Anticorrupción pide ocho años de cárcel para Ignacio González por corrupción al frente del Canal de Isabel II

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de ocho años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio González por inflar el precio de la compra de una sociedad brasileña con el dinero público del Canal de Isabel II, la empresa de aguas de la que estaba al frente cuando era el número dos de Esperanza Aguirre en el Ejecutivo autonómico, y quedarse con 1,8 millones de euros.

En su escrito de acusación de la pieza sobre la compra Emissao, dentro del caso Lezo, el Ministerio Público atribuye a González los delitos de fraude a la Administración en concurso medial con malversación de caudales. A los ocho años de cárcel que solicita por ello añade 19 de inhabilitación,.

En el banquillo también se sentarán el exdelegado de la empresa pública para Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, para el que Fiscalía pide 7 años de cárcel; el que fuera delegado del Gobierno en Ceuta con el PP, Luis Vicente Moro (7 años); el colombiano Diego Fernando Arias, de la sociedad del Canal en Colombia y que confesó el reparto de las comisiones (2 años); Ramón Navarro Pereira (2 años), también de la filial colombiana del Canal; Sebastiao Cristovam, de la firma brasileña (6 años); y María Fernanda Richmond (5 años), exdirectora del Canal.

Todos ellos, a excepción de Richmond se quedaron con una comisión de 900.000 euros, salvo González que obtuvo el doble. La trama repartió sobrenombres para todos ellos. A Ignacio González se le adjudicó el de “Conde”.

Los investigadores calculan que esta operación, que tuvo lugar en noviembre de 2013, generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas.

El instructor de la causa, Manuel García Castellón, concluyó que la compra de Emissao se hizo a un “sobreprecio indebido” para que los investigados pudieran repartirse comisiones ilegales. La empresa pública de aguas pagó por el 75% de la mercantil brasileña 31 millones de dólares, cuando costaba entre 17,9 y 22,2 millones de dólares, según ha revelado la investigación. Esa cantidad incluiría los 5,4 millones de dólares que se iban a repartir en “ilícitas comisiones” parte de los investigados. García Castellón procesó en noviembre a siete acusados en esa causa. Entre ellos, Ignacio González, al que el Canal otorga un papel “permanente” de “supervisión y vigilancia” de todo el proceso de compra y que se habría llevado 1,8 millones de dólares.

Anticorrupción dice en su escrito de acusación: “Todo ello se llevaría a cabo bajo la permanente supervisión y vigilancia del acusado Jaime Ignacio González González, quien fijaría las cuantías de las comisiones, siendo la suya el doble que las de los demás, para lo cual mantuvo reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”.