El candidato a la reelección, Mariano Rajoy, se había esforzado durante todo el debate de investidura en anunciar un tiempo nuevo, una legislatura de consensos que exigirían del concurso de todos. Desde la tribuna, en las réplicas a los distintos partidos había prometido generosidad e incluso a la hora de responder al grupo Unidos-Podemos. Tiró de retranca en su duelo con Pablo Iglesias, quien llegó a decir que en el hemiciclo “hay más delincuentes en potencia” que en las manifestaciones de fuera del Congreso que Interior ha blindado con quinientos policías. Rajoy replicó con ironías a la dura intervención del exprofesor de la Universidad Complutense.
Pero por la tarde llegó el turno de Rafael Hernando, uno de los duros del PP, que pese a los anuncios de Rajoy de buscar una legislatura de acuerdos, va a continuar de portavoz. Desde la tribuna, acusó a Iglesias de estar al servicio de dictadores. Esta fue su intervención completa: “El señor Iglesias tiene la infame costumbre de subirse a esta tribuna a descalificar a mi grupo, hoy ha tenido la indecencia de hablar de mi grupo en los términos de tildarnos de delincuentes en potencia. En un país democrático quien dice quién es un delincuente son los jueces y los tribunales, no ustedes…eso, ¿sabe donde ocurre? En las dictaduras, esas que usted tan bien conoce. Usted no está hecho de mejor pasta que muchos corruptos sentados en los tribunales. Ellos quizá usaron las siglas de los partidos para enriquecerse, pero es que usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes extranjeros como el de Venezuela y el de Irán”.
Tras escuchar esa intervención, Pablo Iglesias, reclamó a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, un turno de alusiones, basándose en el Reglamento de la Cámara. El artículo 71 da derecho a conceder tres minutos como máximo a un diputado “cuando, a juicio de la presidencia en el desarrollo de los debates se hicieren alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes, sobre la persona o la conducta de un diputado”. Pastor evitó dar la palabra a Iglesias pero preguntó al portavoz del PP si retiraba sus palabras. Lejos de hacerlo, Hernando insistió: “Señora presidenta, cuatro millones de dólares”. El portavoz del PP aludía así a un supuesto informe policial sin firma ni sello –parte de la guerra sucia que el Ministerio del Interior emprendió estos años contra algunos rivales políticos– y cuyo contenido fue desechado por los tribunales: ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía le concedieron crédito.
Iglesias se quedó sin turno de palabra y los 67 diputados de Unidos Podemos optaron por abandonar el hemiciclo en señal de protesta para no oír la respuesta de Rajoy al portavoz de su grupo. El presidente en funciones evitó referirse al incidente y agradeció a su partido el apoyo “en estos años difíciles”. Justo antes de la votación, los parlamentarios de Podemos regresaron a sus escaños y al finalizar la sesión registraron un escrito a la presidencia de la Cámara.
La actitud de Pastor por la tarde contrastó con la llamada de atención que ella misma había hecho horas antes a Pablo Iglesias cuando este aseguró que hay más delincuentes potenciales dentro del hemiciclo que en las manifestaciones de la calle. Entonces, sí recordó al líder de Podemos que “el Reglamento de la Cámara defiende el derecho al honor de sus miembros”.
No es la primera vez que Ana Pastor, una dirigente muy cercana al presidente del Gobierno, es acusada de hacer un uso partidista de la institución. Tanto Podemos como el PSOE amenazaron con reprobarla si impedía que De Guindos explicase en el Pleno el proceso que llevó al exministro José Manuel Soria a obtener la mejor puntuación para colocarse en el Banco Mundial.
Desde el principio de la legislatura, el resto de partidos la han acusado de poner el calendario del poder legislativo al servicio de los intereses de su amigo íntimo, Mariano Rajoy. Ambos comparten pandilla en el llamado clan de Pontevedra, un nutrido grupo de dirigentes que ha acompañado al presidente del Gobierno durante toda su carrera política.