Ana Mato reduce el debate por la ley del aborto a la necesidad de autorización de las menores
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha reducido el debate sobre la ley del aborto a la necesidad de que las menores de edad cuenten con autorización paterna para someterse a la interrupción voluntaria del embarazo. Este es uno de los preceptos de la ley vigente que más polémica generó, fundamentalmente entre el electorado del Partido Popular, que manifiesta ahora su oposición al proyecto impulsado por Alberto Ruiz-Gallardón.
La titular de Igualdad ha evitado en el pleno celebrado en el Senado pronunciarse sobre los aspectos más polémicos del proyecto anunciado por el Gobierno, como la eliminación del supuesto de malformación. Así, ha basado su argumentación en la oposición a que las menores puedan abortar sin permiso de sus padres: “Soy partidaria de que las menores de 16 años que se enfrentan a esta situación dramática, lo hagan acompañadas de sus padres”, ha señalado.
Ese precepto fue uno de los más criticados durante la tramitación de la ley vigente, mientras que las encuestas demuestran ahora que la ciudadanía rechaza la actual propuesta y, en concreto, que se elimine la posibilidad de abortar si el feto presenta malformaciones. Según una encuesta publicada en eldiario.es, casi el 70% de los ciudadanos rechaza esa restricción introducida por Alberto Ruiz-Gallardón. Otro estudio sociológico reveló que la mayoría de los votantes del PP está en contra de la reforma, a pesar de que fue un compromiso electoral del partido de Mariano Rajoy.
Ana Mato ha insistido en que es necesario seguir la doctrina del Tribunal Constitucional. No obstante, este organismo no ha llegado a pronunciarse por la ley que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha reprochado a los socialistas que modificaran la ley de 1985 que estaba “asumida por todos los españoles”. Esa normativa era menos restrictiva que la planteada por el Ejecutivo en diciembre.
La ministra ha repetido varias veces que el Gobierno está a la espera del pronunciamiento de 29 órganos y entidades que deben emitir los correspondientes informes para “recoger opiniones”, así como de las comunidades autónomas y, posteriormente, de los grupos cuando se inicie la fase parlamentaria. El malestar en el seno del PP por este proyecto es patente. De hecho, varios dirigentes populares han hablado de “mejorar” el texto conforme vaya sometiéndose al debate parlamentario.
