Grande-Marlaska se enfrenta a recomponer una Policía castigada por el abuso del PP
La labor de los 62.539 policías nacionales que hoy están en activo ha quedado ensombrecida en los últimos seis años por la utilización política que los Gobiernos del Partido Popular han hecho de algunas de sus unidades de élite. La persecución sin control judicial del soberanismo, primero; y el intento de vincular a Podemos con una ficticia financiación irregular, después, hicieron que la UDEF, Asuntos Internos o la Dirección Adjunta Operativa irrumpieran en los titulares con funciones muy distintas a las que tienen asignadas.
Con Juan Ignacio Zoido cesó la actividad de la policía política que se creó en el mandato de Jorge Fernández Díaz, pero sus antiguos dirigentes siguieron disfrutando de sus condecoraciones remuneradas, otros siguen en puestos relevantes y un último grupo disfruta en el extranjero de destinos dorados. Mientras eso ocurría, la Guardia Civil abanderaba la lucha contra la corrupción, incluidos políticos y administraciones del Partido Popular.
El principal y casi único movimiento de Zoido en todo este enjambre fue una reestructuración por sorpresa, el pasado verano, de la estructura de Policía y Guardia Civil. Eso implicó la eliminación de la figura del director adjunto operativo, que en el caso de la Policía tanto daño había causado a la institución. El penúltimo ocupante de ese puesto, Eugenio Pino, es hoy un comisario jubilado, con un perfil ultra al que el PP recompensó su fiel colaboración cuando estaba en la oposición con el mando operativo del Cuerpo. La policía política es obra suya. Su recompensa el día que se jubiló fue la máxima condecoración a un agente en vida con un 15% más de asignación mensual.
Fernando Grande-Marlaska ya tiene encima de la mesa la propuesta de eliminar el sistema implantado por Zoido, de jefes de brigadas centrales dependientes de un director general ‘político’, sin la intermediación de un director operativo (DAO). El nuevo ministro se plantea recuperar la figura de esos directores operativos, uniformados ambos, por debajo de los directores generales, y ejerciendo de líderes de cada uno de los Cuerpos. Se trata simplemente de no caer en el error de repetir en esos cargos una figura como la de Pino. El ministro ya dispone de varios nombres con perfiles opuestos al del comisario jefe de la Policía con el PP.
Por otra parte, responsables del Ministerio en otras épocas del PSOE le han recomendado que no recupere el modelo socialista del mando único, el de un director ‘político’ para ambos cuerpos, por el sinsabor que dejó la época de Joan Mesquida, según ha podido saber eldiario.es de fuentes del departamento.
La actuación del PP respecto a la Policía deja un edificio con una fachada por reconstruir. El comisario Pino quiso para sí una suerte de CNI secreto con el que desbordar las tareas de policía judicial que la Ley encomienda al Cuerpo. Para ello se sirvió de la unidad cuya actividad es más secreta, la de Asuntos Internos, la encargda de investigar a policías descarriados. Asuntos Internos, con el comisario Marcelino Martín-Blas a la cabeza, comenzó por acosar a los agentes que avanzaban en la investigación de la corrupción del PP en los casos Gürtel y caja B y siguió investigando a ciudadanos ajenos a la Policía.
El malestar de la cúpula de Interior con los mandos que no detuvieron investigaciones contra el PP le costó el puesto a dos comisarios generales de Policía Judicial. Con excusas de reestructuraciones internas, el Ministerio del Interior de Fernández Díaz cortaba cabezas a su antojo en función de sus intereses partidistas.
'Operación Cataluña'
Entre tanto se disparó el proceso soberanista y Asuntos Internos acabó trabajando sobre el terreno, rastreando chismes y pruebas dudosas de corrupción en algunos de sus dirigentes. Allí, en primera línea, el comisario José Manuel Villarejo, al que el PSOE ya había encomendado investigar el ático de Ignacio González cuando en Interior estaba Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy jubilado, el comisario está en prisión provisional por liderar una organización criminal. En aquella fiebre de informes apócrifos para los medios afines, Villarejo era condecorado por sus supuestos descubrimientos de la corrupción de los Pujol por métodos extrajudiciales.
La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fue creada en 2005, en tiempos de Zapatero. Pronto se convirtió en una unidad de élite que destapó los casos Malaya, Astapa, Gürtel… Con la llegada del PP, Pino y Fernández Díaz intuían que la corrupción podía ser el talón de aquiles de los soberanistas, sabían del poder de la UDEF e hicieron y deshicieron en la unidad a su antojo, comenzando por colocar al frente a comisarios afines.
El resultado es una UDEF apartada por Anticorrupción y los jueces de los grandes casos de lucha contra la corrupción. Como ejemplo, la situación del agente 81.067, el inspector Manuel Morocho. De investigar en tiempos del PSOE la Gürtel o la caja B, Eugenio Pino lo trasladó temporalmente a la Dirección Adjunta Operativa para utilizar sus conocimientos económicos en frustrados informes con fines políticos y destino en los medios de comunicación. Hoy Morocho manda un grupo de la UDEF adelgazado hasta la inoperancia, con no más de tres o cuatro subordinados.
El bochorno final lo protagonizó el penúltimo jefe de la UDEF con el PP, el comisario Manuel Vázquez, cuando llamó al Tribunal Supremo para explicar el contenido del P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un remedo de informe policial que intentaba demostrar la financiación irregular de Podemos, sin firma, ni sello. Cuando llegó al Supremo, a través de Manos Limpias, el jefe de la UDEF telefoneó para ratificar su contenido y ofrecer posibles aclaraciones. Los jueces rechazaron la querella que justificaba el informe y despreciaron su contenido.
Y mientras comisarios con aspiraciones y unidades de élite ocupaban titulares vinculados a la política, continuaba el trabajo más silenciado de la inmensa mayoría de los agentes, cosechando éxitos en incautaciones de droga, ciberseguridad o contra el terrorismo yihadista. Aún así, los números en seguridad ciudadana no son buenos. En todo el territorio nacional, no solo en el que es responsabilidad de la Policía Nacional, la inseguridad ha crecido.
Como reveló eldiario.es el pasado febrero, la cifra de delitos por cada mil habitantes creció siete décimas en 2017, un aumento considerable en parámetros de seguridad. De hecho, se trata del primer ascenso de la criminalidad en una década. Este ascenso coincidió con un cambio en la costumbre de Interior de publicitar cada tres meses los datos de seguridad ciudadana, hasta entonces siempre favorables.
¿Levantar alfombras?
El mandato de Grande-Marlaska llega con la incógnita de qué voluntad trae este PSOE de levantar las alfombras del Ministerio del Interior. En el pasado reciente está la actitud de los socialistas en la comisión de invetigación de la policía política en el Congreso y su labor de obstrucción para que declararan, entre otros, destacados protagonistas de la misma, como el comisario Villarejo o Martín-Blas.
Antes de su marcha, Pino dejó colocados a sus colaboradores. Y ahí siguen, sin que Zoido hiciera nada al respecto. La mano derecha de Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, continua destinado a La Haya, cobrando 10.000 euros brutos mensuales. Pino había enviado a la mujer de éste, también policía, a la misma ciudad meses antes, con indéntico sueldo. Varios de los protagonistas de la Policía política se reparten en otras embajadas con retribuciones iguales o mayores.
El policía de cabecera de María Dolores de Cospedal regresó a la Policía poco antes de que ella dejara la Presidencia de Castilla-La Mancha, donde él ejercía de jefe de su escolta. Le situaron de jefe de vigilancias en la UDEF, con acceso a todas las investigaciones, y repartieron su tiempo entre esa ocupación y la oficina de la policía política. A los seis meses de su regreso al Cuerporecibió una condecoración pensionada. A día de hoy, Andrés Gómez Gordo, continúa siendo mando de la UDEF.
Tentaciones con la UCO de Guardia Civil
La reestructuración de Zoido sirvió para irritar a la Guardia Civil por eliminar la figura de DAO y con ese movimiento enviar a la jubilación al general Pablo Martín Alonso, una de las figuras más respetadas en el Cuerpo, al que se le informó por teléfono de que dejaba de ser el jefe operativo del instituto armado de un día para otro.
La Guardia Civil, un cuerpo que por su naturaleza militar estrecha los márgenes políticos para interceder en los nombramientos, ha escapado a estas maniobras. Sin embargo, en los últimos meses, el departamento de Zoido ha tanteado la posibilidad de retirar al coronel jefe de la UCO, Manuel Sánchez-Corbí, de su puesto, sopesando una oferta de relumbrón que decidiera apartarle del mando de la unidad de élite de la Benemérita. La maniobra no ha tenido éxito.
La UCO es la policía que ha impulsado los casos más graves de corrupción del PP que dieron continuidad a Gürtel, como Púnica, Lezo o más recientemente, Erial, con la detención de Eduardo Zaplana. Con Sánchez-Corbí al frente han sido detenidos Francisco Granados, Ignacio González o se han presentado pruebas determinatnes contra el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. La UCO no tembló al poner negro sobre blanco en un informe de Púnica que los investigadores consideraban que había indicios de cohecho y prevaricación en la actuación de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Juan Ignacio Zoido la reestructuración de la cúpula policial para ubicar en puestos claves a comisarios significados por pertenecer a su entorno o al de María Dolores de Cospedal. Al frente una de las grandes estructuras, la responable de Información y Policía Judicial, situó a Juan Carlos Ortiz, un nombramiento de Rubalcaba para la Jefatura de Castilla-La Mancha que supo ganarse el favor de Cospedal en su etapa en la Comunidad Autónoma. La influencia de la exministra de Defensa en Interior durante la etapa de Zoido, adscrito a la corriente que lidera en el PP la secretaria general, fue asumida por la cúpula de Interior desde el primer momento.
Para la otra gran estructura, la de Seguridad Ciudadana, Zoido no dudó en nombrar a José Antonio de la Rosa, quien había dejado la Policía una temporada para trabajar con él en el Ayuntamiento de Sevilla. Y Zoido lo hizo a sabiendas de que en un año dejaba la Policía al llegarle la edad de jubilación.
