La Abogacía denuncia que la investigación del 8M es una causa general contra la gestión del coronavirus

La Abogacía del Estado ha presentado este lunes un nuevo recurso ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que dirige la investigación sobre la autorización de la marcha 8M, en el que piden que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. En el documento, de 74 páginas, acusa a la magistrada y a los agentes de la Guardia Civil de impulsar una investigación sin indicios de delito y “con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria”.

“Los más de 2.000 folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al delegado del Gobierno como investigado evidencian que al iniciar las diligencias previas no había ningún indicio, y sigue sin haber, como se desprende de los informes encargados para hacer acopio probatorio, sino meras sospechas huérfanas de apoyo”, señala la Abogacía. “La instrucción tenía por objeto, no investigar indicios de delito, sino encontrarlos”, añaden.

El documento de la Abogacía, adelantado por El País y que firma Rosa María Seoane, asegura que los agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes llenos de errores, bulos y mentiras por querer involucrar forzosamente al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, que no estaba investigado en la causa. Solo está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

La Abogacía critica que los agentes se dirigieran al CCAES para solicitar información cuando no se lo había pedido la jueza. Denuncian también que los agentes urgieron a Simón a entregar documentación de manera inmediata cuando se encontraba en plena gestión de la pandemia.

“Es evidente que se ha querido investigar y se ha investigado a quien no ha tenido nunca la condición de investigado, por hechos que no constituyen el objeto de las presentes actuaciones y nada tienen que ver con la presunta prevaricación administrativa por no prohibir manifestaciones entre los días 5 y 14 de marzo”, sostiene la Abogacía.

“Pero además de prospectiva, la causa nació con tendencia a ser una causa general contra la gestión de la crisis sanitaria y ello ha quedado patente en los informes de la Policía Judicial, en particular en el segundo de ellos”, añade el escrito.

Informes basados en noticias y filtrados a la prensa

A partir de ahí, el escrito de la Abogacía entra a cuestionar el contenido de los informes de la Guardia Civil. Señala que muchos de los errores son consecuencia de haber acudido como fuente a medios de comunicación. Además, señala que esos documentos han sido filtrados a la prensa antes de su traslado a las partes vulnerando el derecho de defensa.

“Esos informes se han convertido en sí mismos en los indicios que la instructora buscaba y lo han hecho, porque lejos de dedicarse a la averiguación de hechos, lo que han hecho es una análisis de los mismos, elaborando incluso conclusiones”, añade el escrito. En algunas ocasiones, sostienen que la Guardia Civil se ha guiado por noticias de prensa sin solicitar los informes oficiales a la administración.

Por ejemplo, inciden en este punto en lo referente al congreso evangélico que se canceló, y que la Guardia Civil argumenta como prueba de la supuesta doble vara de medir de Sanidad. La Abogacía dice que los agentes han “copiado sesgadamente” la noticia de un medio de comunicación obviando datos esenciales como que se preveía la asistencia de participantes extranjeros.

“En definitiva, considera esta defensa que los informes aportados desbordan el alcance de lo que como Policía Judicial debía haberse realizado, tanto por extenderse a cuestiones ajenas a la presente causa y al único investigado, como porque en apariencia, van más allá de lo acordado por la instructora”, insiste el escrito.

Los contagios se dispararon el 9 de marzo un 835%

La tesis principal del escrito es que los agentes han obviado que en Madrid se dispararon los contagios un 835% el 9 de marzo, y que esos nuevos contagios nunca podían ser consecuencia de la manifestación del 8M. Es a partir de entonces cuando todas las instituciones, dice, comienzan a tomar las medidas más drásticas de contención del coronavirus: “Sorprendentemente, este dato de un crecimiento tan abrumador de nuevos casos el día 9 es pasado por alto por la Policía Judicial, que no hace referencia alguna al salto que supone ni al cambio drástico que se produjo en la gestión de la crisis sanitaria a partir del día 9”.

Por tanto, dicen, también cambió la gestión que la Delegación del Gobierno hizo de las manifestaciones que estaban previstas a partir del 9 de marzo. Por eso se optó por una medida inédita como fue llamar a los manifestantes e instarles a que cancelaran las protestas que tenían previstas. “Se optó por consultar a los propios organizadores y en caso de que por esta u otra causa desistieran de su voluntad inicial, instarles a que presentaran ellos la desconvocatoria para que constara y pudieran desactivarse, en su caso, los operativos de seguridad u orden público organizados para cada una de ellas”, dice la Abogacía.

Los agentes se esfuerzan en ver “oscuras maniobras”

No hay tampoco, insisten, indicios de que los trabajadores de la Delegación del Gobierno quisieran ocultar esas llamadas porque, como ellos dijeron en sus declaraciones como testigos, nadie les dio esa orden y la aplicación que utilizan no permite registrar las comunicaciones telefónicas: “Los esfuerzos de la Policía Judicial por tratar de hacer ver oscuras maniobras para obligar a desconvocar han sido públicamente denunciados por los testigos cuyas declaraciones han sido tergiversadas en los informes y que han negado que se les obligase en ningún momento por la Delegación del Gobierno a desconvocar sus manifestaciones”.

“La desgraciada y lamentable realidad evidencia lo absurdo de esas conclusiones. Y solo puede comprenderse lo sesgado, parcial y predeterminado del plantea-miento si incurrimos en el error de valorar estos hechos pasados no solo con los conocimientos y la experiencia actual tras más de tres meses de estado de alarma y de gestión diaria de esta crisis sanitaria”, concluye la Abogacía, que como ha hecho la Fiscalía, recuerda también en su escrito que Franco no tiene competencias sanitarias, y que estas corresponden a la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que la Abogacía del Estado critica la gestión de Carmen Rodríguez-Medel. El pasado 27 de mayo indicaron que la jueza estaba “convirtiendo” la instrucción abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer en “una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria”.

La Fiscalía, en la misma línea

Precisamente este lunes, y en la misma línea que la Abogacía del Estado, la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que pide que se archive la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo.

El texto defiende que Franco no debía permitir esa manifestación, solo tomar nota de la comunicación de que se iba a celebrar, y añade que no tiene competencias en materia sanitaria.