Pedagogía racista y frutos rojos

S. B. lleva desde 2007 pasando la temporada de recogida de la fresa y los frutos rojos en Huelva bajo el sistema de contratación en origen, pagando su correspondiente cuota a la Seguridad Social. La única salvedad fue el año 2020, por el cierre de la frontera decretado por el Estado marroquí. Enferma de cáncer de cérvix desde hace varios años, y que a pesar de sus dolencias continuó viniendo a trabajar cada primavera, S. B. cree con buenas razones que su trabajo y sus aportes le dan derecho a ser asistida por el sistema sanitario español, y probablemente esa es su única alternativa, debido al estado de la sanidad pública en su país. Sin embargo, no se lo han puesto nada fácil.

La empresa para la que trabaja en Huelva, Atlantic Blue, se negó a ayudarla y, antes bien, la acusó de fingir su malestar para obtener la residencia y la amenazó con acusarla de fuga. Lo cuenta muy bien Perico Echevarría en La Mar de Onuba, donde relata el caso con todo lujo de detalles, incluyendo un audio en el que se escucha a la encargada de la finca negarle a la trabajadora el derecho a salir libremente del recinto: “No os la podéis llevar y ya está”. También narra el periodista, en esta ocasión testigo del caso, el cuestionable papel de las trabajadoras de la Cruz Roja. El propio Echevarría acompañó a S. B. en su periplo hasta conseguir el apoyo de la Asociación Familia Vicenciana. Lo hizo junto a Ana Pinto y Najat Bassit, fundadoras de Jornaleras de Huelva en Lucha, que conocen bien esa empresa, en la que ambas trabajaron durante años.

Valga decir que este caso es excepcional por el acompañamiento y la visibilidad que ha recibido, pero es también muy representativo de lo que ocurre en los campos de Huelva. Las trabajadoras contratadas en origen pagan sus contribuciones a la Seguridad Social y a la Hacienda pública, como cualquier persona asalariada, pero ellas rara vez llegan a recibir la tarjeta del Sistema Andaluz de Salud, y cuando requieren de atención médica, a menudo no se les proporciona ningún tipo de información ni asistencia. En el caso de esta empresa, además, las trabajadoras no solo pagan sus cotizaciones, sino que son obligadas a pagar primas de salud que ni saben lo que son ni nadie les explica. La Caixa gestiona estos cobros, pero hasta ahora no ha asumido ningún tipo de responsabilidad, como tampoco la patronal fresera.

Recordemos que las trabajadoras marroquíes contratadas muchas veces no manejan el idioma español y viven en las instalaciones de las propias fincas, a varios kilómetros del pueblo más cercano y sin ningún tipo de transporte. Es decir: están aisladas y desconocen totalmente sus derechos. O tal vez sea mejor decir que los desconocían. Ahora, las marroquíes llevan ya años viniendo a España cada primavera, y algo van sabiendo de cómo funciona el sistema. Además, desde 2020 cuentan con la labor sindical de la asociación Jornaleras de Huelva en Lucha que, pese a su precaria situación, ha hecho más por las personas que trabajan en el campo onubense que los sindicatos que cuentan con todos los medios para ello.

Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos es por qué una sociedad permite este tipo de trato deshumanizante de quienes, con su trabajo, posibilitan la producción agrícola de nuestro país. Creo que la única respuesta es el racismo. Sin la pedagogía racista, que identifica humanidad con blanquitud y construye al otro racializado como inferior a ese ser humano blanco (y varón, y propietario), sería difícil que tolerásemos que estas mujeres recibieran sistemáticamente el trato vejatorio que reciben. Tampoco admitiríamos que seres humanos se vieran obligados a vivir en las condiciones de los asentamientos de chabolas de Lepe o Palos de la Frontera, donde cada tanto llega la noticia invisible de un nuevo incendio. Y si había dudas de la persistencia y eficacia de esa pedagogía racista, recordemos cómo las personas afectadas por la guerra de Ucrania recibieron un trato muy distinto, y el Gobierno anunció con presteza que existían miles de viviendas disponibles para alojarlas, como si hasta ese momento no hubiera miles de personas viviendo en chabolas, cuando no al raso, en nuestro país, y especial y significativamente, en las zonas de producción agrícola.

Escribía estas líneas cuando supe que al menos 37 personas murieron mientras intentaban saltar la valla de Melilla para llegar a España. La respuesta del presidente del Gobierno, ese gobierno que se nos dice que es el más a la izquierda que podemos tener, fue felicitar al Estado marroquí por frenar el “asalto violento” en la frontera. Sánchez hizo suyo el marco de la ultraderecha con una facilidad pasmosa, mientras algunas personas nos preguntábamos si era la represión policial en la frontera lo que se le pedía a Rabat a cambio de abandonar a su suerte al pueblo saharahui. No creo que sea posible tanto cinismo si no se ha asumido previamente que esas personas son menos personas que las del lado de acá de la valla. Rita Segato lo llamó pedagogía de la crueldad: tratar a los seres humanos como si fueran cosas.

Hablemos claro: el Estado español, como el resto de Europa, requiere mano de obra barata, muy barata, para asegurar la rentabilidad del agronegocio, para garantizar la limpieza y los cuidados a precios de saldo, y un largo etcétera de trabajos precarios concebidos para ciudadanía de tercera y cuarta clase. Y esa mano de obra la garantiza una ley de extranjería que abona esa pedagogía racista por la cual hay personas de primera, segunda y tercera clase. Esto no es nuevo, pero se actualiza y se agrava en tiempos en que la lógica extractivista del neoliberalismo avanza triunfalmente sobre cada vez más esferas de la vida.

Cuenta Achille Mbembe en Crítica de la razón negra que, en tiempos de la economía de las plantaciones, las clases pobres blancas se esforzaban por diferenciarse de los esclavos negros, tal era su miedo en caer en ese abismo. Hoy, el discurso plano del “vienen a quitarnos el trabajo” conquista el sentido común con una facilidad tan pasmosa que solo cabe concluir que está activando resortes del inconsciente muy profundos. Tal es la pregnancia del racismo como dispositivo cultural y como tecnología de gobierno.

Es verdad que Vox no logró el 19 de junio los resultados que esperaba en Andalucía, pero la derecha barrió y la izquierda se vio aún más arrinconada. Las izquierdas vienen mostrándose a la defensiva, reactivas y, lo que es peor, moralistas. Frente a la política securitaria y el racismo institucional que lleva años consolidando la Unión Europea –y el Estado español tiene aquí un papel especialmente antipático, por ser frontera sur del continente–, se ha impuesto en las izquierdas europeas un discurso humanitarista y moralizante de la cuestión migratoria que se desliza con facilidad hacia el paternalismo  y la victimización –el “salvador blanco” frente al “pobrecito” migrante–. Concluye Miguel Mellino que las izquierdas y las oenegés abanderan a menudo un “antirracismo de sistema” que, pese a sus buenas intenciones, sigue operando en coordenadas funcionales al sistema de dominación que interconecta las opresiones de raza, género y clase.

¿Qué hacer? No traigo recetas, pero sí una convicción: la semilla de ese movimiento antirracista que necesitamos, que rompa con la lógica moralizante de la razón humanitaria, se encuentra hoy, como estuvo siempre, en movimientos de base como las Jornaleras de Huelva en Lucha, que articulan en su praxis política el antirracismo, el feminismo y el ecologismo.