El Gobierno justifica la aprobación de miles de plazas públicas por el posible bloqueo que podría impedirlo más adelante
Una de las razones que da el Gobierno frente a quienes le acusan de electoralismo por aprobar 33.793 plazas de empleo público a un mes de las elecciones generales es que precisamente esos comicios pueden dar lugar a un bloqueo político que le impida hacerlo más adelante. La ministra de Función Pública, Meritxell Batet, ha explicado que tiene la “duda” de que pueda aprobarse una oferta pública de empleo estando en funciones.
Batet ha justificado que se apruebe este viernes “puesto que ahora no estamos en funciones y podemos entrar en un escenario de más incertidumbre”. La política catalana ha dejado entrever así que el Gobierno de Pedro Sánchez asume que puede estar en funciones bastante tiempo y que la situación tras el 28A sea de bloqueo prolongado, como sucedió en 2016.
El Gobierno tiene actualmente sus funciones intactas a pesar de estar convocadas las elecciones, tal y como establece la ley electoral. Sin embargo, cuando los españoles acudan a las urnas, el Ejecutivo pasará entonces a estar en funciones, es decir, a tener limitada su capacidad de actuación a la espera de que el Congreso elija un nuevo presidente que componga un gabinete.
No más decretos previstos
La titular de Función Pública ha asegurado, no obstante, que las ofertas públicas de empleo suelen aprobarse en el mes de marzo y que es una forma de dar seguridad a los opositores actuales hacerlo. “No presentar la oferta de empleo público sería una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno”, ha afirmado Batet, que considera que esa decisión forma parte de la actividad “ordinaria” del Gobierno.
Además de la oferta de empleo público y la estrategia contra la despoblación, el Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos de carácter social: la reforma de la estiba y el permiso a los ayuntamientos para que gasten el superávit. Tendrán que ser convalidados el próximo miércoles en la Diputación Permanente del Congreso, en la que se iban a votar otros tantos cambios normativos aprobados desde que Sánchez anunció el anticipo electoral. El Gobierno asegura que ya no sacará adelante más decretos ley hasta las elecciones.
Silencio sobre el espionaje a Iglesias
Preguntada por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, la portavoz, Isabel Celaá, ha evitado pronunciarse sobre el presunto espionaje de la policía política del PP comandada por el excomisario Villarejo a Pablo Iglesias bajo el pretexto de que la investigación está en “secreto de sumario”. “Está en el secreto de sumario, por tanto, no podemos hablar aquí de la policía patriótica”, ha sido la primera respuesta.
“Los medios pueden publicar lo que está a su disposición. El Gobierno tiene que mantenerse en otra línea”, ha respondido en una segunda ocasión. Celaá ha asegurado que el Gobierno está involucrado en este “asunto” a través del Ministerio del Interior y que está “a disposición del Poder Judicial”, pero no ha dicho ni en qué forma colabora con la Audiencia Nacional, ni su opinión sobre el hecho de que el PP usara a la policía para investigar a rivales políticos.
Seguirá el control reforzado a las cuentas de Catalunya
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado los datos del déficit de España y de las comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, el Gobierno mantiene el control reforzado a las cuentas de la Generalitat a pesar de que Montero ha admitido que “cumple” con los objetivos de estabilidad.
Fuentes del departamento de Hacienda explican que “No se han revertido” esas “condiciones” especiales que justificaron la aplicación del control que solo ha tenido esa comunidad autónoma por sus amenazas públicas de incumplimiento. “Hasta que esa situación no se revierta, seguirá bajo control reforzado”, advierten desde Moncloa a Quim Torra.
