El Gobierno dice que ha puesto “a disposición” de Llarena a la Fiscalía y la Abogacía para la euroorden contra Puigdemont
El Gobierno califica de “oportuna y justa” la decisión del juez Pablo Llarena de reactivar la orden europea de detención del expresidente catalán Carles Puigdemont y va un paso más allá al asegurar que ha puesto “a disposición” del magistrado “a la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal” para “cubrir cualquier necesidad jurídica que tuviera” para poner en marcha ese proceso.
Así lo han expresado fuentes oficiales del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la decisión de Llarena, que indica que los delitos por los que debe ser arrestado Puigdemont son sedición y malversación de caudales públicos. En el pasado, a orden de detención fue rechazada en Alemania por solicitarse por un delito de rebelión, que era la imputación que hicieron la Fiscalía y Llarena como juez instructor.
“El Gobierno, especialmente la vicepresidenta, ha trabajado intensamente para facilitar la reactivación de la Euroorden”, señalan fuentes oficiales de Moncloa, que explican que el Ejecutivo “ha ofrecido al juez la asistencia de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal para cubrir cualquier necesidad jurídica que tuviera al reactivar la euroorden”.
La Abogacía defiende los intereses del Estado y está las órdenes del Ministerio de Justicia. La Fiscalía, sin embargo, no depende del Gobierno. Actúa de manera independiente y no debe obediencia al Ejecutivo.
Moncloa aplaude, además, la decisión de Llarena al considerar que se basa en el “principio de igualdad”: “Por el mismo motivo que unos han sido condenados, otros están fugados. La euroorden tiene por objeto que estén cuanto antes ante el Estado de Derecho”.
