Víctimas de Estado colombiano piden a justicia de paz ser reconocidas

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de Colombia pidió hoy al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado como parte del acuerdo de paz con las FARC, que se reconozcan y esclarezcan los casos que les afectan.

Por ello, el Movice presentó a los representantes del sistema cuatro informes en los que el proyecto “Colombia Nunca Más” documentó más de 17.852 víctimas de crímenes de Estado, explicó esa organización en una rueda de prensa en Bogotá.

El sistema fue creado por el punto 5 del acuerdo de paz y está compuesto por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

En los documentos que presentaron se narran varios hechos perpetrados por militares, policías y otros agentes del estado de los que son presuntamente responsables 2.909 funcionarios colombianos.

Entre estos hay 31 mayores, 10 generales y 16 comandantes militares; 856 agentes de la Policía, así como funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y otros miembros de servicios de inteligencia.

Igualmente se describe la relación entre varias de estas personas e instituciones con grupos paramilitares, agrega el Movice.

La asociación entregó la información a la JEP para que, dentro de las investigaciones que desarrolle, “pueda impartir justicia a los máximos responsables de los crímenes de Estado contribuyendo a la transformación de los escenarios de impunidad que históricamente han afectado a las víctimas”.

El Movice también se pronunció acerca del caso del general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército de Colombia entre 2006 y 2008, quien ha firmado un acta de sometimiento voluntario a la JEP por su presunta vinculación con los “falsos positivos”, como se conoce al escándalo de ejecuciones extrajudiciales de civiles.

En este sentido, aseguran estar preocupados por el hecho de que personas como el general en retiro “firmen actas de comparecencia ante la JEP, y al mismo tiempo, él y sus abogados afirmen que no existirá aporte a la verdad ni reconocimiento de las víctimas”.

Por eso, esperan que la información que aportan le permita a la Comisión de la Verdad “identificar la responsabilidad colectiva del Estado en el desarrollo del conflicto armado y la violencia sociopolítica”, así como la colaboración con los grupos paramilitares.

“La verdad completa es el camino necesario para la reconciliación. Nosotras, las víctimas, conocemos los hechos, no obstante, requerimos que el conjunto de la sociedad sea consciente de los mismos. Solo así se cumplirán las garantías de no repetición”, concluyen.

Acerca de los casos de desaparición forzada, consideran que conocer la verdad “es insuficiente” y creen necesario encontrar a esas personas.

Por ello entregaron a la Unidad de Búsqueda información de 1.170 personas desaparecidas por el Estado para que puedan ser halladas.