En los últimos años hemos asistido a un incesante goteo de escándalos de corrupción y fraude protagonizados por destacadas personalidades del mundo político, financiero, empresarial y social. Dentro de ese “ciclo”, 2013 constituyó un punto de inflexión tras conocerse, al comienzo de ese año, la existencia de los llamados papeles de Bárcenas sobre el cobro de sobresueldos y una doble contabilidad en el Partido Popular.
Y 2017 está siendo el año de los grandes procesos judiciales y sentencias por corrupción como la del caso Nóos, la de las tarjetas black y la primera sentencia del caso Gürtel. A lo que se suma el conocimiento de nuevos casos de presunta corrupción como el que afecta al actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado en el caso Auditorio; y la revelación de nuevas informaciones sobre otros casos, como el caso Palau, que amplían el foco de las tramas delictivas inicialmente investigadas.
Con la mirada puesta en el impacto que están teniendo los últimos escándalos, sentencias y procesos judiciales en curso, analizamos, a partir de los datos del CIS, cuál es hoy el grado de preocupación que siente la sociedad española por la corrupción y el perfil de los ciudadanos a los que inquieta más este problema.
1. En febrero de 2017 se han cumplido cuatro años desde que la corrupción y el fraude son percibidos por los ciudadanos como el segundo problema que tiene España. Estas cuestiones se colocaron como el segundo problema del país en febrero de 2013, coincidiendo con el gran impacto político y social que tuvo el caso Bárcenas. Prácticamente desde entonces, en casi todos los barómetros realizados por el CIS, este problema ha seguido ocupando el segundo puesto en el ranking de problemas del país, sólo superado por el paro.
Además, entre enero y febrero de este año ha aumentado del 33,8% al 37,3% el porcentaje de ciudadanos que consideran que la corrupción y el fraude es uno de los principales problemas que existen en España.
2. La corrupción y el fraude ocupan, después del paro y los problemas de índole económica, el tercer puesto en el ranking de problemas que personalmente más afectan a los ciudadanos. De esta forma, la corrupción no sólo preocupa a los ciudadanos a nivel “macro” (como un problema del país), sino que también lo hace a nivel personal.
3. Nunca había sido tan prolongado como ahora el período de tiempo en el que se percibe la corrupción como un problema, ni tan intensa esa percepción. La preocupación social por la corrupción ha sufrido importantes fluctuaciones en los últimos veinticinco años. En la primera mitad de los años 90, y a golpe de los escándalos que salpicaban al gobierno socialista de Felipe González, se disparó la preocupación por este problema, para atenuarse después en la segunda mitad de esa década.
Posteriormente, y aunque con algunos altibajos, la preocupación social por este problema se mantuvo baja. No fue hasta febrero de 2013 cuando esta volvió a dispararse. Y desde entonces se ha mantenido en un nivel muy elevado, alcanzándose la cifra histórica récord en noviembre de 2014 cuando, en plena oleada de escándalos, casi el 64% de los españoles mencionaba la corrupción como un problema del país.
4. Los votantes de los nuevos partidos (Unidos Podemos y Ciudadanos) perciben en mayor medida la corrupción y el fraude como un problema, que los votantes del PP y del PSOE. Tomando como referencia el barómetro del CIS correspondiente a febrero, se observa que los electores más preocupados por este problema son los de Unidos Podemos, y los del PP los que menos.
Entre los electores socialistas sobresale la percepción del paro como problema; entre los votantes del PP, los problemas de índole económica; entre los de Ciudadanos, la política, los políticos y los partidos; y entre los votantes de Unidos Podemos, la corrupción.
5. A los hombres les preocupa más el problema de la corrupción que a las mujeres, mientras a ellas les preocupa más que a ellos los problemas relacionados con la educación y la sanidad. Con una diferencia de casi 10 puntos porcentuales, los hombres consideran en mayor medida que las mujeres que España tiene un problema con la corrupción y el fraude. Por el contrario, las mujeres muestran una mayor preocupación que los hombres por la situación de la sanidad y la educación.
6. Por edad, encontramos que los ciudadanos de 65 y más años son los que, en menor medida, perciben la corrupción como un problema, y los que más, los que tienen entre 45 y 54 años. Comparativamente, las personas de mayor edad sienten una mayor preocupación que otros segmentos de la población por cuestiones como las pensiones o la seguridad ciudadana.
Por otro lado, entre los electores más jóvenes (18-24 años) no se observa, especialmente, una mayor preocupación por la corrupción respecto a otros grupos de edad, sino la que sienten por la educación y los problemas de índole social.
7. Las personas con un menor nivel educativo son las que en menor medida consideran la corrupción como un problema.
De este modo, la instantánea que se desprende de los datos del CIS apunta a un país en el que la preocupación social por la corrupción parece haberse convertido en crónica. No obstante, tras la imagen de una sociedad que, al menos en términos demoscópicos, se muestra escandalizada, se esconden grandes diferencias en los niveles de preocupación que sienten los votantes.
Además, la corrupción no tiene, necesariamente, por qué ser el factor que, a la hora de votar, más en cuenta tengan los ciudadanos a los que, en mayor medida, les inquieta este problema. Algo que puede contribuir a explicar por qué a pesar de la aparente indignación que causa la corrupción, ésta no se acaba de materializar, en la misma magnitud, en un contundente voto de castigo a los partidos y políticos implicados en casos de corrupción.
En todo caso, el nivel de tolerancia social a la corrupción política ha disminuido en los últimos años marcados por la crisis y los recortes sociales. Y esa menor tolerancia también explica la exitosa irrupción electoral de los nuevos partidos que, en el caso de Podemos, como abanderado de la lucha contra los privilegios, y en el de Ciudadanos, de la regeneración democrática, han atraído a votantes descontentos con los dos grandes partidos.
Por ello, en Ciudadanos, ante la negativa de los populares para cumplir los compromisos de investidura firmados con ellos en este ámbito, han optado, de forma estratégica, por reforzar su perfil de formación política combativa contra la corrupción. Y lo han hecho aliándose recientemente con el PSOE y Podemos para solicitar la creación una Comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP y amenazando con dejar caer al Gobierno de Murcia si su presidente no dimite.
Queda la incógnita de saber cómo continuará evolucionando la preocupación que siente la ciudadanía por la corrupción y en qué medida los procesos judiciales y las sentencias dictadas contribuyen o no a que aumente la percepción de que el sistema judicial es eficaz (y justo) en la lucha contra la corrupción. También está por ver si los electores castigarán cada vez más la corrupción en las urnas. En este sentido, si finalmente en Murcia la gestión del caso Auditorio por parte del PP acaba en elecciones anticipadas, estas podrían constituir un buen test para calibrarlo.