El PP busca la fórmula para impedir que el Congreso tumbe las leyes del Gobierno
El Gobierno de Mariano Rajoy quiere garantizar su poder para tumbar las leyes que se están empezando a tramitar por el acuerdo de los grupos de la oposición. La presidenta la de la Cámara, Ana Pastor, ha encargado un informe a los letrados de Las Cortes para dirimir la polémica cuestión: ¿qué pasa cuando el Gobierno veta una ley propuesta por el Congreso?, ¿puede el Congreso levantar esos vetos?
La Constitución dice que el Ejecutivo tiene la potestad de vetar todas aquellas leyes que considere que afectan a los Presupuestos. La ordenación de las cuentas públicas es una atribución exclusiva del ejecutivo. Sin embargo, la oposición denuncia que Moncloa quiere convertir ese principio constitucional en un coladero de vetos a todas aquellas políticas que van en el sentido contrario de la línea del Gobierno.
El ejemplo más significativo es el que se refiere a la reforma educativa y la ley que pretende regular el problema de los trabajadores subcontratados. Ambas leyes, aprobadas en contra del criterio del PP, han sido vetadas por Rajoy. La Mesa del Congreso no ha considerado suficientemente justificada la censura gubernamental y ha decidido con sus votos levantar el bloqueo. Esa leyes, gracias a los votos de Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos-En Comú-En Marea, continúan a día de hoy su trámite parlamentario.
El Gobierno quiere evitar que suceda lo mismo con la subida del 1,2% de las pensiones, aprobada contra el criterio del PP, y con otras leyes que puedan poner en evidencia la debilidad que tiene el PP en la cámara cuando Ciudadanos se acerca a las tesis de PSOE y Unidos Podemos-En Comú-En Marea.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha encargado un informe que concluye: “En aquellos casos en los que se ha presentado por algún grupo parlamentario un escrito de oposición al criterio del Gobierno, se podría valorar la posibilidad de que la Mesa acuerde trasladar el mismo al Gobierno requiriéndole para que aporte motivación adicional o complementaria”.
Dicho de otro modo, ya no se podrán levantar los vetos y, como mucho, pedir más información sobre las razones del Gobierno para ponerlos en marcha. Según los letrados del Congreso, “La Mesa no puede sustituir al Gobierno”.
Es el mismo argumento que firma el secretario de Estado para la relación con Las Cortes, José Luis Ayllón: “Ha habido una voluntad de intentar convertir al Parlamento en una cosa que no es: esto no es el Gobierno, es el Parlamento”.
Fuentes del grupo parlamentario socialista aseguran: “El informe que se ha redactado pretender evitar que el Congreso pueda levantar los vetos del Gobierno”. Las mismas fuentes aseguran que “si en la Mesa se mantiene la mayoría de Podemos, Ciudadanos y PSOE, este informe será rechazado”.
En Unidos Podemos-En Comú-En Marea temen que este informe forme parte de lo que califican como “trucos” burocráticos y legales que el Gobierno ha desplegado desde las elecciones del 20 de diciembre. Durante la fallida legislatura que desembocó en la repetición de junio, el Ejecutivo rechazó acudir al Pleno del Congreso a rendir cuentas. La Cámara baja acabó planteando un conflicto ante el Tribunal Constitucional que todavía no ha sido resuelto. Tras los comicios del 26J, el Gobierno alegó precisamente que hasta que el Constitucional no se pronunciara no podía asistir a las sesiones de control mientras estuviera en funciones.
En la presente legislatura los grupos han aprendido. Los diputados están registrando sus iniciativas con una coda añadida, en la que se explicita que las propuestas no afectan a los actuales presupuestos.
El informe del Congreso ha provocado que la calificación de varias proposiciones, previstas para este martes, se haya retrasado 15 días. Esto implica que la decisión se adoptará como mínimo a mediados de diciembre. Y el Gobierno podría intentar aportar nueva información que dilate el proceso y se mezcle con la negociación del techo de gasto y de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
En los 15 días que quedan hasta la próxima reunión de la Mesa, la posición de Ciudadanos va a ser clave. Si los de Albert Rivera se mantienen en su posición de levantar vetos y dejar al PP en minoría, el informe carecerá de valor.
El Gobierno ya ha advertido: si la oposición insiste en ignorar sus vetos, irán al Constitucional a buscar la razón.
