También con 16

Mayo de 2022, en el umbral de mis 40 y aún seguimos con esta mierda. Con aquello que le gritamos a Gallardón en 2015 (y que le costó la carrera política): “Aparta tus rosarios de nuestros ovarios”. De todos nuestros ovarios. También de los de las de 16 y 17 años. Y es que vuestras hijas no son vuestras, son suyas, de ellas, de la vida y del mundo.

Se escucha un aullido: “¡Quieren colectivizar a nuestras hijas!”. Pero no, Antonio, quiero que tu hija (y también la mía) pueda tomar decisiones sobre su cuerpo en un momento (16, 17) en el que también puede decidir sobre el resto de cuestiones que tienen que ver con su salud. La mayoría de edad sanitaria se establece en España en los 16 años. Es la edad para consentir por una misma la asistencia sanitaria. Hasta la ley que impulsa Montero, el aborto era una excepción. Fueron excluidas de su propia mayoría de edad sanitaria por el PP en 2015. Esta posibilidad sí estaba incluida en la ley de 2010, aprobada por el Gobierno del PSOE. Funcionó durante cinco años y, que se sepa, no se organizaron excursiones de fin de curso en 4º de la ESO para ir a abortar. 

Que no se garantice el derecho al aborto no impide que las mujeres sigamos necesitando y queriendo un aborto. Obligar a alguien a mantener un embarazo no deseado o a buscar un aborto inseguro es una violación de sus derechos humanos.

Restringir el derecho al aborto abre la puerta a los abortos clandestinos, y las que accedan a interrupciones seguras serán aquellas cuyas condiciones económicas lo permitan, generando de nuevo que tu clase social determine tu vida.

A lo largo de mi carrera he conocido a mujeres que habían abortado con lejía, perchas metálicas y hasta golpeándose el vientre en su desesperación. También son conocidos los casos de niñas que mueren en partos para los que su cuerpo aún no está preparado.

Ni la familia, ni el Estado, ni la sociedad opinan sobre nuestros cuerpos en materia reproductiva. Esto sigue sin quedar claro en muchos sectores.

No entienden que el único camino posible es la ampliación de este derecho: el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales reconocidos en todos los tratados internacionales (CEDAW; Estambul…).

El texto que presenta el equipo de Irene Montero blinda el derecho al aborto y devuelve el derecho a las jóvenes de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento de sus madres o padres. Traducido: si te quedas embarazada sin querer con 16 y 17 y quieres interrumpir el embarazo, a partir de ahora tu futuro no va a depender de los convencimientos morales o religiosos de tus progenitores o tutoras si no de tu propia decisión.  

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 fueron madres 302 menores de 15 años; 567 con 16; 992 con 17 y 1694 con 18. Cuando el borrador se filtró muchas voces clamaban con discursos cuyas lógicas eran la siguiente: “Si tienes edad para follar, apechugas”. Es escalofriante que cuidar de otra persona, responsabilizarte de su bienestar, crecimiento y educación sea considerado un castigo y no una decisión meditada.

El embarazo no es un “castigo” y la maternidad no puede ser entendida como una penalización por no haber seguido correctamente las normas o porque las barreras no hayan sido efectivas. La hipocresía clama al cielo en un país donde la educación sexual es deficiente gracias, en buena medida, a la acción de grupos ultracatólicos y ultraconservadores. Y, sorpresa: incluso con una buena educación sexual las medidas de prevención pueden fallar.

Según la SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, a nivel mundial, tres de cada diez adolescentes quedan embarazadas al menos una vez antes de los 20 años.

Desde un punto de vista físico, la adolescente embarazada es más susceptible de padecer complicaciones para su salud y la del feto. A esto contribuyen la inmadurez de las estructuras pélvicas y del sistema reproductor, y suelen llevar a mayor número de cesáreas, uso de fórceps y partos operatorios. También están predispuestas a complicaciones traumáticas y desgarros. Por no hablar de las cuestiones psicosociales, económicas y educativas. Pero nada de esto importa a aquellas personas que claman por “la vida”. Como si la de una niña de 15 que puede morir en el parto no importase.

Los embarazos no deseados se reducen cuando las personas tienen información sobre métodos anticonceptivos modernos y tienen acceso a ellos. Se calcula que uno de cada cuatro embarazos en el mundo acaba en aborto, esto es, un 25%. Las mujeres y las niñas van a abortar sea legal o no lo sea.

La tasa de abortos es de 37 por 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente o lo permiten solo en caso de riesgo para la vida de la mujer, y del 34 por 1.000 personas en los que lo permiten en general, diferencia que no es significativa estadísticamente. Pero estas estadísticas esconden muchas zonas en sombra. La clandestinidad los hace invisibles y el estigma es enorme. Para muchas de ellas hay incluso cárcel.

Cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o a otro estado o, como en nuestro caso, a otra comunidad autónoma porque a día de hoy no en todas las comunidades hay acceso a una interrupción en la sanidad pública debido a las objeciones de conciencia y el alto concierto con la sanidad privada. De ahí la importancia de este anteproyecto de ley.

El texto del equipo de Montero trata de garantizar que los abortos se lleven a cabo en centros del sistema sanitario público. Actualmente estos son una minoría. El modelo mayoritario es el concierto con clínicas acreditadas, donde se llevan a cabo el 85 por ciento de las interrupciones, porque existen hospitales enteros que aducen objeción de conciencia para no realizarlas. Por eso otra clave es regular la objeción de conciencia y que todos los centros cuenten con profesionales de ginecología y obstetricia que puedan realizar las intervenciones.

Amnistía Internacional denuncia que las mujeres y niñas con bajos ingresos, las refugiadas y migrantes, las adolescentes, las lesbianas, las mujeres cisgénero bisexuales, las personas transgénero o de género no conforme y las mujeres pertenecientes a minorías o indígenas se ven afectadas de forma desproporcionada por las legislaciones restrictivas y que no garantizan el derecho al aborto.

Pero el conservadurismo brama ajeno a esto. Y mientras, a diario, en el mundo la OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. Los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar a cinco millones de discapacidades evitables.  

Construyen sus privilegios sobre nuestros cuerpos y por eso les escucharemos y les leeremos vociferar de nuevo. Nos explicarán qué significa abortar, qué significa sangrar, cómo nos duele y qué supone parir.

Será que conocen el ahogo que no te deja respirar cuando crees que te has quedado embarazada con 16, con 17. “¿Cómo digo esto en casa?”. Aquel terror inmenso cuando se rompe el condón y ninguna farmacia te vende la píldora del día después. Aquel temblor cuando el preservativo se queda dentro. El miedo atroz a que te vieran entrar a planificación familiar.

Es también una cuestión de clase: hay quién se podía permitir un vuelo a Londres y abortar sin que nadie se enterara.

Y, como le pasa a la gente que vive flotando en un líquido amniótico cebado de privilegios, les trae absolutamente sin cuidado que muchas mujeres sin recursos vayan a recurrir a perchas, legía o puñetazos en la tripa para interrumpir un embarazo que ni desean ni, muchas veces, pueden permitirse. Están en contra de que las pobres lo hagan con seguridad, en la pública y sin estigma.