El PSOE informa a los socialistas europeos de la sentencia y confía en su apoyo para defender la legalidad

El texto lo ha enviado el jefe de la delegación socialista española en la Eurocámara, Javier Moreno, a sus colegas del grupo S&D, y la eurodiputada Iratxe García, que es presidenta de S&D, al partido europeo, del que además es vicepresidenta. En ambos casos, el texto lleva la firma del eurodiputado del PSC Javi López.

El escrito empieza por destacar que ninguno de los acusados ha sido condenado por rebelión, “las más dura de las acusaciones a las que se enfrentaban” porque, aunque el Tribunal considera que “sin duda hubo violencia, no fue suficiente para el delito de rebelión”.

Asimismo, explica las penas y los delitos por los que han sido condenados los acusados: nueve de ellos con entre 9 y 13 años de prisión e inhabilitación para cargo público por sedición y, cuatro, además, por malversación. Otros tres lo han sido por desobediencia a multa e inhabilitación durante un año y ocho meses.

Los eurodiputados añaden que llamar “políticamente” a “derogar, suspender o alterar la Constitución o declarar la independencia de una porción del territorio nacional no es en sí mismo un delito”, pero sí es delito de sedicicón “llevar a los ciudadanos a un levantamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las leyes”. Esta, dice, fue la acusación de la Abogacía del Estado, y no la de rebelión.

Acto seguido, expone la posición de los “socialistas europeos de Cataluña y España”, destacando que la sentencia debe ser acatada, porque España es un Estado de Derecho con separación de poderes y donde la Justicia funciona con transparencia y máximas garantías. “En cualquier Estado gobernado por la legalidad, tenemos que cumplir y hacer cumplir las sentencias”, añade.

Así, expresa su rechazo a “cualquier intento de confrontación entre las decisiones judiciales y la representación institucional”, puesto que las instituciones representan a todos los ciudadanos y añade que la única forma de superar la crisis es “con diálogo político en el marco de la legalidad”.

En esa línea, rechaza “cualquier estrategia de confrontación que pretenda dividir aún más a la sociedad catalana” y cuestionar la separación de poderes y llama a reparar las “fracturas creadas por el movimiento separatista”, además de expresar su orgullo por la democracia española.

Por eso, añade que el Gobierno garantizará el orden constitucional y el estatuto de autonomía, tal como ha dicho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para lo que es crucial “la unidad de todos los partidos políticos comprometidos con la defensa de la Constitución”.