reducidas sus penas.
Y no será una negociación fácil. Porque esa ley es la iniciativa política estelar del intento de Podemos de superar los muchos problemas que ahora, y desde hace un tiempo, le aquejan. Porque reconocer un fallo en ese empeño puede ser muy arduo para el partido morado en plena batalla con Yolanda Díaz por el protagonismo en ámbito de la izquierda no socialista. Porque rectificar no figura en el libro de estilo de la señora Montero. El presidente del Gobierno no tiene más remedio que encontrar la manera de encontrar una fórmula de salida que soslaye esos escollos.
Porque una falta de acuerdo en este asunto puede llevar sin muchos pasos intermedios a la ruptura de la coalición de gobierno y a la convocatoria de elecciones anticipadas. ¿Quieren Podemos y Pablo Iglesias provocar algo así en estos momentos?
La derecha asiste complacida al espectáculo. Le ha caído en las manos un regalo sin haber hecho nada para merecerlo. Justo al día siguiente de que Alberto Núñez Feijóo proclamara sin rubor que lo que hay que hacer en España frente a los problemas energéticos es dar de baja a los 12, o más, millones de vehículos que tienen más de 10 años de antigüedad. La barbaridad es de tal calibre y ha merecido críticas tan duras y unánimes de todos los representantes del sector, que el PP se ha esforzado como nunca en tapar esas declaraciones. Y lo ha conseguido de manera tan satisfactoria que ya pocos podrán repetir lo de que la derecha tiene mucha menos influencia que la izquierda en los medios de comunicación.
Esa iniciativa no ha hecho sino confirmar la poquedad del líder del PP, algo de lo que ya empiezan a hablar hasta votantes fieles de ese partido y que no hace sino reducir sus expectativas electorales. Según varios institutos de opinión, en las últimas semanas el PSOE está recuperando buena parte de los votantes que de un año a esta parte habían dicho que se iban a la derecha. Y también que Vox ha contenido su descenso y que puede estar recuperando votantes.
¿La crisis de la ley del sí es sí y los tropiezos con la eventual modificación del delito de malversación pueden arrumbar de golpe con las expectativas que abren esos indicios? No si la cosa se solventa rápidamente. En uno y otro capítulo. Pero incluso en ese supuesto, de lo ocurrido en los últimos días se desprenden dos sensaciones: una, que Sánchez tiene que gobernar mejor, sin prisas y dando pasos solo muy meditados. Dos, que la coyuntura política de aquí a las generales va a depender más de las meteduras de pata que tengan los contendientes que de sus aciertos.
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