Pides una pizza o unos noodles a domicilio, y ese día te llega tarde, te traen lo que no has pedido, viene frío o en mal estado, y menudo pollo les montas, llamas para protestar y que te devuelvan tu dinero, les pones mala puntuación en todas las webs, no vuelves a pedir con ellos. Pero si la pizza o los noodles te llegan a casa con un regusto a presuntos delitos contra Hacienda, contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, qué le vamos a hacer, el capitalismo es así, ya tuitearemos algo en solidaridad con los riders.
Podemos seguir haciéndonos los tontos al pedir comida a domicilio, pero sabemos de sobra que hay empresas de reparto que se pasan por el forro la legislación laboral, las advertencias de las autoridades, las sentencias en contra, las multas millonarias y por supuesto las reclamaciones de sus trabajadores. “Hay empresas”, no; llamémoslas por su nombre: Glovo y Uber Eats. Sobre todo la primera, que lleva dos años ignorando la 'ley rider' que impide los falsos autónomos y les obliga a contratar laboralmente a sus repartidores. Glovo ignoró la ley desde el primer día, mientras que Uber Eats se adaptó, pero luego, al ver que su principal competidor no lo hacía, decidió volver al modelo anterior.
Hay que decir que no todas las empresas de reparto son iguales: hay cooperativas de riders en algunas ciudades, y empresas como Just Eat, que supongo tendrá también sus problemas laborales pero al menos en este aspecto cumple la ley. Y que lleva dos años viendo cómo sus competidores se ahorran lo que ella se gasta en Seguridad Social y salarios, y pueden así ofrecer precios más bajos y obtener mayores márgenes de ganancia.
A las empresas piratas, que como tal hay que considerarlas por mucho que se vistan de plataforma, economía “colaborativa”, startup y toda esa tecnojerga fascinante (que disfraza de algoritmos y big data lo que en realidad sale del sudor, la explotación y los accidentes de sus repartidores); a estas empresas piratas les da igual que sus trabajadores organizados las denuncien penalmente como acaban de hacer, y que el ministerio de Trabajo se plantee hacer lo mismo próximamente. Ellas ya han aprovisionado los millones que les costarían las sanciones y la adaptación a la ley, y no pasa nada: sus ganancias siguen siendo mayores que las posibles sanciones, y esto no va de modelo laboral sino de ganar mercado: aguantar mientras van cayendo competidores, y cuando te quedes como empresa dominante, ya podrás adaptarte a la ley y subir los precios.
Las autoridades, a veces con demasiada lentitud, están actuando –salvo en la aldea gala ultraliberal de la Comunidad de Madrid, donde el gobierno contrata a Glovo para repartir comida a personas vulnerables–. Las y los trabajadores están organizándose y dando la batalla sindical y judicial, consiguiendo una victoria tras otra –también en otros sectores similares, como las limpiadoras de Clintu–. ¿Y los usuarios, no tenemos nada que decir?
Perdonen la obviedad, pero no es obligatorio pedir comida a domicilio con empresas antitrabajadores, existen alternativas mejores –igual que hay alternativas a Amazon, con cuya devastación del comercio local nos hacemos también los tontos–. Porque no solo es un problema de legalidad o ética: es que nos jugamos todos el futuro de las relaciones laborales, que acabemos todos uberizados si no los paramos ahora.
La próxima vez que pidas pizza a domicilio, ya sabes: con extra de queso, aceitunas y derechos laborales para quien te la traiga. A ver si toman nota del pedido.