Autónomos, pensionistas y grupos científicos urgen estabilidad política: “Necesitamos un gobierno ya”
“Nos reunimos con Sánchez en agosto, justo antes de que se fuera de vacaciones. Y fuimos radicales. ¿Vamos a precarizar más? ¿Vamos a buscar una fórmula que blanquee la precarización? El responsable de empleo del PSOE, Toni Ferrer, nos dijo que de ninguna manera. Y el presidente asintió, pero no profundizó en la idea”.
María José Landaburu es secretaria general de la unión de autónomos UATAE, una de las tres organizaciones del sector —las otras dos son ATA, vinculada a la CEOE, y UPTA— con las que el presidente en funciones se vio el pasado 8 de agosto, durante su ronda de contactos. Cuenta que durante la reunión salió el tema de crear una nueva figura laboral para los falsos autónomos que trabajan repartiendo para empresas tecnológicas, como Glovo o Deliveroo, una idea impulsada por el lobby de las plataformas y la patronal de las empresas.
“La precariedad es un elemento fundamental en nuestros reclamos”, explica. “La externalización se produce porque los autónomos somos el chollo del sistema. Ya nos lo están diciendo los macrojuicios. Mientras tanto, esta semana han muerto dos 'riders'. Esto exige medidas políticas. Francamente, necesitamos un gobierno ya”.
Landaburu habla con el mismo ímpetu y preocupación que muchos de los “agentes sociales” con los que se ha visto Sánchez —y de otros con los que no — estas últimas semanas. Son sindicatos, patronales o colectivos que canalizan las demandas de sus representados, las elevan a los grupos políticos y que, tras cuatro años de inestabilidad política, empiezan a estar desesperados porque sus propuestas no avanzan.
“Está todo paralizado. Ni siquiera sabemos quién es nuestro interlocutor”, añade Marina Albentosa, investigadora científica del Instituto Español de Oceonografía y presidenta de la asociación de investigadores InvestOPI. “Todos los políticos están en interinidad y te dicen: ahora no me cuentes porque no puedo hacer nada. No es el momento de plantear iniciativas nuevas”.
La realidad es que muchas de esas iniciativas ni siquiera son nuevas, sino que tienen años de reivindicación detrás. Landaburu pone como ejemplo otra histórica demanda de los autónomos: la cotización por ingresos reales (y no una cuota fija de 283 euros al mes), una de las primeras medidas de las que hablaron los socialistas cuando llegaron al Gobierno tras la moción de censura a Rajoy. “No es que se hablara, es que es un compromiso del Gobierno con las organizaciones de autónomos”, recalca la secretaria.
En efecto, cuando en diciembre de 2018 la ministra de trabajo, Magdalena Valerio, firmó con con estas asociaciones la subida de su cotización, remarcó que era un acuerdo “provisional” para implantar el nuevo sistema en 2019. Pero estamos en septiembre y ni siquiera está claro que no vaya a haber otras elecciones en dos meses.
“Hay gente que tiene que cerrar porque no puede asumir ese importe”, señalan desde UATAE. “Tampoco ha funcionado el paro de los autónomos. Todo es consecuencia de no cumplir los compromisos”.
Mientras los autónomos llegan a enero con su cuota fija mensual, pensionistas y funcionarios desconocen qué pasará con su sueldo a partir de entonces. Si no sucede nada, los primeros — uno de los colectivos que más se ha movilizado recientemente — solo verán un aumento del 0,25% que estableció el PP en 2013. Las protestas de los jubilados consiguieron que el PSOE aprobara un aumento del 1,6% y del 3% en las mínimas para 2018 y 2019, pero 2020 apremia y la sombra del 0,25% se alarga. La única solución si no hay Gobierno es que el Ejecutivo en funciones apruebe un Real Decreto-Ley, y aunque en el Ministerio de Trabajo admiten que es “complicado” aseguran que “es posible” hacerlo. El coste político de no subir las pensiones sería demasiado grande, después de un año caliente en las calles.
“Es una preocupación importante”, señala Julián Gutiérrez, secretario general de la federación de jubilados de CC.OO. “No solo por nosotros, sino porque calculamos que en torno al 30% de los hogares vive de los pensionistas”. La ruptura en febrero del Pacto de Toledo, el acuerdo entre todos los partidos que hace recomendaciones al Gobierno para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, provocó otro retraso en las nuevas medidas que hay que tomar. “El compromiso que tienen los partidos es retomarlo en el punto en el que se quedó”, dice Gutiérrez. “Pero si no hay Gobierno y vamos a elecciones, llega enero y seguimos igual. Los jóvenes también dicen: ¿pero yo voy a cobrar?”.
Como el de Toledo, está en el aire la aprobación de un Pacto por la Infancia que lleva años siendo impulsado por la Plataforma Infancia (constituida por decenas de organizaciones y ONGs) y que fue suscrito en el Pleno de Congreso en diciembre por todos los grupos políticos menos PDeCAT. Pidieron al Gobierno que lo impulsara. “Llevamos años diciendo que las prestaciones son muy bajas comparadas con el resto de países europeos”, explica Carmen Molina, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF. “Y es algo con lo que todo el mundo está de acuerdo. Estaba listo para salir... pero se ha reseteado. La parálisis afecta”.
Los funcionarios, por su parte, tampoco saben qué sueldo cobrarán: si el mismo que en 2018 o una subida del 2%, vinculada a la del PIB, que también podría aprobarse por la vía del Real Decreto. La otra opción es esperar a que se forme Gobierno, haya nuevos Presupuestos y cobren ese incremento con carácter retroactivo.
Los problemas que vienen de la crisis
Las pensiones son uno de los pocos gastos estatales que ha aumentado desde la crisis. Partidas como el I+D+i, Defensa, Comercio, Turismo y Pymes o Infraestructuras llevan años encadenando bajadas presupuestarias. En algunos casos, los Presupuestos pactados por el PSOE y Podemos a principios de 2019 suponían una mejora sustancial — las mayores subidas se las llevaban Acceso a la vivienda, Servicios Sociales e Infraestructuras. Pero fueron tumbados en el Congreso -los partidos independentistas se apearon del grupo de la moción de censura- y provocaron la convocatoria de nuevas elecciones.
“Llevamos denunciando los problemas de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) desde hace seis años”, dice la presidenta de InvestOPI . Algunos OPIs españoles son, además del Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria o el de Astrofísica de Canarias.
En su caso, continúa, la inestabilidad política no afecta tanto a la falta de fondos y a las prórrogas de los presupuestos de Montoro (que dotaron a la partida con 7.044 millones de euros) como a las dificultades de gestión, que no cambian. El resumen es que los trámites administrativos para ejercer su labor y gastar los fondos públicos son tan complejos que parte de los proyectos se quedan sin hacer. No en vano, el 46,6% del gasto anual presupuestado en I+D no se ejecuta.
“Hay unos protocolos que cumplir. Luego, un sistema de control por parte de Hacienda. Es una maraña donde cada paso te lleva dos o tres semanas. Y la ciencia tiene un componente de imprevisibilidad tremendo, que requiere de flexibilidad para seguir en una línea o cambiar la dirección. Hay gente que dice que lo que nos falta es personal. Yo creo que hace falta es un legislador que diga: esto se tiene que hacer de otra forma”, continúa. “Estamos tan mal que un aumento en la inversión en ciencia, que es necesario, casi nos daría lo mismo, porque lo que tenemos no lo podemos gastar”.
Al otro lado del espectro, en las grandes empresas de ingeniería que viven orientadas al mercado, las cosas no son muy diferentes. La inversión en infraestructuras también se precipitó con la crisis y no se ha recuperado, lo que ha llevado al secretario de Estado Pedro Saura a reconocer que nuestras carreteras, trenes y puertos se deterioran. En febrero, antes de las elecciones, Saura anunció que el Gobierno planeaba invertir 20.000 millones en los próximos dos años para alcanzar la media de la Unión Europea.
Sin Gobierno, claro, eso no ha sucedido aún.
“Cada vez que hay un cambio de gobierno se produce un parón inversor de ocho meses, con el agravante de que desde 2016 no hay estabilidad y de que venimos de una larga crisis que redujo la inversión. Que no te extrañe que Fomento contratara en 2018 un 19% menos de ingeniería que un año antes”, señala Fernando Argüello, director general de FIDEX, la patronal de las grandes ingenierías españolas (Técnicas Reunidas, TYPSA, Acciona, etc.). “¿Qué va a ocurrir? Si se siguen prorrogando los presupuestos de Montoro, seguiremos con un ritmo de inversión menor al 2% del PIB, muy por debajo de la media europea, del 3 o 4%. Y eso solo en las que dependen de Fomento. Hay más de 800 actuaciones prioritarias pendientes de ejecutar en transporte, agua y medioambiente. Solo en transporte hay 272: muchas de ellas corresponden a la accesibilidad de las ciudades, redes secundarias y gestión de capacidad. No todo es alta velocidad ferroviaria”.
En la práctica, la falta de inversión no solo provoca que España no incremente sus redes, sino que las infraestructuras existentes envejezcan. Como señaló un reciente informe de BBVA, el 24,2% de las infraestructuras públicas tienen ya más de 20 años de antigüedad frente al 14,2% en 2007. Según estos datos, las infraestructuras hidráulicas, portuarias y viarias son las más envejecidas.
“Con el empujón de los 20.000 millones nos pondríamos al nivel de hace dos o tres años”, añade Argüello. “Pero ahora mismo ni siquiera tenemos interlocución, porque no hay Gobierno”. Las empresas, que ya hace tiempo que iniciaron su expansión internacional, viven fundamentalmente de hacer negocios en el extranjero.
El acceso a la vivienda no mejora
Desde las elecciones generales de 2015 la escalada de los precios de vivienda, tanto en compraventa como en alquiler, no ha cesado. En Baleares, Madrid y Barcelona los precios de compraventa están a punto de alcanzar los niveles del pico de la burbuja inmobiliaria. En alquiler, los precios de varias ciudades están ya muy por encima de ese punto: en Madrid y Barcelona, concretamente, un 18% y un 12% por encima.
En marzo, PSOE y Podemos pactaron un Real-Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que recuperaba los contratos mínimos de 5 o 7 años (y no de tres) y limita las subidas interanuales al IPC en los nuevos contratos. Aunque el decreto disponía la creación del índice estatal de referencia de precios (según señaló Ábalos esta semana, ya trabajan en ello), las medidas no incluían su limitación como inicialmente pedía Unidas Podemos (provocando las amenazas de los fondos inmobiliarios al Gobierno con una “caída de las inversiones”). Tampoco descargaban los gastos de la inmobiliaria sobre el arrendador (solo en el caso de ser este persona jurídica).
La inestabilidad política en este campo no afecta a un único colectivo, sino a muchos por igual. “Estoy buscando un sitio porque se acaba mi contrato y mi casero quiere subirme el alquiler”, relata Juan, un joven ingeniero madrileño. “Se supone que los precios bajarán, pero no lo hacen. Tanto el PSOE como Podemos tienen una batería de medidas que me gustaría aprovechar, como la lucha contra la pobreza energética o que los gastos de agencia los pague el propietario. Solo por no pagar otro mes de agencia cuando me mude espero que formen Gobierno y lo aprueben pronto”.
La batería de medidas que Podemos, el aún “socio prioritario” del PSOE, envió durante la negociación de julio no solo incluía esas propuestas. También retomaba la posibilidad de limitar precios en las zonas declaradas “tensionadas”. En opinión del sociólogo y miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Javier Gil, será difícil que haya nuevas medidas más allá del índice de precios y nuevas estadísticas. “Creo que Podemos no podrá rascar nada más al Gobierno; al menos, nada que toque los presupuestos o los privilegios del sector financiero. Solo será posible a raíz de los conflictos sociales que haya en materia de vivienda. Por ejemplo, ahora tenemos una lucha de vecinos de Torrejón contra Blackstone. Y uno de los temas que pueden ponerse sobre la mesa es que no paga impuesto de sociedades. Si eso se sitúa en la agenda política, puede servirle a Podemos para recogerlo y lanzárselo al PSOE hasta que se vea obligado a recoger esa ley. Pero creo que ellos solos no van a tener capacidad de incidir a nivel estatal”.
Su documento proponía, asimismo, la elaboración de un nuevo Plan Estatal de Vivienda y otro para la rehabilitación. El Gobierno de Rajoy aprobó el suyo —de 2018 a 2021 — pero la falta de estabilidad ha retrasado su puesta en marcha, tanto en lo que concierne a las ayudas al alquiler (que ejecutan las Comunidades Autónomas) como en lo que toca a la rehabilitación.
“No es flor de un día. Hay un problema en la política de vivienda”, señala Sebastián Molinero, secretario general de la patronal de la reforma, Andimac. “El ejecutivo anterior aprobó el Plan Estatal, con buena orientación: tanto rehabilitación edificatoria, que es la que tiene que ver con insonorizaciones, bajantes, etc. como en el interior de la vivienda (ahorro energético, ruido, accesibilidad...). Este plan podía haber aportado hasta 560 millones de euros al sector. Pero está paralizado. Este año solo van 63 millones”.
Según datos de Andimac, en 2018 solo se rehabilitaron 26.017 viviendas (el 0,10% del parque total), un nivel muy inferior a los años de antes de la crisis, cuando se rehabilitaban hasta 45.000 anuales. “En España, la mayoría de edificaciones son antiguas y no se ajustan a los nuevos estándares sobre condiciones térmicas y energéticas”, añade. “La demanda energética es brutal. Es un enorme coste para el país. Y también podríamos entrar en el alquiler: se están alquilando viviendas insalubres a precios disparados. Tendría que haber un mecanismo para que, o bien esas viviendas se mejoren, o bien no se pongan en el mercado”.
Otros que esperan a que se resuelva la inestabilidad política son los fondos de inversión inmobiliaria, según Gil. “España se ha convertido en un paraíso para la especulación. Con las reformas de 2011, 2013 y la venta de vivienda pública a los fondos buitre se mandó un mensaje muy claro, por eso el capital internacional viene a refugiarse y obtener una rentabilidad mayor aquí”, concluye. “La posibilidad de que haya un mínimo cambio legislativo reduce sus expectativas de invertir en España. Si el PSOE gobierna con Podemos, saben que Podemos será mucho más permeable a regular, atacar a los mercados financieros y proteger el derecho a la vivienda; si gobierna con Ciudadanos, la política será de que los problemas se resuelven construyendo más. Son dos modelos antagónicos. Estarán esperando a ver qué sale”.
