La mayoría absoluta lograda por Mariano Rajoy en las elecciones se ha traducido, un año después de llegar al poder, en un auténtico rodillo parlamentario. Los portavoces de los grupos del Congreso acusan al presidente de no dialogar y de gobernar a base de imposiciones y decretos. El nuevo periodo de sesiones parlamentarias que está a punto de iniciarse no parece que vaya a mejorar la actitud del Gobierno.
Ni pacto en Educación ni mucho menos en Sanidad, a lo que se comprometió Rajoy en el discurso de investidura. El presidente no solo ha incumplido su programa electoral sino que no ha practicado el prometido diálogo con los grupos de la oposición cuyos portavoces se quejan del escaso interés que demuestra el Grupo Popular por alcanzar un mínimo consenso en las reformas impulsadas. Prácticamente todos coinciden en que el Gobierno no les mantiene informados sobre las leyes que el Ejecutivo tiene en cartera de las que se enteran “por la prensa” o cuando ya están sobre la mesa del Consejo de Ministros.
El primero en lamentarlo es Alfredo Pérez Rubalcaba que asegura categórico a eldiario.es que por ahora no hay fecha para un nuevo encuentro y que durante estas navidades no ha mantenido ningún contacto con Rajoy. Desde que empezó la legislatura se ha reunido pública y oficialmente en la Moncloa dos veces, aunque de vez en cuando ambos han conversado telefónicamente para hablar sobre la delicada situación económica e intentar aunar posturas en Europa en defensa de los intereses españoles, el único terreno en donde ambos procuran que no chirríen mucho sus relaciones.
El líder del PSOE ha hecho verdaderos equilibrios para demostrar que se puede alternar la dureza al hacer oposición con la “responsabilidad” de Estado, apoyando algunos proyectos del Gobierno al inicio de la legislatura, como la primera reestructuración del sector bancario, o cerrando la renovación de los órganos institucionales.
Pero entre Rubalcaba y Rajoy se han ido enfriando las relaciones. Entre ellos hay mucho menos 'feeling' que el que había entre Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero. Las diferencias han ido acrecentándose ante la presión interna que ha sufrido Rubalcaba, lo que se tradujo en que los dos partidos no llegaran a un acuerdo para reducir el impacto social de los desahucios, asunto que negociaron a contrarreloj la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano.
El decreto termino siendo aprobado con el único apoyo de UPyD cuya portavoz, Rosa Díez, no es precisamente santo de la devoción de Rajoy. Los desplantes que le dedica en las sesiones de control de los miércoles no los olvida.
En el Grupo Socialista, la mejor relación la han establecido Valeriano Gómez, exministro de Trabajo de Zapatero, y el titular de Economía, Luis de Guindos, quien al menos procura tenerles informado de los vaivenes de la economía y de lo que se cuece en Europa.
Uno de los principales desencuentros del PP con los demás grupos, pero especialmente con el PSOE y la Izquierda Plural, ha sido la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso –además de con los habituales votos de UPN, aliado del PP, y Foro Asturias– con el apoyo de CiU. Los nacionalistas catalanes también salvaron a Rajoy de no quedarse solo en otras importantes leyes, como la de Estabilidad Presupuestaria, o las diversas reformas del sistema financiero. Pero las relaciones con CiU, que empezaron muy bien, se torcieron como consecuencia del proyecto independentista emprendido por Artur Mas.
En el Congreso, aunque no se han roto del todo los puentes –Sánchez Llibre mantiene línea directa con Montoro y De Guindos–, no hay ahora buena sintonía con el portavoz de la coalición, Josep Antoni Duran i Lleida, al que Rajoy recibió el primero en su despacho nada más ganar las elecciones. Pero su actitud ante el caso Pallerols (reconocida financiación ilegal de UDC, partido que lidera Duran) ha incomodado mucho al PP. Algunos dirigentes del PP piensan que debería dejar la Presidencia de la Comisión de Exteriores, algo que el dirigente catalán ya ha dejado claro que no tiene pensado hacer.
Con el PNV, otro de los grupos que tradicionalmente han apoyado a los gobiernos de turno, las relaciones no son malas, pero tampoco para 'tirar cohetes'. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban –que acaba de sustituir a Josu Erkoreka– afirma que con el PP hablar, hablan, pero “¿de qué sirve el diálogo si luego no hay frutos?”, se pregunta.
Esteban reprocha a Rajoy que no propicie negociaciones previas a la presentación de leyes mientras desvela que, salvo en el caso del Concierto Económico, asunto en el que Montoro “se ha mostrado receptivo”, son pocos los puntos de encuentro con el Gobierno.
Quien no disimula su malestar por el ninguneo al que está siendo sometida es la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, cuyo grupo ha sido un fiel aliado tanto del Gobierno del PP de Aznar como después del de Zapatero con cuya vicepresidenta económica, Elena Salgado, Oramas hablaba casi a diario. En esta legislatura desvela que “nunca he entrado en el despacho de Alfonso Alonso (portavoz del Grupo Popular). Con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha hablado ”una vez en todo el año“. ”Rajoy, al tener mayoría absoluta, no demuestra ningún interés en tener apoyos. Yo creo que es un error porque las leyes aprobadas con consenso son mejores“, sentencia la canaria.
La mayor distancia con respecto a Rajoy y al Grupo Popular la sufren los portavoces de grupos de la Izquierda Plural. A Cayo Lara, lider de IU, el presidente le recibió un año después de llegar a la Moncloa. Desde entonces no han vuelto a dirigirse la palabra, salvo los saludos protocolarios en los pasillos. Menos puede decir Alfred Bosch, portavoz de ERC, grupo al que se excluyó de esa ronda de contactos, al igual que a los demás partidos del Grupo Mixto. “Nuestra relación con el Gobierno es inexistente. No hemos recibido ni una sola propuesta de diálogo ni conocemos con antelación los temas que van a llegar a la Cámara”, afirma Bosch. Con el presidente del Congreso, Jesús Posada, sí mantiene una buena relación, a pesar de que el PP los vetó para la Comisión de Secretos Oficiales.
En febrero comienza un nuevo periodo de sesiones en el Congreso con temas que pondrán de nuevo a prueba el deseo de consenso del Gobierno. Ahí están la reforma de la Administración Publica y el pacto local, que no van por mal camino. También está pendiente la posibilidad de abordar una serie de reformas constitucionales, asunto más peliagudo por el federalismo defendido por los socialistas.
El último envite de Rubalcaba ha sido la urgencia de cerrar un pacto de todos los partidos contra la corrupción, a lo que el portavoz del PP, Carlos Floriano, ya ha respondido que por ellos “encantados”. Veremos.