La Policía de Fernández Díaz se volcó con confidentes venezolanos en una investigación extrajudicial a Podemos
Hubo una época no muy lejana, entre 2014 y 2017, en que cualquier información de origen supuestamente policial que uniera a Podemos con Venezuela tenía un gran amplificador mediático, más allá de Ok Diario. Eso implicaba que las evidencias de investigaciones extrajudiciales sobre la formación de Pablo Iglesias eran asumidas con naturalidad bajo grandes titulares que vinculaban al régimen chavista o a Irán con la supuesta financiación ilegal del partido morado. A principios de 2016 se libraba una auténtica guerra desde el establishment contra un posible pacto entre PSOE y Podemos, como se detalla en esta información del momento.
La utilización de recursos públicos sobrepasaba la brigada política y alcanzó a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cuyo jefe de la época llegó a viajar a Nueva York para tomar declaración a un exministro bolivariano dentro de unas pesquisas que jamás llegaron a un juzgado, según reveló eldiario.es. Podemos cree además que el Ministerio del Interior financió el viaje a Madrid de otros supuestos confidentes venezolanos y ha logrado acreditar que a uno de ellos se le llegó a facilitar la residencia, según consta en una causa abierta en un juzgado de Madrid.
El interés del Ministerio del Interior por enturbiar la trayectoria de Podemos motivó el viaje a Nueva York en abril de 2016 del citado jefe de la UDEF. La guerra sucia contra la formación política había vivido ya varios episodios destacados, el principal, la publicación del informe PISA en enero de ese año, 24 horas antes de que se constituyeran las Cortes y cuando había comenzado el cortejo entre los morados y los socialistas para la posible formación de un gobierno de izquierdas en España.
Rafael Isea fue ministro de Finanzas del Gobierno venezolano entre 2008 y 2012 y, según publicaron varios medios de comunicación españoles, escapó a Estados Unidos para convertirse en confidente de la DEA, la agencia antidroga. Una información del diario ABC aseguraba que el 23 de abril de 2016 se produjo una reunión entre Isea y dos policías españoles en el consulado español en Nueva York. Isea les habría dicho que Hugo Chávez había firmado, “sin ningún tipo de duda”, el pago de 7 millones de fondos públicos a la Fundación CEPS, por la que habían pasado varios de los impulsores de Podemos.
En el extracto del acta publicada aparecían los números de carnet profesional de los policías. eldiario.es comprobó que el número 18.432 pertenece al comisario José Manuel García Catalán, entonces jefe de la Brigada Anticorrupción de la Unidad y al frente de la propia UDEF de forma interina. El otro número pertenecía a una inspectora, jefa de grupo en la Brigada Anticorrupción, Silvia O.M. La Fundación CEPS estaba en el foco mediático desde dos años antes, a poco de crearse Podemos, debido a que el diario El País había publicado una información bajo el título ‘La fundación vinculada a Podemos cobró 3,7 millones de euros de Chávez en 10 años’.
Cuando García Catalán viajó a Nueva York, la investigación extrajudicial a Podemos cumplía ya dos años y había parido el informe PISA. El origen concreto de este documento apócrifo sigue siendo un misterio, aunque distintas fuentes policiales señalan directamente a los miembros de la primera línea de la brigada política, todos ellos imputados en la Audiencia Nacional por el espionaje a Bárcenas. El comisario García Catalán, sin embargo, tenía un destino oficial y público, aunque la forma en la que llegó a ese puesto le conecta directamente con los intereses del Partido Popular en la Policía.
Un comisario afín al PP sin experiencia en investigación
En el momento de su viaje a Estados Unidos, García Catalán ejercía como jefe accidental de la UDEF desde que el anterior comisario al frente de la Unidad, Manuel Vázquez, viera culminada su aspiración de convertirse en jefe Superior de Galicia, a principios de marzo.
La figura de Vázquez también abunda en la utilización partidista que de la cúpula policial hizo aquel Ministerio del Interior. Se trata del comisario que había telefoneado al Supremo para ofrecerse a explicar a los jueces cualquier duda que tuvieran sobre el informe PISA, incorporado a una querella contra Iglesias por el pseudosindicato Manos Limpias, una organización criminal según acredita el sumario de la Operación Nelson.
Su sucesor, García Catalán había aterrizado en la UDEF como jefe de su Brigada contra el Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, enmarcada en la UDEF y encargada del caso Gürtel y de la caja B del PP. Su nombramiento causó un fuerte malestar interno. Solo llevaba un año de comisario y había sido siempre ajeno a las investigaciones contra la corrupción y los delitos económicos. Para compensar, había sido dirigente del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), afín al PP y que copa con afiliados la cúpula policial siempre que gobierna ese partido.
eldiario.es avanzó la llegada de García Catalán a la Brigada Anticorrupción el 7 de mayo de 2014, al día siguiente de su incorporación efectiva al puesto. Pero la inmediata polémica que surgió por la información hizo que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenara dar marcha atrás y no llegara a firmar el nuevo destino.
Cuando pasó la tormenta, siete meses después, García Catalán fue ratificado en el puesto. Entre tanto, Fernández Díaz había advertido al PSOE en el Pleno del Congreso de que hacía el “ridículo” por pedir explicaciones ante una noticia falsa de “un digital”, en referencia a eldiario.es. Como publicó este medio el pasado viernes, siete años después de la creación de la policía política, ni Fernández Díaz ni ninguno de los responsables políticos de Interior han dimitido o han sido cesados.
El pasado octubre, la representación legal de Podemos presentó en el juzgado del caso Villarejo un escrito en el que solicitaba que se investigaran distintos hechos vinculados presuntamente a la causa y en los que el partido era directa o indirectamente víctima de maniobras policiales. Una de las peticiones consistía en que la Audiencia Nacional solicitara a Interior información sobre el viaje a España de cinco ciudadanos venezolanos para colaborar en la elaboración de un nuevo informe PISA.
De Venezuela a España pasando por Estados Unidos
Una información de publico.es aseguraba que sus testimonios fueron tan endebles que se descartaron y que ninguno consiguió su propósito de conseguir la residencia en España. Todos ellos eran antiguos altos funcionarios del chavismo. El viaje tuvo lugar entre el 19 y el 27 de abril de 2016, esto es, mientras el comisario García Catalán se encontraba en Nueva York. Las identidades de esos confidentes, según la citada información, son: Martín Rodil, Adam Kaufman, Manuel S. Varela, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén.
Podemos también ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue si otro venezolano, Carlos Alberto Arias, tuvo más suerte y consiguió la residencia en España por la circunstancia excepcional de “apreciadas razones de colaboración con las autoridades policiales. El permiso de residencia consta en una juzgado de Madrid donde Podemos pleiteó con Eduardo Inda.
En esa causa también figura que el tal Arias aseguró que colaboraba desde febrero de 2016 “como informador de la Policía española aportándole todo tipo de documentos sobre el dinero que ha aportado el Gobierno bolivariano de Venezuela, tanto al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) como a Podemos y sus dirigentes (…) Toda esta colaboración ha sido autorizada y requerida por el Ministerio del Interior del Gobierno de España”. Arias estaría vinculado a la falsa información acerca de una cuenta inexistente de Pablo Iglesias en el Euro Pacific Bank.
