El Nordeste de Brasil (en especial los estados Bahia y Piauí) fue la excepción en la última votación presidencial del grande del Sur. Los estados históricamente más perjudicados en la distribución del ingreso nacional y aquellos más ligados a la herencia de la esclavitud y el racismo que al día de hoy todavía define el perfil más problemático del país, le dieron la espalda a la propuesta proto-fascista de Jair Bolsonaro por el Partido Social Liberal el último domingo.
Resulta complicado en extremo explicar Latinoamérica en el actual contexto. Tras haber vivido casi cuatro años en Bahia, en ese nordeste resistente y un poco olvidado por el eje político administrativo central de ese país, me atrevo a utilizar fragmentos de mi memoria, extraídos del intercambio cotidiano, con las vecinas, en la peluquería, o conversando con el dueño del mercado de mi barrio en Santo Antonio Além do Carmo, en pleno centro histórico de la ciudad de Salvador.
Recuerdo vivamente cómo de las conversaciones políticas en espacios compartidos con personas desconocidas del barrio se diluían en “pedir al Señor que nos perdone” o “echar a los sucios y corruptos del PT (Partido de los Trabajadores) del gobierno”. Me costó mucho, por otro lado, naturalizar que los vendedores de galletas o chicles en el transporte público lograran respuesta al simple “buen día” tras interpelar con más bríos (y más exitosamente) con “¡buen día pueblo de dios!”. Por último, me fue imposible normalizar el hecho cotidiano de ver a la policía militar armada hasta los dientes requisando (y humillando) de manera ritual a hombres negros a mitad de la calle, en cualquier momento del día.
Esta selección de memorias resulta un ejercicio tan arbitrario como simbólico que me permite como periodista que asume su conocimiento situado, es decir: lo hago desde una mirada propia, concreta y política de la realidad. No sería equilibrado, tengo que decirlo, mi relato si dejara de lado las enormes manifestaciones en contra del golpe de Estado orquestado por el conservadurismo en el Congreso a la cabeza con Michel Temer, así como las largas y emocionantes caminatas que se hacen en Salvador de Bahia en la que se fusionan motivos religiosos con pautas políticas, cargadas de carteles, canciones, danzas, y carros con bocinas gritando un #EleNao unificador de los movimientos sociales.#EleNao
Entre mis retazos de vivencias brasileras, tengo registros periodísticos del fenómeno de violencia creciente, las últimas veces minimizado por mis colegas periodistas brasileros alineados con la izquierda. Me preguntaba a inicios del año ¿Qué está pasando en Brasil, el país que más mata personas LGTB+ en el mundo? Un fenómeno de violencia en aumento registrado no solo en las calles sino también con mob attacks (ataques masivos) dirigidos a activistas en las redes sociales comerciales.
Entre las diversas formas de expresión de la violencia se registran cada vez más los ataques organizados en enjambre por grupos homofóbicos en redes sociales digitales, la censura en museos y las violencias directas contra los cuerpos de las personas LGBT+. Este año en Brasil, el clima de inestabilidad política fue mayor a causa de un año electoral plagado de persecuciones judiciales y campañas mediáticas de descrédito dirigidas al expresidente Lula da Silva, quien contaba con la mayor aprobación e intención de voto al momento de ser encarcelado. De todas maneras, la postura de los partidos progresistas y la izquierda fue más bien refractaria a la hora de un compromiso continuado sobre los temas de género, sexualidad y aborto.
Para entender el fenómeno de odio en ebullición, entrevisté a la periodista brasilera Andrea Dip, de la Agência Pública, a raíz de su libro “¿En nombre de quién?”, en su informe periodístico señala que el número de evangélicos en el Parlamento brasilero creció acompañando el aumento de la cantidad de fieles en el país. “En 2000, cerca de 26,2 millones de personas se declaraban evangélicas, 15,4% de la población. En 2010, el número pasó a 42,3 millones, 22,2% de los brasileños. Ya a fines de 2016, según una pesquisa divulgada por el Instituto Datafolha, el 29% de los brasileros se reconocía como evangélicos 3 de cada 10 personas con más de 16 años” detalla el libro.
Las razones del aumento de los crímenes de odio contra personas LGBT+ en Brasil no responden a una causa única ni reciente. El aumento de la violencia, especialmente después del proceso de impeachment que expulsó del Gobierno a la presidenta Dilma Rousseff, responde a una trama compleja que incluye una mayor militarización en el territorio, una agenda político-económica conservadora y reaccionaria movida por el establishment impeachmentestablishment del gigante del sur.
Dip dibujaba el horizonte de la política institucional brasilera con pistas sobre el presente: “Hoy en Brasil está gobernando el Congreso más conservador desde la última dictadura militar en 1964, esta es la cámara más conservadora con el mayor número de religiosos y simpatizantes de militares en el poder. Esto en sí es bien grave, un fenómeno para estudiar. Ya hemos visto cómo esto se refleja en políticas públicas y en proyectos de ley. Un buen primer ejemplo de lo que está sucediendo con la discusión de género en las escuelas. Los diputados evangélicos hicieron una verdadera cruzada, viajando por el país, dando conferencias, con muchos vídeos, publicaron guías falsas sobre lo que ellos llaman ‘ideología de género’, un constructo que en realidad no existe”, resumía.
Florencia Minici, del medio feminista LATFEM, resume el enclave ideológico militar-religioso que da forma al presente político brasilero: “Se contabilizan alrededor de 6000 sedes de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, y el fenómeno se extiende por toda la región. Así, entre el silencio, el ruido y la furia, un excapitán del ejército de la larga dictadura que duró 21 años fue colocado por un entramado de corporaciones en el centro de la escena política continental. Se trata de la soberanía neofascista que se sostiene en una gobernanza compleja que va más allá del Estado. Colocado esta vez no por un golpe, que fuera consumado antes mediante el impeachment, sino por la definitiva consolidación de la derecha en el plano de la disputa subjetiva en torno al orden como versión de la democracia. La carnalidad de la guerra contra los pueblos por venir irá deviniendo en métodos y estructuras diferentes, algunas no nuevas y otras impensadas, de seguir esto así”.
Desde el pasado 7 de octubre, primer turno de las elecciones, se registraron más de 50 ataques - entre amenazas y agresiones verbales y físicas - de partidarios del candidato presidencial Jair Bolsonaro (PSL) contra mujeres, personas LGBT + y opositores del candidato. Además, hubo al menos un asesinato relacionado a la disputa política en las urnas: el del maestro de capoeira Moa del Katendê, en Salvador, Bahía, muerto a cuchilladas por un partidario de Bolsonaro tras haber criticado al candidato del PSL y declarado su voto en favor de Fernando Haddad (PT).
El discurso de odio en sus formas digitales y en sus expresiones de carne y hueso alimenta el crimen de odio. La cientista política e investigadora San Romanelli Assumpção, entrevistada por el medio brasilero Género y Número, le puso palabras al fenómeno: “No se puede decir que ese discurso es inocuo, existe una relación causal. Cuanto más discurso de odio, mayor es la probabilidad de un crimen de odio. Estos crímenes políticos que hemos visto en las últimas semanas -y que no se habían producido en las últimas elecciones- son crímenes de odio alimentados por un discurso de odio político. El candidato Bolsonaro llegó a decir que una cosa no tiene que ver con la otra, pero es de gran deshonestidad intelectual y política negar esa relación. Y políticos que se consideran liberales o de izquierda tienen que pronunciarse contra el discurso de odio y contra un candidato que practique un crimen de odio”.
En abril de 2018 se suscitó una de las crisis políticas más intensas y violentas de la región centroamericana, después del golpe de Estado en Honduras en 2009. La crisis en Nicaragua, que estalló a raíz de un descontento social que la población arrastra desde hace muchos años con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobrepasó ampliamente las garantías de cumplimiento y respeto de los derechos humanos: la represión (con el resultado de la muerte de cerca de 400 personas), las agresiones físicas y el miedo psicológico, se convirtieron en vías para intentar restablecer el orden, la razón de Estado y extinguir la protesta social.
Son incontables las acciones online y callejeras que activistas, estudiantes y movimientos sociales emprendieron en un panorama de masacre y persecución orquestada por el actual gobierno de Nicaragua. Desde que los asesinatos y persecuciones se desataron en Nicaragua, resultó efectivo el bloqueo mediático de los canales masivos de comunicación. Para las comunicadoras que circulamos las continuas denuncias que recibimos de primera mano de las activistas, las amenazas, insultos y acusaciones de participar de algún boicot estadounidense fueron el pan de todos los días. Esto no evitó que siguiéramos contactadas con compañeras feministas nicaragüenses que estuvieron ahí, organizándose en redes y colectivas que intentan anonimizar las individualidades debido al riesgo que comporta la crítica directa al gobierno de Daniel Ortega.
Una vez más, las fuerzas de “izquierda” tan ágiles para condenar las atrocidades de los gobiernos de derecha o que salieron a marchar de forma multitudinaria para protestar por la desaparición forzada de Santiago Maldonado en Argentina, aún no se despabilaron con la violencia nicaragüense. Señala la activista uruguaya Silvina Font en La Diaria que los movimientos que se esforzaron por frenar el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil, hoy reclamando “Lula libre” que también denunciaron el asesinato político de Marielle Franco, no actuaron con la misma indignación a la hora de denunciar al gobierno violento y dictador se autoproclama de izquierda en Nicaragua.
Se despliega en este caso un manto de silencio llamativo, así como una cantidad inesperada de comentarios virulentos a las notas en medios alternativos que informan sobre la represión. “Esa unidad izquierdista que se demora en levantar las consignas de la diversidad sexual, también encubre con su mutismo asesinatos, abusos sexuales y torturas”. Daniel Ortega, denunciado por su hija política Zoilamérica Narváez hace 20 años, nos pone de cara con una “izquierda” latinoamericana que siguió apoyando a un pedófilo violador, rasgándose las vestiduras como es usual.
Por su parte, en Guatemala, los grupos de derecha fundamentalistas reaccionaron de manera organizada en la urgencia de responder ante los avances efectivos de los movimientos por la despenalización del aborto y las organizaciones LGBT+ en toda la región. Muestra de esta reacción es la presentación del proyecto de ley 5272 que busca retroceder en el plano del derecho a la salud sexual de las mujeres y del reconocimiento a una vida sin violencias por parte de los colectivos LGBT+. Dicho proyecto que aterrizó en el Congreso en 2017, lleva el título de Protección para la vida y la Familia y se opone principalmente al reconocimiento de las relaciones no heterosexuales, busca frenar los planes de educación sexual integral con perspectiva de géneros diversos en las escuelas, así como también propone considerar el origen de la vida desde la concepción y, desde ese punto central, criminalizar al aborto en todas sus formas y enviar a la cárcel a las mujeres que cursen abortos espontáneos.
Periodistas feministas, activistas y movimientos LGBT+ jugamos un papel clave en el avance hacia una vida libre de violencias en América latina. Sin embargo, Honduras, Colombia y El Salvador, también forman filas en el horizonte del retroceso generalizado de los derechos ampliados que buscamos conseguir. Son urgentes las alianzas estratégicas que den forma a respuestas colectivas ante la avanzada anti- derechos. No queremos que nadie se quede afuera y vamos a florecer nuevas formas de luchar desde las organizaciones populares.
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19 razones para que Ortega se vaya, explicadas por los movimientos sociales nicaragüenses.
América Latina en lucha: renovadas aperturas en tiempos de devastación. Un análisis de Raquel Gutiérrez Aguilar, Mariana Menéndez e Itandehui Reyes Díaz
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