Viviendas, desahucios, fondos buitres y centros comerciales en Madrid

Las últimas elecciones municipales y regionales produjeron un vuelco político. De las 50 ciudades más pobladas de España sólo 12 serán gobernadas por el Partido Popular. El dato es más duro entre las 30 primeras: solo 3 (el 10%). Y entre las 15 grandes capitales con más de 300.000 habitantes únicamente 2: Málaga y Murcia. Esta es la verdadera magnitud del batacazo que Rita Barberá, la noche de las elecciones confesaba gráficamente al oído al exdelegado del gobierno en Valencia, encarcelado tres días después por presunta corrupción.

A los pocos días, la mismísima Amnistía Internacional entró en escena en materia de vivienda con un demoledor informe. Entresacamos algunas de sus frases:

Termina su informe con una dolorosa afirmación: "Es difícil encontrar en España una violación de derechos humanos tan extendida y tan invisible".

Liderados por Madrid y Barcelona, los nuevos ayuntamientos se han lanzado desde el primer minuto a paralizar tantos desahucios como les sea posible. Todos, incluso los gobernados por el PP, que ya no pueden ir contracorriente, han comenzado a poner en marcha la batería de medidas que recogían sus programas electorales para acabar con el drama. En mayor o menor medida son las siguientes:

Sabemos por tanto las líneas maestras que regirán la actividad de las administraciones en esta materia, pero ¿alguien cree que sus contrapartes van a quedarse de brazos cruzados mientras les dejan sin negocio? La banca, las aseguradoras, los fondos de inversión o las eléctricas son entidades con mucho ánimo de lucro. Su gestión no está sometida ni a medidas de transparencia ni a control democrático alguno. Trabajan con los mejores bufetes de abogados, manejan todos los recursos que la economía de mercado pone a disposición de cualquier empresa pero llegan donde no puede llegar cualquier empresa.

Una semana después –sólo una semana– de que la nueva alcaldesa de Madrid dijera en una entrevista en televisión, que los servicios jurídicos del ayuntamiento están revisando los contratos de venta de viviendas sociales municipales a diferentes fondos buitre, uno de ellos –Blackstone– anunciaba la transmisión de su cartera de viviendas –entre ellas 1.200 adquiridas a la EMVS de Madrid– a una SOCIMI –Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, Fidere– que previamente había constituido. Fidere se estrenó en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) con una ganancia del 2,5%. Como avanzábamos en estas mismas páginas hace dos años (22 Agosto 2013: Otro negocio más: privatizar la vivienda de alquiler), el mercado de la vivienda de alquiler es un excelente negocio.

El problema para los abogados de Manuela Carmena es que, pese a que consigan encontrar irregularidades en el proceso de venta, o incluso que, como dijo la alcaldesa “esta pueda no ser legítima”, es mucho más difícil revertir un contrato de compraventa a una SOCIMI que cotiza en bolsa, cuyos accionistas son inversores institucionales y pequeños inversores, que si el propietario siguiera siendo una sola institución de inversión colectiva –el fondo buitre–. De ahí que Fidere exprese con tranquilidad que “con el objetivo de incrementar la rentabilidad de sus accionistas, gestionará su cartera de viviendas seleccionando clientes –es decir, inquilinos– económicamente solventes y con visibilidad de ingresos a largo plazo”con el objetivo degestionará su cartera de viviendas seleccionandoy con visibilidad de ingresos a largo plazo.

La pregunta pertinente es ¿Se trata de una solución encontrada sobre la marcha, en cuanto sonaron las alarmas, por los bufetes de abogados que trabajan para los fondos buitre, o el blindaje de la operación estaba previsto desde el principio? En este sentido los Tribunales de Arbitraje, compuestos por “profesionales independientes norteamericanos” –no jueces de carrera– que incorpora el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos –TTIP–, no hacen presagiar nada bueno para las administraciones españolas.

Ante ello, la voluntad política de no vender ni una sola vivienda pública más, de hacerse con la mayor cantidad de viviendas vacías para compensar las que no puedan recuperarse y de constituir importantes parques públicos de vivienda protegida de alquiler, son las principales armas de que las nuevas administraciones locales y regionales disponen para defender a los colectivos más vulnerables de un sistema ante el que hasta hoy siguen indefensos.

Un sistema que aún no permite la dación en pago y en el que es legal que los subasteros se queden con las viviendas subastadas tras un desahucio, al 50% de su valor de mercado. Un sistema en el que después de haber sido desahuciada, una persona sigue debiendo todo lo que le queda por pagar de la hipoteca.

Que en Madrid los distintos gobiernos –municipal, regional y nacional– hayan trabajado y legislado en favor de las grandes corporaciones y no de sus ciudadanos, nos puede indignar pero es legal. Que viviendas municipales –de la EMVS– y regionales –del IVIMA– hayan sido malvendidas con dumping de entre el 30 y el 40% bajo el precio de mercado es perfectamente legal. Que al cabo del tiempo conozcamos que una de las empresas del hijo de la alcaldesa –Aznar Jr.– ha sido intermediaria –es decir, comisionista– en la venta de viviendas del ayuntamiento al fondo buitre nos puede revolver el estómago, pero es absolutamente legal.

Tan legal como que en contra de los fundamentos de la economía de mercado, el gobierno de España creara a medida y para uso exclusivo de SAREB un vehículo financiero –el FAB– consistente en una joint venture entre el inversor (51%) y la propia SAREB (49%), en el que si el inversor “reside fuera de España” las rentas obtenidas están totalmente exentas de tributación todos los inversores que compraron viviendas –fondos buitre– que compraron viviendas a SAREB, tienen su sede fuera de España.

En tiempo de descuento, Ana Botella apuró la legalidad que le proporciona el sistema, gobernó para los poderosos hasta más allá del decoro democrático e ignoró las necesidades de los ciudadanos en dos ocasiones: En la primera sacó a concurso ¡sólo dos días antes de las elecciones municipales a las que no se presentaba! varios terrenos municipales para construir “vivienda privada en venta” es decir, exactamente lo contrario que todos los partidos, incluido el suyo, proponen hacer con el patrimonio de suelo municipal: Destinarlo a “vivienda pública en alquiler”. No decimos que dicha venta sea intrínsecamente perversa. Tal vez las urgencias económicas del ayuntamiento terminen haciéndolo necesario, pero ¿no debería haberse dejado preparado para que el equipo de gobierno entrante tomase su propia decisión?

La segunda fue que en el último pleno antes de las elecciones, Botella tuvo tiempo de pasar su último rodillo. Ese bodrio de centro comercial que se ha empezado a construir frente al Matadero. Una muralla contraria a la permeabilidad que el cuidadoso proyecto “Madrid Río” tenía previsto para esa área emblemática de la ciudad. Ha conseguido aunar en su contra no sólo a todos los demás partidos sino a todos los estamentos de la sociedad civil. El Colegio de arquitectos lo define como “de estética incalificable” y los vecinos están recogiendo firmas para pararlo: destruirá el comercio de proximidad del barrio. El Plan Especial fue aprobado en ese pleno desestimando sin justificar las 300 alegaciones presentadas. Rápidamente los promotores metieron las máquinas. La obra ha comenzado sin licencia utilizando una pirueta legal aprobada por el gobierno regional de Esperanza Aguirre, mediante la cual basta con la promesa de que el promotor cumplirá con la legalidad. El nuevo Ayuntamiento tendrá que echar números para calcular las indemnizaciones antes de parar las obras. En todo caso es encomiable el esfuerzo y la clarividencia de Ana Botella para, contra la opinión del conjunto de la sociedad, sacar adelante este emprendimiento, movida sólo por el interés… de todos los madrileños.

No será fácil desmontar el entramado. Para quienes gobiernan entre bastidores y para los políticos que sin pudor trabajan para ellos, al enemigo ni agua. Aprovechan cualquier resquicio, violentan los procedimientos y chantajean con las indemnizaciones por parar lo que ya está en marcha. Por si acaso la nueva Ley Mordaza nos recuerda que hay líneas que cruzarlas cuesta entre 600 y 30.000 Euros por persona.

La única forma de acabar, o al menos minimizar, este sistema de gobierno de las multinacionales, los fondos y las grandes corporaciones a través de políticos interpuestos es ganando elecciones. La exigencia de Ciudadanos de paralizar la privatización del 49% del Canal de Isabel II es un ejemplo de libro. Si el PP no aceptaba la lista de condiciones que le impuso, no sería presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, una política con un talante muy distinto al de sus predecesores pero perteneciente a un partido que difícilmente renunciará a su ADN. A ese ADN que resume el presidente Rajoy en una frase para la historia: “una cosa es ser solidario y otra serlo a cambio de nada”.

La clave está en que, desde el comienzo de la democracia en España, nunca ha habido tanta conciencia colectiva para acabar con la injusticia, la desigualdad, la corrupción y la falsa moral.