Un problema de democracia

Se ha perpetrado. El Tribunal Constitucional (TC) acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP y paraliza la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno para forzar la renovación del propio TC. En plata: La mayoría conservadora del TC ha votado en contra de la tramitación de un decreto que decidía sobre el nombramiento de los miembros del TC. No se han abstenido, cuando abrían debido hacerlo, pues el decreto les afectaba directamente por referirse a sus propios nombramientos.

¿Quién controla a los controladores? Esta es la cuestión.

La respuesta es clara: Nosotros. Los ciudadanos somos los primeros y los últimos garantes de la democracia y de la soberanía. El Congreso y el Senado están elegidos por nosotros, los ciudadanos, con mejor o peor fortuna, y sus poderes son los que nosotros les hemos otorgado y que están expresamente definidos en nuestra Constitución.

La regulación del nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los miembros del TC está definida en la Constitución. Cuando se incumple la Constitución lo que se está incumpliendo es el mandato de la Soberanía Popular.

El Partido Popular (PP) fue fundado por los “siete magníficos”, todos ellos altos cargos de la dictadura. Desde su fundación (quien tenga mala memoria puede consultar las hemerotecas), el PP se dedicó a intentar perpetuar los poderes de la dictadura, no solo en el aspecto político, también en el aspecto social, religioso o legislativo. No han cesado nunca en su empeño. Hay sobradas pruebas de ello y remito, de nuevo, a las hemerotecas de los últimos 45 años: Siempre se opusieron a todas las medidas sociales de carácter progresista que implantaban o aumentaban o mejoraban los derechos ciudadanos. El derecho al aborto, el laicismo, el derecho al divorcio, las mejoras salariales, el matrimonio entre personas del mismo sexo y un larguísimo etcétera son buenos ejemplos de ello.

Cuando el PP estuvo en el poder, creó o modifico las leyes existentes, para reducir los derechos sociales y, en consecuencia, la Soberanía Popular: Redujo impuestos a los ricos (grandes fortunas, multinacionales, bancos, terratenientes), permitió que la Iglesia Católica se apropiara de miles de inmuebles, modificó la Ley del Suelo que originó la crisis del ladrillo y la burbuja inmobiliaria, entregó a los bancos más de 100.000 millones sin contrapartida alguna… y la lista podría continuar.

Al mismo tiempo que el PP legislaba en contra de la Soberanía Popular usando los instrumentos creados por ella (la Constitución y los poderes del Estado), trataba de controlar el Poder Judicial y, mediante vetos (desde la oposición) o acuerdos (desde el gobierno) lo terminó consiguiendo: La mayoría de los magistrados del CGPJ son “conservadores” y, en consecuencia, la mayoría de los del TC y del Tribunal Supremo y de las audiencias nacionales.

El CJPJ y el TC llevan “en funciones”, o sea caducados, cuatro años; por la oposición sistemática del PP y de los miembros “conservadores” de esos organismos. La situación ha llegado a su extremo con la reciente decisión del TC de aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP y paralizar la tramitación de la reforma que conllevaría la renovación del propio TC.

Algunos, entre los que me cuento, llevamos años poniendo en evidencia esta situación de atentado directo a la Soberanía Popular por parte del PP. En este artículo he pretendido explicar que esto no es una sorpresa sino el resultado de una planificación previa y organizada: Sustraer y secuestrar la Soberanía Popular y la democracia a quién la ostenta, los ciudadanos.

El PP es un partido que ha sido definido en sede judicial como asociación de delincuentes y el propio partido y muchos de sus altos cargos han sido condenados (con escasas consecuencias dado su control de los altos estamentos del poder judicial) por corrupción, latrocinio o prevaricación. En no pocos casos las acusaciones no han prosperado por prescripción de los delitos o por sobreseimiento de las causas.

Mientras nosotros, el verdadero poder del Estado, la Soberanía Popular, no pongamos remedio a esta situación, las cosas no cambiarán. No se trata de ser de izquierdas o de derechas, progresista o conservador. Se trata de ser o no ser demócrata y ningún ciudadano debería permitir que el PP siga enfangando, corrompiendo y manipulando nuestra democracia. Echémoslos con el poder definitivo de nuestros votos.

Se ha perpetrado. El Tribunal Constitucional (TC) acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP y paraliza la tramitación de la reforma impulsada por el Gobierno para forzar la renovación del propio TC. En plata: La mayoría conservadora del TC ha votado en contra de la tramitación de un decreto que decidía sobre el nombramiento de los miembros del TC. No se han abstenido, cuando abrían debido hacerlo, pues el decreto les afectaba directamente por referirse a sus propios nombramientos.

¿Quién controla a los controladores? Esta es la cuestión.