El vergüenzómetro judicial y otros hallazgos

Alguna vez, en alguna charla, he utilizado la imagen de un hipotético “vergüenzómetro” para explicar, con un poco de pedagogía, cuál es el trasfondo de todo ese monumental e incomprensible lío –que el ciudadano medio es ya incapaz de digerir – que llamamos “Consejo General del Poder Judicial”. Lo de los jueces, ya saben. Aquí voy a tirar de nuevo de ese recurso y, tras ello, defenderé una alternativa que cada vez se abre más paso, en este y en otros asuntos que tienen que ver con la Teoría de la Democracia. Pero antes, vergüenzómetro. 

Nuestro peculiar aparato tiene cuatro posiciones, 0-1-2-3, que van de mejor a peor, de menos a más vergüenza. Hasta la semana pasada estábamos, gracias al PP, en el 3. Ahora hemos pasado al 1. ¿De qué se trata? Se trata de elegir al jefe de los jueces. Al CEO de la “empresa jueces”, nada menos. Porque, si lo piensan, los aproximadamente 5.300 jueces que hay ahora mismo en España necesitan que alguien determine quién asciende, quién va a un destino y no a otro, cómo se valoran los méritos, quién es sancionado y – muy importante - quién es contratado cada año. Pues bien, el famoso CGPJ es el jefe de los jueces. Es un jefe colectivo: 20 personas. 8 no son jueces, son juristas. Los otros 12 sí son jueces, pero desde el momento en que son nombrados para el CGPJ, dejan de ejercer de jueces. Se dedican a ser jefes de los demás jueces, pero, claro, mientras tanto no pueden juzgar a los ciudadanos. Es importante, no hace falta que se lo explique, que estos 20 sean independientes del poder político. Ahí entra en escena el vergüenzómetro. 

Nivel de Vergüenza 0. Es el espíritu del texto constitucional. Los 20 miembros son elegidos por el Parlamento por una supermayoría de un 60%. El sentido de ese 60% tiene que ver con la neutralidad, con la eficacia y con la profesionalidad. Si establecemos una simple mayoría del 50%, el resultado está cantado: cuando haya gobiernos del PSOE, el PSOE elegirá a 20 de los suyos; y cuando haya gobierno del PP, ídem. Sin embargo, si subes la mayoría necesaria al 60%, obligas a que, para cada uno de los 20 jefes, PP y PSOE dejen de lado a sus acólitos y consensúen a alguien. Y, como los criterios para alcanzar ese acuerdo ya no pueden ser de partido, solo queda elegir a alguien que destaque por su carrera, por su capacidad, por su competencia. Alguien de prestigio, que no sea un lacayo de ninguna formación política y del que tanto unos como otros puedan esperar que se atendrá solo a lo que dice la ley… y no a otras pulsiones. 

Nivel de vergüenza 1. Las cuotas. Nuestros dos principales partidos –buenos son–convirtieron a una velocidad de vértigo la letra de la Constitución en un fraude de ley de manual. Dado que hay que elegir 20 jefes, ¿por qué no nos los repartimos previamente? Llegamos a un pacto antes de la votación (que por tanto no es una votación, sino una mascarada), y tú votas por los míos y yo voto por los tuyos, y así todos superan el 60%. Si yo tengo el 70% de los escaños, pactamos que yo me llevo el 70% de los 20 jefes. Y yo votaré por tu 30% de jefes. En el apaño entraron también, cuando podían, los otros partidos (IU, nacionalistas periféricos, etc). El CGPJ, los 20 jefes de los jueces, se transformaron en un miniparlamento en el que todos sabíamos a qué partido debe su nombramiento cada jefe “independiente del poder político”. Fue uno de los principales avances de un proceso por el que los partidos políticos colonizan áreas del Estado que no les corresponden. Un proceso que el nuevo escenario multipartidista, por cierto, no parece que esté sabiendo atajar… pero no nos distraigamos. 

Nivel de Vergüenza 2. Mayoría simple. Es la propuesta con la que amaga(ba)n desde el actual gobierno PSOE-Podemos. Cambiar la ley y elegir a los 20 mediante mayoría simple. Ya no es que el jefe de los jueces sea un miserable reflejo del Parlamento… es que es un miserable reflejo del Gobierno. Con todo lo terrible que es, al menos esta etapa atesora una pequeña virtud democrática: el turnismo. Las mayorías de gobierno, cada cuatro años, pueden cambiar, y, por tanto, conforme las urnas lo decidan, cambiará el sesgo político del gobierno de los jueces (que infinita lástima tener que argumentar a estos niveles). Una paupérrima ventaja de la que, con todo, carece el siguiente nivel.

Nivel de vergüenza 3. Bloqueo. Un partido elige mediante las cuotas (nivel 1) una mayoría de los 20 jefes mientras está en el Gobierno. Tras unas elecciones, ese partido pierde el poder, pero se niega a negociar otras nuevas cuotas con el nuevo gobierno. Aunque se cumple el plazo establecido – los 20 jefes tienen un mandato de 5 años – si tal partido no llega a pactos con el nuevo gobierno, hace que permanezcan en su puesto los 20 jefes elegidos cuando él tenía mayoría, puesto que sin él nadie alcanza el 60% exigido. Ya no es que el gobierno de los jueces sea un miserable reflejo del Gobierno… ¡es que es un miserable reflejo de la oposición! Luego nos extraña que en Europa nos comparen con Hungría y Polonia, pero la verdad es que, razones, les damos unas cuantas. 

¿Qué hacer? Parece que hemos vuelto al nivel 1, las cuotas. Algunos parecen estar celebrándolo como una enorme victoria, pero conviene, entre tanto despropósito, no perder la perspectiva: el nivel 1 es una vergüenza, y no solo no frenará el descrédito de la justicia, sino que lo agravará. Volver al nivel 0 del espíritu constitucional mediante el recurso a supermayorías ya no parece, por muchas razones, posible: los partidos sabotearán el mecanismo, pactando antes sus peones. Tienen mucho que ganar. 

A mi juicio, lo más razonable es lo que proponen Plataformas ciudadanas, sólidamente asesoradas, como +Democracia: el sorteo. El sorteo se encuentra hoy, como mecanismo decisor, en una posición curiosa (internacionalmente, me refiero): cuando la gente de la calle lo escucha, le suena casi casi a chirigota; pero los especialistas en decisiones públicas han empezado, desde hace unos años, a tomárselo en serio. Muy en serio. Un sorteo de los 20 jefes de los jueces, llevado a cabo entre los 5.300 jueces (entre los no hayan sido nunca sancionados, mejor) eliminaría de raíz la perniciosa “partidización” de la justicia. Se trata de 5.300 personas que han aprobado una oposición y a los que les concedemos el inmenso poder de juzgarnos… ¿de veras es creíble pensar que, durante cinco años, no serían unos jefes más que razonables de ellos mismos? ¿De veras tiene sentido considerar que es mejor que los elijan los partidos políticos? 

Si nos fijamos, es el azar el que decide el juez que nos juzga a nosotros, los ciudadanos. Nos toca un juez como podría habernos tocado otro. Y no solo no nos quejamos, sino que – con muy buen criterio- consideramos que el hecho de que haya un juez en su juzgado, el que sea, y que nadie pueda sacarlo de ahí ni darle órdenes directas es una inmejorable garantía democrática. Ese mismo azar sería el que llevaría, cada cinco años, a 20 jueces al gobierno de sus compañeros. La capacidad técnica y la profesionalidad estarían garantizadas per se. Toda la carrera judicial se libraría de la actual espada de Damocles que pende sobre quien quiera ascender, porque solo asciende, o al menos sobre todo ascienden, los vinculados al poder político. Justo lo que se trata de evitar.

En vez de mirar a sus peculiares “padrinos” actuales para saber qué es lo que hay que hacer para ascender en el escalafón, los jueces se encontrarían trabajando en un ambiente en el que serían valorados por 20 de sus colegas. En ese ambiente el único criterio lógico de mérito serían el prestigio, la competencia y la independencia. Algo que, además, dependería de una simple decisión del Gobierno: establecer el sorteo requiere solo una mayoría parlamentaria, no una reforma constitucional. Así que si queremos lograr una justicia en cuyo gobierno no haya sombras de vergüenza, haríamos bien en mirar al sorteo y poner el vergüenzómetro, de una vez por todas, en cero.