Áñez recuerda en prisión los cinco años de su llegada a la Presidencia interina de Bolivia

La Paz, 12 nov (EFE).- La exmandataria interina de Bolivia Jeanine Áñez recordó este martes desde prisión los cinco años de su llegada a la Presidencia del país en medio de la crisis social y política de 2019 y se declaró “presa política” del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) que la acusa de haber dado un golpe de Estado ese año.

“A 5 años de mi juramento ante Dios y la Patria como Presidente Constitucional de Bolivia, y a 1.338 días de mi encarcelamiento como trofeo y presa política del régimen del MAS, jamás quebrarán mi espíritu ni mi fe”, escribió la exgobernante en la red social X.

Áñez recordó que el 12 de noviembre de 2019, “con mediación de la Iglesia, dos expresidentes y parlamentarios del MAS y de la oposición”, se acordó “que la vía de pacificación del país luego del fraude, renuncia y huida de Evo Morales y su cúpula, era la sucesión constitucional”.

“Asumí mi deber por amor a Bolivia y con fe en Dios y en el pueblo, víctima de la violencia de grupos armados masistas (del MAS). Asumí mi deber y volvería a hacerlo por la democracia y la libertad”, agregó la política, que antes de la crisis de 2019 era la segunda vicepresidenta del Senado boliviano.

También confió en que “a los culpables del fraude” en las fallidas elecciones de 2019, el posterior “abandono de funciones y caos, les llegará la Justicia”.

“Soy inocente: Amo a mi país, resisto cada día, lucho por la unidad que erradicará al régimen del MAS que nos condena a la división entre bolivianos y al socialismo totalitario y empobrecedor”, añadió.

Jeanine Áñez asumió el mando interino del país dos días después de la renuncia del entonces gobernante Evo Morales (2006-2019) y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.

Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de 2019 que luego fueron anuladas.

Los antecedentes

Áñez era, hasta ese momento, una política con poca relevancia que activó un mecanismo de sucesión, sin el cuórum necesario en el Parlamento, donde la mayoría le pertenecía al MAS, acción que fue respaldada en su momento por el Tribunal Constitucional tras una interpretación a la norma sobre casos de vacío de poder.

La política fue detenida y encarcelada en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como 'golpe de Estado I', iniciado por una exdiputada del MAS y en 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por otro caso, el 'golpe de Estado II', en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.

La Fiscalía y el Gobierno consideran que Áñez se proclamó presidenta vulnerando los reglamentos parlamentarios y que esa responsabilidad debía caer sobre un legislador oficialista, mientras que la defensa de la política defendió que hubo un vacío de poder tras la renuncia de Morales.

El juicio por el caso 'golpe de Estado I' avanzó en las últimas semanas teniendo como principales acusados al gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder ciudadano del departamento andino de Potosí y excandidato a la Vicepresidencia Marco Pumari.

Camacho y Pumari lideraron las protestas poselectorales en 2019, cuando ambos eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.

Áñez fue apartada de ese proceso porque ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en el caso 'golpe de Estado II'.

La opositora siempre reclamó un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.

Además de estos casos, Áñez afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, entre ellos los casos conocidos como 'Sacaba' y 'Senkata', por las muertes de civiles durante la crisis de 2019.

El MAS llega a esta fecha con peleas entre el presidente del país, Luis Arce, y Evo Morales por diferencias en la administración del Estado, el control del partido, aún en manos del exmandatario, y la definición de la candidatura oficialista para 2025.