El Gobierno escenifica otro acuerdo con sindicatos y patronal en plena ofensiva del PP contra la gestión del coronavirus

No faltaba nadie en la foto en Moncloa este lunes. El Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha escenificado el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para prorrogar los ERTE puestos en marcha para atajar los despidos por la crisis del coronavirus. La foto con los líderes de los sindicatos mayoritarios y de la patronal -la segunda en los escasos cuatro meses de legislatura- llega en un momento en el que el Ejecutivo no encuentra una tregua por ninguna parte: con el PP en pie de guerra en la peor crisis que ha atravesado el país en un siglo y con una batalla casi semanal con las comunidades autónomas de todos los signos políticos. En medio de ese fuego cruzado y con pocas esperanzas en que Pablo Casado se avenga a cambiar de posición, Moncloa ha visto una luz en el costoso pacto para alargar los ERTE hasta, al menos, el 30 de junio.

Con el PP y Vox pregonando una ruina para España de la que acusan al Ejecutivo, y planteando unas bajadas de impuestos inasumibles para el Gobierno de coalición porque, dicen, haría insostenible el mantenimiento de los servicios públicos del estado de bienestar –cuya necesaria potenciación, a su juicio, ha quedado clara con la emergencia de la COVID-19–, el bipartito de PSOE y Unidas Podemos se anota un tanto al haber logrado atraer a CEOE-Cepyme, la representación de los empresarios, nada sospechosa de connivencia con la izquierda.

El primer gran acuerdo en la crisis derivada de la pandemia servirá al Gobierno como elemento de presión al principal partido de la oposición, que se ha desmarcado por completo de cualquier tipo de entendimiento amenazando incluso con votar en contra la de prórroga del estado de alarma, que el Ejecutivo defiende que es el único instrumento legal que permite llevar a cabo el plan de desescalada, ya que contempla la restricción de la movilidad interprovincial hasta al menos finales de junio.

“En este momento tan delicado los interlocutores sociales han demostrado una vez más que su compromiso es con su país han sabido dejar las diferencias que puntualmente tienen en la representación legítima de sus intereses para ponerse de acuerdo en intentar salvar a nuestro país en una crisis que ya es económica y social”, expresó como un aviso a navegantes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha liderado la negociación con los agentes sociales.

El Ejecutivo sostiene que el diálogo encauzado con sindicatos y patronal debe ser el que prime también entre las fuerzas políticas. “Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos como dirigentes políticos, apoyarnos en el país que tenemos lleno de talento y de capacidad de trabajo y de recuperación –se anticipó Sánchez en el Congreso la semana pasada–. Necesitamos apoyar un pacto de reconstrucción social y económica, trabajarlo unidos de forma proactiva, confiando en que tenemos lo que realmente necesitamos, que son trabajadores, trabajadoras, empresarios, autónomos, emprendedores”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

A pesar de que se trata de un acuerdo “trascendental”, en palabras del propio Sánchez, el acto de la firma en Moncloa quedó deslucido: duró menos de tres minutos desde que entraron los participantes en la sala hasta que se rubricaron los cinco ejemplares del texto –uno por cada actor involucrado– y se proclamara su fin. El Gobierno quiso darle el máximo nivel con la presencia de un sonriente Sánchez, que fue quien firmó. Además estaban en la firma los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño; y los ministros de Hacienda, María Jesús Montero; Trabajo, Yolanda Díaz; e Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ni Montero ni Escrivá participaron a finales de enero en la escenificación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que fue la primera gran victoria política del Gobierno de coalición.

Por parte de los agentes sociales participaron los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente; y de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cueva. Sin embargo, no hubo ninguna declaración, esperaban sobre todo desde los sindicatos, aunque también contaban con ello en la patronal. Ante la imposibilidad de hacer ruedas de prensa y cuestiones de “protocolo”, la patronal ha preferido que el acto se quedara en la foto, sin más.

“Esta vez no hemos podido ofrecer a los agentes sociales la posibilidad de utilizar las salas de prensa porque materialmente, en las actuales circunstancias, era imposible organizar hasta tres ruedas de prensa sucesivas con videoconferencias”, explican en la Secretaría de Estado de Comunicación. No obstante, la previsión inicial es que hubiera una pequeña intervención por parte de los actores implicados.

Al Gobierno el pacto le sirve para mostrar su perfil más negociador de cara al público más conservador gracias a la presencia de los representantes empresariales, mientras la derecha de PP y Vox acusan al Gobierno de unilateralidad, falta de diálogo y también de transparencia. “En las mesas de diálogo social todo el mundo cede”, expresó Yolanda Díaz en una entrevista en Onda Cero en la que aseguró que el Ejecutivo, a pesar de haber logrado frenar el reparto de dividendos en las empresas que se acojan a los ERTE o imposibilitar que lo hagan las que tienen su sede en paraísos fiscales, también rebajó sus planteamientos iniciales.

Mientras el jefe de la oposición desdeña cualquier posibilidad de pactar con Sánchez y sus socios de coalición, el presidente de CEOE celebró que se alcanzara el acuerdo. “En la España que vivimos yo creo que es un mensaje potente, cuando en estos momentos lo que la gente nos pide es unidad. Otro mensaje es que entre todos tenemos que salir hacia delante”, dijo Garamendi la semana pasada.

“Como en todo acuerdo, todo el mundo se queda medio satisfecho y medio contrariado. Como se dice en España, cuando llegas a un acuerdo siempre te dejas algún pelo en la gatera y todos nos lo hemos dejado. Pero creo que todos hemos pensado en el bien común”, agregó el representante empresarial, que agradeció al Gobierno que retrasara la aprobación de la medida en el Consejo de Ministros para dar margen a la negociación. “Todos los españoles estaríamos encantados de ver en el plano político una acción más conjunta”, respondió Garamendi a la pregunta de si mandaba el mensaje a los políticos para que se pusieran de acuerdo en esta situación crítica.

Desde el inicio de la legislatura –hace poco más de cien días–, atraer a la patronal ha sido una de las obsesiones del Gobierno de Sánchez, consciente de los ataques de la derecha política y mediática que desde entonces han dibujado un escenario apocalíptico respecto a la marcha de la economía española y del futuro del país. En ese empeño, la coalición tuvo un primer éxito al lograr el ‘sí’ para la subida del salario mínimo interprofesional.

No obstante, Garamendi se mostró molesto con el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, cuando su departamento señaló en un comunicado que habían “intercambiado documentos” sobre el Ingreso Mínimo Vital. El texto de la vicepresidencia segunda también aseguraba que “grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva la medida”.

“En estos momentos, ante la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles, nos sentimos presionados para que demos apoyo a una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales”, lamentó CEOE-Cepyme, que plantó al Ministerio de Trabajo en la siguiente reunión prevista. Sin embargo, la relación se recondujo rápidamente.

Las críticas se han exacerbado con el estallido de la pandemia de la COVID-19, que ha golpeado con especial dureza a España. Mientras el PP aprovecha la coyuntura para desgastar al Gobierno e intentar sacar rédito electoral de la crítica situación, en Moncloa respiran aliviados con el primer acuerdo con los agentes sociales, a quienes consideran cruciales en la reconstrucción económica que pretenden poner en marcha en los próximos meses y para la que han tendido la mano a los grupos parlamentarios. Con los empresarios de su lado, creen en el Ejecutivo que los conservadores tendrán más complicado mantener el 'no' a todo.