Solicitar información pública en España: misión imposible
Hoy podemos sumar a las críticas por la mala calidad de la ley sobre el papel (estaría en el puesto 64 de las 100 leyes de acceso a la información vigentes en el mundo), el tortuoso proceso que hay que pasar para conseguir solicitar información en la práctica.
El pasado 10 de diciembre entraba parcialmente en vigor (solo a nivel estatal) la ley de transparencia en España y, tras un año de silencio, el Gobierno desvelaba el formato que había elegido para abrir la información de la Administración General de Estado: el Portal de la Transparencia. En este espacio, dicen, se podrá consultar la información que piensan publicar proactivamente y solicitar información a las instituciones públicas.
Durante la última semana, la prensa ha analizado el contenido de la información que se ha publicado prestando sobre todo atención a los sueldos de los cargos públicos; y ha hecho en general un balance negativo sobre la información disponible (aquí dos buenos análisis Difícil de masticar para el ciudadano o Mucho ruido y pocos datos).
Pero lamentablemente pocos han reparado en las graves consecuencias que tiene el hecho de que el sistema para solicitar información sea muy complejo. Normalmente la información más sensible, aquella que oculta una mala gestión por ejemplo, no está disponible proactivamente, hay que solicitarla.
Tener cierta información publicada de manera proactiva (presupuestos, sueldos, bienes inmuebles propiedad de la administración…) es positivo y eficiente, pero el derecho a solicitar información y un sistema de garantías para que se respete dicho derecho es lo único que permite que los sistemas de transparencia no sean arbitrarios y que la rendición de cuentas que se exige a las instituciones públicas sea completa y exhaustiva (en este artículo se pueden encontrar ejemplos de solicitudes que han conseguido destapar casos de corrupción en algunos países).
En este sentido podemos afirmar que lamentablemente en España:
1. El presidente del organismo que garantiza el respeto al derecho de acceso a la información, el Consejo de la Transparencia, lo propone el Ministerio de Hacienda. Es decir, un organismo no independiente que acaba siendo juez y parte a la hora de decidir qué información puede denegar la administración.
2. No se permite que todo el mundo pueda solicitar información.
El Gobierno central ha decidido limitar este derecho a aquellas personas que tengan un DNIe y el correspondiente lector (aproximadamente un 4% de la población española según el INE), o un certificado digital (según CERES a fecha del 17/12/2014 hay 3,976,422 certificados activos), o que se den de alta en el sistema Cl@ve para lo cual entre otras cosas hace falta dar un número de cuenta bancaria y esperar a que te llegue una carta postal con una clave.
La mayoría de los extranjeros, a excepción de algunos países, directamente no tienen la opción de registrarse para solicitar información.
A esto hay que añadir la obligación de presentar un DNI para enviar una solicitud, práctica que el Consejo General del Poder Judicial considera innecesaria por tratarse de un derecho fundamental (razón por la cual este organismo no va a solicitarlo). La información en manos de las instituciones públicas debería ser pública sin matices, la identidad del solicitante resulta irrelevante para su publicación de ahí que no deba ser necesario entregar un DNI.
Todas estas trabas en la práctica hacen que en España solo algunos tengan la posibilidad de ejercer el derecho de acceso a la información –aunque la ley de transparencia reconozca que es un derecho de todas las personas–. Por esta razón ayer la organización Access Info Europe planteó una queja ante la Defensora del Pueblo denunciando esta situación, aquí se puede leer el texto de la queja.
En prácticamente todos los países del mundo es suficiente con mandar un email para recibir la información y los estándares internacionales aconsejan a los Gobiernos permitir las solicitudes anónimas. El tortuoso proceso que ha puesto en marcha el Gobierno es simplemente una estrategia para seguir siendo opacos mientras reivindican la máxima transparencia.
