Los alcaldes ponen deberes a Hacienda tras lograr que el Gobierno plantee un nuevo decreto para las finanzas municipales

Sigue sin llover a gusto de todos. La rebelión de los alcaldes condujo a Pedro Sánchez a su primera derrota en el Congreso, que rechazó el decreto ley impulsado con el objetivo de dar respuesta a una de las principales exigencias de los ayuntamientos: poder gastar los cerca de 15.000 millones de euros que tienen acumulados en los bancos desde que una ley de Cristóbal Montoro les impide gastar de forma libre su superávit. La propuesta del Ministerio de Hacienda, que consistía en que los ayuntamientos prestaran esos fondos al Estado a cambio de poder gastar 5.000 millones los próximos dos años, solo contó con los votos de PSOE y Unidas Podemos -tras una ardua negociación que colocó a los comunes en el sí- y de Teruel Existe, que secundó el decreto al pensar que se había alcanzado un acuerdo satisfactorio para la mayoría de grupos.

El revés ha obligado al Gobierno a rectificar su intención inicial de no plantear un nuevo decreto, una victoria para la oposición y para los ayuntamientos, que habían liderado la respuesta contra los planes del Ejecutivo. Pero ahí termina el triunfo, ya que la nueva propuesta de María Jesús Montero sigue siendo insuficiente para la mayoría de partidos y de regidores, ya que han desaparecido algunos elementos que eran clave, como un fondo específico para el transporte público y otro más importante, de hasta 3.000 millones de euros, que se repartiría entre todos los municipios por población, independientemente de su situación financiera. Esa fue la cesión de Hacienda en el último minuto para conseguir el apoyo de En Comú.

“Nos han castigado sin postre”, ironiza uno de los miembros de la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en conversación con elDiario.es. El organismo celebró este mismo lunes una reunión de su Junta de Portavoces, en la que su presidente, el socialista Abel Caballero, se ha comprometido a contactar con Hacienda para retomar la negociación cuanto antes, esta misma semana si es posible. Si las conversaciones se extienden más allá de 2020, se bloqueará el superávit de 2019 y unos 3.000 millones de euros pasarán a engrosar los otros 15.000 millones que cogen polvo en los bancos sin que se puedan utilizar, tal y como dicta la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP en 2012.

El conflicto con las entidades locales amenaza con enquistarse tras varios meses de desencuentros entre el ministerio de Montero y los alcaldes, que sienten un maltrato por parte del Estado en contraposición con las comunidades. Durante la pandemia se ha aprobado destinar a las comunidades 16.000 millones de euros a fondo perdido. La reclamación de las entidades locales pasa por que les dejen invertir al menos lo que tienen ahorrado en remanentes, dado que la Ley de Estabilidad les impide no solo gastarlo, sino que mantener esos 15.000 millones en los bancos cuesta unos 70 millones en intereses. Y en esa batalla llevan desde principios del verano. La FEMP acabó aprobando la anterior propuesta de Hacienda con el respaldo de los votos del PSOE -en muchos casos a regañadientes-, y gracias al voto de calidad de Abel Caballero y de la abstención in extremis del representante de Unidas Podemos, el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro el Cura (IU). Pero los números no le salieron en el Congreso.

Ahora, la intención del ministerio es poner el contador a cero para aplacar el malestar de las corporaciones municipales, incluidas las que están en manos de los socialistas. Montero ha anunciado que da marcha atrás y que planteará un nuevo decreto que recoja algunas de las cuestiones en las que sí había consenso: anular la regla de gasto para 2020 (la tasa de referencia por encima de la cual no se puede invertir dinero público), prorrogar el uso del superávit de 2019 para las inversiones financieramente sostenibles ya autorizadas o usar el superávit para cancelar deudas, entre otras. La ministra considera que se da cumplimiento a un 85% de las medidas del anterior decreto y que supondrá un impacto de 3.000 millones de euros para las arcas municipales.

Los alcaldes ponen deberes: fondo incondicionado, transporte y remanentes

Sin embargo, la victoria es parcial para los ayuntamientos, según reconocen desde la mayoría de partidos. Los alcaldes han puesto deberes al Gobierno, al que, en primera instancia, exigen reiniciar una negociación. Más allá de las voces que surgieron al inicio del debate en el seno del PSOE, los alcaldes socialistas han optado por no hacer ruido en este asunto, aunque reconocen en privado que “queda lo más importante”. De hecho, el presidente de la FEMP ha reclamado al Gobierno que incluya en esta nueva oferta el fondo para cubrir el agujero que la pandemia ha dejado en el transporte público -entre 270 y 400 millones de euros- que Hacienda ha dejado fuera por ahora. En una reunión con alcaldes celebrada este mismo lunes, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha comprometido a abordar con Montero esa cuestión, que lleva en liza desde que el confinamiento provocara un desplome en los servicios públicos.

Aparte de esa exigencia, Caballero reconoce que es necesario mantener la negociación sobre la distribución del fondo de 5.000 millones, 3.000 de ellos a fondo perdido, así como de la utilización de los remanentes con los que cuentan los gobiernos locales. Esos dos asuntos los deja fuera Montero al no haber contado con el consenso necesario e invita a las formaciones políticas a poner una “alternativa” sobre la mesa.

Exigencias compartidas por alcaldes de todos los colores

La pelea estará precisamente en esas dos cuestiones que todos los grupos con representación en la FEMP exigen negociar. El PP ha celebrado la rectificación de Hacienda, pero asegura que es “insuficiente”. Así, reclama, además de la parte correspondiente al transporte, que se incluya un “fondo incondicionado” de 5.000 millones de euros -similar a lo que se planteó en el decreto inicial pero que no obligue a las corporaciones locales a ceder previamente sus remanentes al Estado-. “No nos conformaremos con miserias”, ha expresado el portavoz conservador en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. En cuanto a la anulación de la regla de gasto, varios regidores del PP, como el madrileño José Luis Martínez-Almeida o el de Estepona, José María García Urbano, han pedido al Ejecutivo que se extienda a 2021 “que será el año en el que más incidencia va a tener la crisis generada por la pandemia de la COVID-19”.

Pero no solo el PP mantiene el pulso al Gobierno, sino que en el frente del municipalismo coinciden alcaldes de muy distinto signo. La regidora de Barcelona, Ada Colau, también ha reivindicado un fondo específico para las corporaciones municipales. Tras semanas de tiras y afloja, Hacienda tuvo que negociar in extremis con los socios del Gobierno para evitar una quiebra en los apoyos de los grupos que sustentan a la coalición. En Comú no aceptaba el texto que salió del Consejo de Ministros y Montero acabó cediendo para que los 5.000 millones no fueran a parar únicamente a los ayuntamientos con ahorros sino que un 60% de esa cuantía -en torno a 3.000 millones- se distribuyera entre el conjunto de las entidades locales de acuerdo a un criterio de población. La alcaldesa de Barcelona considera ahora que esa idea debe formar parte del futuro decreto.

En esa misma línea se pronuncian desde IU, donde ven las rectificaciones de Hacienda “insuficientes”. “Hacienda debe mantener su propuesta de poner al servicio de las corporaciones locales el fondo de ayuda de 5.000 millones de euros y que llegue a todas, tengan remanentes de tesorería o no”, expresa el responsable de Política Municipal, Daniel González Rojas, que reclama igualmente la anulación de la regla de gasto en 2021. La coalición de izquierdas plantea, además, que ha llegado el momento de acabar con la 'ley Montoro' que constriñe la capacidad de gasto de los ayuntamientos.

Esa es la principal “arista” que tiene la negociación, según apunta el representante del grupo en la dirección de la FEMP, Pedro del Cura: cómo se gestiona la fórmula para que los ayuntamientos puedan tener acceso a sus remanentes sin hacer un préstamo al Estado. “Todos los portavoces hemos entendido que hay que retomar el decreto y no hacer sangre sobre lo ocurrido”, explica Del Cura, quien cree que  la clave pasa por cerrar un acuerdo con ellos: “Si en la FEMP hay consenso, en el Congreso se convalida”.

El enfado ha sido transversal en el municipalismo y desde todas las formaciones emplazan a Montero a reiniciar la negociación. “Celebramos que el Gobierno se haya dado cuenta de que negociando se puede llegar a acuerdos”, ha expresado el diputado de Compromís Joan Baldoví, que ha celebrado la anulación de la regla de gasto para este año o el permiso para invertir el superávit de 2019, pero ha pedido un fondo que se distribuya en función de la población independientemente de la situación financiera de los consistorios y que se negocie la fórmula para gastar los remanentes.