“La animosidad contra el adversario político ha contribuido a la magra calidad de la cultura política judicial española”
Umberto Eco
Asistimos a un brutal pulso de poder. Las cartas están sobre la mesa para el que quiera y sepa verlas. El episodio de la entrega de despachos de Barcelona, en mi análisis, no es sino un episodio más en el que, y esto es importante, acaba quedando con las cartas al descubierto quien menos debiera: el Rey.
Hemos de acercarnos a un acto meramente protocolario, de lucimiento y de felicidad para las familias, tenemos que remontarnos un poco. El acto de Barcelona es entrañable y muy importante para las personas que lo viven, pero tanto como cualquier otro acto similar. Felicidades para los nuevos jueces y, en especial, para la número uno de la promoción, que ayer habló durante el acto, porque es hija de un querido compañero mío de promoción. Enhorabuena a ambos. El acto va de esto, de fiesta para los que han logrado una meta difícil y preñada de esfuerzo. Ese objetivo está cumplido. No es preceptivo que tales despachos los entregue un rey, y otro, un príncipe, un presidente o un ministro. No es cierto que el Rey de España los haya entregado siempre. En 2013, recién imputada la Infanta Cristina, el Rey no apareció y mandó al príncipe. Hay miles de jueces que lo son antes de 1996, que no han recibido despacho alguno de mano del Rey. Los fiscales no lo reciben nunca. Es una mini tradición meramente protocolaria que se ha visto envuelta en un vendaval que nada tiene que ver con él.
La pugna resumida es la siguiente: el partido que no ganó las elecciones quiere conservar su poder sobre los jueces, para intentar ganar otras batallas. El Partido Popular se niega a cumplir un mandato constitucional. El presidente del Poder Judicial, un señor que hasta ha trabajado en gobiernos del PP, ha decidido seguirles la mano de ventaja y seguir copando los tribunales con los de su cuerda. Esta próxima semana va a culminar su hazaña. Entiéndanme, si el PP se enroca pero el CGPJ se paraliza, el enroque no sirve de nada, así que trabajan en pinza.
Pues bien, en tales condiciones, siendo el anfitrión del acto protocolario el Consejo General del Poder Judicial y el que invita Carlos Lesmes, héteme aquí que según parece, el Gobierno decide no sancionar ese acto del Rey y que este no acuda. Está en su potestad. Aquí parece que sólo pueden hacer su voluntad, aunque sea inconstitucional, los de derechas. El Gobierno ha tomado una decisión para la que estaba facultado: negarse a refrendar la presencia del Rey en ese acto que era la cara visible de la anomalía institucional y constitucional que se mantiene por motivos puramente de estrategia política y partidista.
¿Ha hecho el Gobierno, de ser así como nos dicen, que Casa Real lo ha dicho así por carta, algo que no pudiera hacer? La respuesta es no. En una democracia parlamentaria como la nuestra el Rey es un mero símbolo. No es nada. Nada puede y, por eso, de nada es responsable. ¿O es que alguien se piensa que existe un ser humano, ostente la posición que ostente, que pueda tener y ejercer poder y además ser totalmente irresponsable si no es en un totalitarismo? El Rey es irresponsable porque no tiene responsabilidad ni ningún poder, porque lo tienen otros en nombre del pueblo soberano.
Estamos pues en una batalla plenamente política en la que es factible pensar que el Gobierno ha movido una ficha que podía mover. Entendamos que puede haber dicho: ¡mirad, CGPJ con mandato vencido, ahí os quedáis! Es una interpretación que hago yo porque, desde luego, lo que no se sostiene es la versión de la derecha de que esto ha sido un cromo, un canje o una concesión a los independentistas a cambio de los presupuestos. Eso es una estupidez que nadie que tenga la más mínima perspectiva de análisis político se puede tragar. Si eso fuera así, los independentistas de ERC, supongo, estarían mostrando la pieza que se han cobrado. ¿Para qué vas a pedir un peaje si no vas a exhibir que lo has cobrado? Repasen la prensa próxima al independentismo. Hablen con los partidos y verán que no hay movimiento alguno en ese frente.
Aquí lo que hay es un pulso entre la judicatura conservadora, los partidos de derecha y el Gobierno, y el objetivo sigue siendo hacer que el Gobierno caiga. En esa misma ecuación entra la pugna dentro de la Fiscalía por conseguir un informe favorable a las querellas contra el Gobierno. Es la antigua Brigada Aranzadi reforzada y en pleno toque de guerra.
Lo peor es que en medio de esta lucha intestina entre los que pretenden recuperar el poder como sea, incluso sin esperar a las próximas elecciones, y los que lo ejercen legítimamente, el Rey parece haber tomado partido. Si todo es como parece, si el Gobierno es el que ha desaprobado la presencia real, la mínima prudencia de Zarzuela habría pasado por no especificar en su comunicación al CGPJ que se trataba de una decisión gubernamental. El colmo ha sido esa llamada telefónica que Lesmes ha revelado públicamente haber recibido del Rey para decirle que él hubiera querido estar. Eso, señores, es tomar partido, hacer política, ponerse del lado de los que no están cumpliendo con la Constitución y afear la conducta del gobierno legítimo. El papel reservado al rey en nuestro orden constitucional no es ese. ¿Por qué no le ha llamado para decirle que deje de hacer nombramientos o ha llamado al Partido Popular para exigirle que cumpla la orden constitucional?
¿Qué pasa ahora con los ciudadanos que no entienden que Lesmes siga ocupando ese cargo interinamente por deseo expreso del Partido Popular? ¿Qué, con los que apoyan al gobierno legítimo y quieren que se proceda a la renovación estipulada de los órganos constitucionales? ¿Tienen que pensar que el Rey no piensa como ellos, que está con los otros? Ni siquiera todos los jueces respaldan esa situación. Felipe VI se desliza por una pendiente si se presta a ese juego. Ya lo hizo en octubre de 2017 con los catalanes, con los independentistas y con los que no, y con la actitud pública y notoria tomada en el episodio de la Escuela Judicial, se ha vuelto a posicionar al lado de los partidos conservadores. Ningún progresista puede entender que ayer el Rey fuera neutral porque no lo fue.
Ya es bastante baldón que la Constitución siga diciendo que la Justicia se imparte en España en nombre del Rey, en vez de en nombre del pueblo soberano, cuestión esta de la que muchos jueces huyen en sus sentencias, simplemente obviando tan casposa fórmula. No le sumemos una actitud de desafío por parte de estos funcionarios al Gobierno de la nación: “exigimos al Gobierno que nos explique”, han osado decir algunas asociaciones. Miren, no se pasen, ¡bajen esos humos! El poder judicial decide sobre vidas y haciendas y controla los actos de los otros dos poderes. Hasta ahí. Ese es su poder y no es moco de pavo. No tiene un poder añadido para hacer política ni para exigir a otros poderes del Estado explicaciones públicas ni para presionarles. Córtense y limítense a su papel.
Está empezando a ser peligroso que los márgenes de actuación de instituciones y poderes se difuminen y se confundan. Los jueces no hacen política. Ante la política son exclusivamente unos ciudadanos más, con derecho a voto. El Rey de España no hace política, no es su papel constitucional ni está habilitado para ello y si la hace… si alguien le aconseja mal que se posicione, está labrando su tumba dinástica.
En lo de la Escuela Judicial, lo de los nuevos jueces y los despachos no tenía ninguna relevancia. Eran otras cartas las que se estaban jugando.
Sólo cabe pedirle a la Corona que no acepte las que están marcadas.